EE.UU. incauta su séptimo petrolero venezolano en el Caribe
Estados Unidos ha sumado ya siete petroleros apresados en apenas seis semanas en aguas del Caribe. El último, el motor vessel Sagitta, un buque de bandera liberiana gestionado por una compañía de Hong Kong y previamente sancionado por su vínculo con el petróleo ruso, fue abordado y tomado “sin incidentes” por fuerzas del Mando Sur (USSOUTHCOM) con apoyo de Seguridad Nacional, Guardia Costera y el Departamento de Justicia. La operación se inscribe en la “cuarentena” naval decretada por Donald Trump contra los petroleros sancionados que carguen crudo venezolano, una pieza central de la estrategia de la Casa Blanca para controlar de facto el sector energético del país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.
Un séptimo petrolero en la lista negra
El Sagitta fue interceptado en el Caribe cuando, según Washington, operaba en abierta desobediencia a la cuarentena de buques sancionados decretada por Trump el pasado diciembre. El buque, que se había dejado de rastrear hace dos meses en el Báltico, navegaba con el transpondedor intermitente y bajo bandera liberiana, pese a sus antecedentes en el comercio de crudo ruso y venezolano.
El comunicado del Mando Sur subraya que la operación se desarrolló sin resistencia y en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y el Departamento de Justicia. “La aprehensión de otro petrolero que desafía la cuarentena del presidente Trump demuestra nuestra determinación de hacer cumplir las sanciones y garantizar que el petróleo venezolano solo se comercialice de forma legal”, resume el texto difundido en X, en una formulación que consolida el giro hacia una militarización de la política de sanciones.
Con el Sagitta, la lista de buques apresados desde el 10 de diciembre asciende a siete, incluidos el Skipper, el Centuries, el Marinera (antiguo Bella 1), el M Sophia, el Olina y el Veronica, este último capturado hace apenas una semana.
Operación Southern Spear: del embargo a la captura de Maduro
El apresamiento del Sagitta no es un episodio aislado, sino la última fase de Operation Southern Spear, la campaña lanzada por Washington en el Caribe inicialmente bajo el paraguas de la lucha contra el narcotráfico, pero que ha derivado en un bloqueo petrolero de facto.
Desde diciembre, Estados Unidos ha desplegado una de sus mayores concentraciones navales en la región desde la Guerra Fría: portaaviones, destructores, aviación embarcada y unidades de operaciones especiales coordinaron primero la interceptación de buques sancionados y, después, el asalto relámpago sobre Caracas que terminó con la captura de Maduro y su esposa, trasladados a Nueva York para ser procesados.
La narrativa oficial combina retórica antiterrorista, guerra contra las drogas y “liberación” de los recursos venezolanos. Para la Administración Trump, se trata de corregir décadas de “expolio” tras la nacionalización de la industria en 1976 y su reordenación en 2007, devolviendo a empresas estadounidenses y aliadas un papel central en la explotación de la Faja del Orinoco.Pero la consecuencia inmediata es mucho más concreta: quien quiera mover crudo venezolano en el Caribe sabe que puede encontrarse con marines a bordo en cuestión de horas.
La batalla por los barriles: cifras del bloqueo
Detrás del lenguaje de seguridad nacional hay una operación de captura física de barriles. Según el propio Trump, Estados Unidos ya ha asegurado o tiene comprometidos alrededor de 50 millones de barriles de petróleo venezolano, que planea colocar en el mercado bajo el paraguas del llamado Great Energy Deal.
Los siete petroleros apresados hasta ahora suman en torno a 8-9 millones de barriles de capacidad de carga, considerando que varios son VLCC y Aframax con más de 1,5 millones de barriles cada uno.
Es apenas una fracción de un mercado que consume en torno a 100 millones de barriles diarios, pero suficiente para enviar un mensaje demoledor a navieras, comerciantes y aseguradoras: los flujos de crudo sancionado ya no son un juego de astucia burocrática, sino un riesgo físico directo.
En paralelo, la Casa Blanca ha presentado un plan de 100.000 millones de dólares para “modernizar” la infraestructura petrolera de Venezuela, mientras la nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha confirmado la llegada de 300 millones de dólares de un primer paquete de ventas acordadas con Washington.
El diseño es claro: estrangular los canales opacos, absorber los flujos de crudo venezolano y, al mismo tiempo, financiar la reconstrucción del sector bajo tutela estadounidense.
Un ‘shadow fleet’ bajo presión máxima
El Sagitta es el ejemplo perfecto de cómo se ha transformado el comercio de crudo sancionado. El buque, ligado a redes opacas que mezclan intereses rusos, venezolanos e intermediarios asiáticos, había sido ya objeto de sanciones por transportar petróleo por encima del tope de precios impuesto a Moscú tras la invasión de Ucrania.
Esta shadow fleet se caracteriza por reabanderamientos constantes, cambios de nombre, desconexión del AIS, seguros dudosos y operaciones de trasvase barco a barco en mar abierto. La expansión de esta red desde 2022 ha multiplicado el número de buques con cobertura insuficiente o nula, elevando el riesgo de vertidos y accidentes en rutas críticas.
Con Southern Spear, Washington ha decidido golpear el eslabón más vulnerable: el tránsito por el Caribe. Buques como el Veronica —sexto petrolero incautado, con bandera de Guyana y pasado ruso— ilustran hasta qué punto la frontera entre comercio “legal” y evasión de sanciones se ha vuelto difusa.
La consecuencia es clara: las primas de riesgo y los seguros para operar en la zona se disparan, mientras navieras y casas de trading revisan contratos, cláusulas de fuerza mayor y rutas alternativas para evitar verse atrapadas entre Washington, Moscú, Pekín y Teherán.
Impacto inmediato en los mercados de crudo
Paradójicamente, esta ofensiva naval se produce en un contexto de abundancia de oferta. La Agencia Internacional de la Energía calcula que en 2026 el suministro global superará la demanda en casi 3,8 millones de barriles diarios, lo que mantiene la presión a la baja sobre los precios.
Pese a las tensiones en Venezuela, Irán y el mar Negro, el Brent ronda los 64 dólares por barril y el WTI se mueve en torno a los 60 dólares, niveles lejos de los picos recientes y coherentes con un mercado más preocupado por el exceso de inventarios que por la escasez.
Los analistas hablan de un “trifecta geopolítico” que añade volatilidad, pero subrayan que buena parte del crudo que hoy navega pertenece precisamente a cargamentos sancionados de Irán, Rusia y Venezuela, almacenados en flotilla a la espera de destino.
En ese contexto, el bloqueo de Trump tiene un efecto doble: por un lado, reordena quién captura el valor de esos barriles, favoreciendo a traders y compañías occidentales capaces de operar bajo licencias estadounidenses; por otro, introduce un factor adicional de incertidumbre jurídica que puede desincentivar inversión a medio plazo en proyectos pesados y de alto coste como los de la Faja del Orinoco.
Las incógnitas jurídicas de un bloqueo sin mandato
Más allá de la economía, el movimiento de Washington abre un frente delicado en el terreno jurídico. Numerosos expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad tanto del asalto a Caracas como del bloqueo naval, recordando que no existe mandato del Consejo de Seguridad ni se ha alegado una situación de legítima defensa inmediata.
Varios países —de Cuba a China o Rusia— han calificado las incautaciones de buques como “piratería” y “terrorismo marítimo”, mientras que un análisis del Consejo de Seguridad advertía en diciembre del riesgo de deterioro del régimen global de libre navegación si la práctica se consolida como precedente.
Incluso juristas estadounidenses reconocen que la figura de la “cuarentena” —heredera de la crisis de los misiles de Cuba— se mueve en el límite entre la sanción selectiva y el bloqueo prohibido por la Carta de la ONU.
En Europa, la reacción es matizada. Alemania ya advirtió en diciembre contra acciones que “pongan en riesgo la paz y la seguridad regional” tras el anuncio del bloqueo de petroleros sancionados.
El contraste es demoledor: mientras el discurso oficial en Washington presenta la operación como un refuerzo del orden liberal frente a regímenes autoritarios, buena parte de la comunidad jurídica internacional ve en ella una erosión precisamente de las normas que han sostenido ese orden desde 1945.