Trump negocia 50 millones de barriles con la Venezuela intervenida

Rodríguez, hasta hace días vicepresidenta del chavismo, habló de una conversación “larga y cortés” y de una agenda bilateral “en beneficio de ambos pueblos”. Trump fue más explícito: asegura que Washington está ayudando a Venezuela a “estabilizarse y recuperarse” y proclama que el país “será grande y próspero de nuevo, quizá más que nunca”.

Detrás de la retórica, el dato duro es que sobre la mesa ya figura el envío de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano hacia refinerías estadounidenses, valorados entre 2.800 y 4.200 millones de dólares según distintas estimaciones, y una primera venta por 500 millones ya confirmada por la Casa Blanca. La consecuencia es clara: el corazón energético de Venezuela empieza a funcionar bajo la llave de Washington.

Una llamada que consagra el giro en Caracas

La conversación entre Trump y Rodríguez es la primera escenificación pública de la nueva relación entre Washington y Caracas tras el descabezamiento forzado del régimen de Maduro el pasado 3 de enero. Según las versiones coincidentes, la llamada fue “larga, productiva y cortés” y se centró en una agenda bilateral con cuatro ejes: petróleo, minerales estratégicos, comercio y seguridad nacional.

El tono contrasta con las acusaciones de “narco–terrorismo” y fraude electoral que hasta hace días acompañaban cualquier mención oficial de Maduro y de su círculo. Rodríguez —sancionada durante años por Estados Unidos— se presenta ahora como socia pragmática, comprometida con la “estabilidad” y la “recuperación económica” del país, mientras Trump la describe como “una persona fantástica” y asegura que ambos “se llevan muy bien”.

Este hecho revela un mensaje político nítido: para la Casa Blanca, el interlocutor ya no es la oposición tradicional sino la facción del chavismo que ha sobrevivido a la operación militar y se muestra dispuesta a colaborar en la reapertura del sector energético bajo supervisión estadounidense. La legitimidad democrática queda en segundo plano; el nuevo criterio de relevancia es quién controla el aparato estatal y está dispuesto a firmar contratos.

Del bombardeo a la ‘cooperación’: el nuevo relato de Trump

El giro es especialmente llamativo si se pone en contexto. La llamada llega apenas días después de la operación “Absolute Resolve”, un ataque “a gran escala” en territorio venezolano que combinó bombardeos a objetivos ligados al narcotráfico con una incursión de fuerzas especiales para capturar a Maduro y a Cilia Flores, trasladados posteriormente a Nueva York para ser juzgados por delitos de drogas y narco–terrorismo.

Trump ha defendido que no se trata de una guerra, sino de una “operación de aplicación de la ley” contra fugitivos de la justicia estadounidense, apoyándose en el precedente de la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989. Sin embargo, un memorando del propio Departamento de Justicia admite que se consideró “innecesario” determinar si la operación respetaba el Derecho Internacional, priorizando únicamente la autoridad del presidente bajo la Constitución estadounidense.

Lo más grave es que, apenas resuenan las explosiones en Caracas, el relato oficial muta de la “guerra contra el narco–régimen” a la “cooperación para estabilizar y reconstruir Venezuela”. «Estamos haciendo progresos tremendos mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse», proclamó Trump al anunciar la llamada. El contraste con otras intervenciones recientes —desde Libia a Siria— resulta demoledor: nunca antes un cambio de régimen impulsado por Washington había ido acompañado, tan rápido, de una negociación abierta para gestionar directamente los recursos estratégicos del país intervenido.

El botín petrolero: 50 millones de barriles bajo tutela de Washington

El elemento central del acuerdo en ciernes es el petróleo. Según varias crónicas, Rodríguez pidió a Trump que Estados Unidos comprara 50 millones de barriles de crudo venezolano, a lo que el presidente respondió que “sí, podemos hacerlo”, cifrando la operación en 4.200 millones de dólares. Otras fuentes del propio Gobierno hablan de un valor aproximado de 2.800 millones, en función del precio efectivo de venta.

En paralelo, la Administración ha confirmado la primera venta de petróleo venezolano por 500 millones de dólares, cuyos ingresos se mantienen en cuentas bancarias controladas por Washington —incluidas entidades en Catar— a la espera de ser “gestionados en beneficio del pueblo venezolano”. La intención declarada de la Casa Blanca y del secretario de Estado, Marco Rubio, es clara: apoderarse y comercializar hasta 50 millones de barriles como parte de un paquete más amplio de control temporal del sector petrolero.

En términos de volumen, esos 50 millones equivalen aproximadamente a un mes y medio de la producción actual de Venezuela o a cerca del 3% del consumo trimestral de crudo de Estados Unidos. No cambia el mercado global de un día para otro, pero sí garantiza a las refinerías del Golfo de México un flujo de crudo pesado que habían perdido desde las sanciones de 2019. Lo más delicado no es la cifra, sino quién firma los contratos, quién audita los ingresos y qué margen real tendrá el futuro Gobierno venezolano para renegociar lo que hoy se decide bajo la sombra de los helicópteros estadounidenses.

Riesgo de protectorado energético y precedentes históricos

La arquitectura que empieza a perfilarse recuerda inevitablemente a los viejos protectorados del siglo XX: un país formalmente soberano, pero con sus principales decisiones de seguridad y de explotación de recursos subordinadas a la potencia que controla el terreno. Trump ya ha dicho explícitamente que Estados Unidos “dirigirá el país hasta que pueda hacerse una transición segura, adecuada y juiciosa”, fórmula que no tiene equivalente en el Derecho Internacional contemporáneo.

La comparación con Panamá no es casual. Entonces, como ahora, Washington invocó la lucha contra el narcotráfico para capturar a un dirigente acusado en tribunales estadounidenses. La diferencia es que, en el caso venezolano, el componente energético está en el centro del dispositivo: además de la captura de Maduro, se han intensificado las incautaciones de petroleros vinculados a la “flota en la sombra” de crudo sancionado y se prepara la venta masiva de activos petroleros del Estado venezolano bajo supervisión norteamericana.

Expertos en Derecho Internacional han advertido de que la operación no tiene justificación en las normas que prohíben el uso de la fuerza salvo en defensa propia o con mandato del Consejo de Seguridad. El diagnóstico es inequívoco: si este modelo se consolida, la captura militar de líderes extranjeros combinada con la gestión directa de sus recursos estratégicos deja de ser una excepción y se convierte en una herramienta disponible para las grandes potencias. El precedente va mucho más allá de Venezuela.

Impacto en precios, refinerías y competidores de Estados Unidos

Desde el punto de vista económico, la operación abre un nuevo capítulo para el mercado del crudo pesado. Las refinerías estadounidenses del Golfo llevan años adaptándose a la ausencia del petróleo venezolano y al desplome de las exportaciones de México, recurriendo a Canadá, Oriente Medio y, en algunos casos, a la reconfiguración de sus plantas. El regreso forzado del crudo de la Faja del Orinoco, bajo paraguas estadounidense, puede abaratar el spread de los crudos pesados frente al Brent en entre 2 y 5 dólares por barril en los próximos meses, según estimaciones de analistas consultados por la prensa especializada.

Para Venezuela, el impacto es más ambiguo. A corto plazo, la entrada de divisas —aunque estén en cuentas bloqueadas— permite financiar importaciones críticas de alimentos, medicinas y repuestos industriales. A medio plazo, el riesgo es que la reconstrucción de PDVSA se haga con capital y tecnología estadounidenses en condiciones que consoliden una dependencia estructural: contratos a 20 o 30 años, cláusulas de estabilidad fiscal y garantías soberanas difíciles de revertir.

El contraste con otros exportadores es evidente. Mientras Rusia ve cómo se le incautan petroleros vinculados a su red de transporte sancionado y teme un endurecimiento del control sobre su “flota en la sombra”, Arabia Saudí y los socios del Golfo observan cómo Estados Unidos reabre una fuente de suministro en su propio “patio trasero”, con capacidad potencial para elevar la producción venezolana desde cerca de 1 millón de barriles diarios hasta 1,5 millones en la próxima década si se cumplen las proyecciones más optimistas.

La posición de la UE y el contraste con otras crisis

Europa se mueve en una delicada ambigüedad. Por un lado, la Unión ha celebrado durante años la deslegitimación internacional de Maduro y la denuncia de sus fraudes electorales. Por otro, la forma en que se ha producido su caída —un ataque militar sin mandato de la ONU y con captura del jefe de Estado— choca frontalmente con el discurso europeo sobre el respeto al Derecho Internacional.

El Servicio Europeo de Acción Exterior ha emitido un comunicado llamando a la “calma y moderación” de todas las partes y recordando la obligación de respetar la Carta de las Naciones Unidas, pero evitando condenar explícitamente a Estados Unidos. Varios líderes, desde Emmanuel Macron hasta el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, han criticado el “abandono del multilateralismo” por parte de Washington y señalan la operación en Caracas como ejemplo de esa deriva.

El contraste con otras crisis resulta incómodo. En Ucrania, la UE ha hecho del respeto a la soberanía y a las fronteras un principio irrenunciable frente a la invasión rusa. En Gaza, el debate sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza ha ocupado cumbres enteras. En Venezuela, sin embargo, la combinación de hartazgo con Maduro, oportunidades energéticas y presión de Washington empuja a muchos gobiernos europeos a mirar hacia otro lado. El riesgo reputacional es evidente: si Europa acepta de facto un cambio de régimen a golpe de drones y helicópteros cuando el beneficiario es Occidente, su capacidad para defender normas universales queda seriamente erosionada.

Lo que se juega España en la nueva Venezuela

España ocupa una posición particularmente sensible en este nuevo tablero. En el plano económico, empresas como Repsol o el propio tejido de pymes con intereses en Caracas y otras ciudades llevan años atrapados entre sanciones cruzadas, inseguridad jurídica y el colapso de la economía venezolana. La promesa de una “Venezuela próspera de nuevo” abre, sobre el papel, la puerta a recuperar inversiones hundidas desde 2017.

Sin embargo, la forma de esa reapertura importa. Si Estados Unidos centraliza la venta de crudo, controla las cuentas donde se deposita el dinero y define las condiciones de entrada para las grandes petroleras, el margen real para actores europeos —y españoles— puede reducirse a ser socios minoritarios o contractors de segunda fila. La consecuencia es clara: quien fije ahora las reglas del juego energético fijará también las barreras de entrada futuras.

A esto se suma el factor migratorio. Bajo el mandato de Maduro han abandonado el país cerca de ocho millones de venezolanos, una parte significativa de ellos radicados en España. Cualquier recuperación económica que no vaya acompañada de garantías de Estado de derecho y participación política corre el riesgo de ser percibida como una “normalización” del exilio permanente. España se juega, en suma, no solo contratos y oportunidades para sus empresas, sino el futuro de una comunidad que ya forma parte estructural de su tejido social.

Escenarios: transición controlada o conflicto enquistado

El futuro inmediato de Venezuela se mueve entre dos grandes escenarios. El primero es el que vende la Casa Blanca: una transición ordenada, con liberación progresiva de presos políticos —más de 400 excarcelados según el Gobierno interino, aunque ONG locales elevan aún la cifra de encarcelados por encima de 800—, reformas económicas, llegada de inversiones y elecciones supervisadas en un plazo razonable.

El segundo escenario es menos amable: una transición tutelada en la que el poder real quede en manos de una alianza entre militares, viejos cuadros del chavismo y asesores estadounidenses, mientras una parte del país, y de la región, percibe lo ocurrido como una ocupación encubierta. Las protestas ya se multiplican en ciudades de América Latina y en países del Sur global, donde se denuncia que Washington únicamente busca controlar el petróleo venezolano.

En Estados Unidos, la propia operación divide a la opinión pública: sondeo tras sondeo muestran un país partido en dos, con alrededor del 40% de apoyo al uso de la fuerza y un porcentaje similar en contra, con una brecha abismal entre votantes republicanos y demócratas. Si la apuesta de Trump fracasa —si la violencia se recrudece, si la economía venezolana no despega o si la sensación de ocupación se consolida—, el coste político podría ser tan alto como las ambiciones con las que hoy se celebran las primeras ventas de crudo.

Lo único seguro es que, cuando un presidente estadounidense presume en abierto de haber hablado de petróleo, minerales y comercio con la dirigente de un país cuyo mandatario ha sido capturado por sus tropas, las palabras “estabilización” y “recuperación” ya no son neutrales. Son la envoltura amable de una operación de poder que marcará un precedente para las próximas décadas.