Operación Southern Spear

EEUU intensifica su ofensiva marítima: ocho muertos en nuevos ataques contra lanchas del narco en el Pacífico

EPA/MOHAMMED SABER

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó de tres ataques contra embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico oriental, con un saldo de ocho fallecidos a los que Washington vincula con “narco-terrorismo”. La escalada llega en plena campaña de presión contra rutas marítimas y vuelve a abrir el debate sobre el uso de fuerza letal, la transparencia operativa y el alcance de las designaciones de “organizaciones terroristas”.

Una nueva escalada en el Pacífico: tres embarcaciones, ocho muertos

Estados Unidos volvió a elevar el tono de su campaña marítima contra el tráfico de drogas en el Pacífico oriental. El Comando Sur (SOUTHCOM) comunicó que fuerzas estadounidenses ejecutaron ataques contra tres embarcaciones en aguas internacionales, con un balance total de ocho fallecidos a los que las autoridades describen como presuntos “narco-terroristas”. Según la versión oficial, se trató de barcos vinculados a rutas marítimas de narcóticos y asociados a entidades catalogadas por Washington como “Organizaciones Terroristas Designadas”.

El parte difundido por las autoridades desglosa el recuento por incidente: tres muertos en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera. El operativo, indicó SOUTHCOM, fue dirigido “a instancias” del secretario de Guerra Pete Hegseth, en continuidad con una estrategia que la Administración ha intensificado en las últimas semanas para golpear la logística marítima del narcotráfico.

Qué es la Operación Southern Spear y por qué genera tanta fricción

La intervención se enmarca en Operation Southern Spear, la campaña anunciada por Washington como un esfuerzo “contra el narco-terrorismo” con acciones que incluyen vigilancia, interdicción y, cada vez más, uso de fuerza letal contra embarcaciones sospechosas. En actualizaciones públicas previas, el Pentágono ha defendido que la operación responde a objetivos de seguridad nacional y que se apoya en evaluaciones de inteligencia sobre redes marítimas y estructuras de financiación.

Sin embargo, la controversia no es menor. La propia etiqueta de “narco-terrorismo” combina dos marcos de actuación —la lucha antinarcóticos y la antiterrorista— que, en la práctica, pueden ampliar el margen político y legal para operar. Ese cambio de encuadre ha sido criticado por expertos y organizaciones civiles en distintos países, que reclaman mayor claridad sobre criterios de identificación, umbrales de amenaza y mecanismos de rendición de cuentas cuando se recurre a ataques letales en alta mar.

El punto sensible: “aguas internacionales” y la cadena de atribución

Que los ataques se produzcan en aguas internacionales añade un componente diplomático y jurídico especialmente delicado. En este espacio, las operaciones se mueven entre la capacidad de los Estados para actuar contra amenazas transnacionales y la necesidad de respetar principios de derecho internacional, incluidos los de proporcionalidad y distinción si la intervención se justifica como acción de seguridad. La Administración estadounidense sostiene que estas embarcaciones estaban integradas en rutas conocidas y vinculadas a actores designados, pero, como sucede en la mayoría de acciones de este tipo, los detalles operativos suelen permanecer parcialmente clasificados.

La clave, por tanto, está en la cadena de atribución: quién define que una embarcación pertenece a una “organización terrorista designada”, con qué evidencia y bajo qué proceso de verificación previa. En la práctica, estas decisiones se toman con información de inteligencia que rara vez se publica. Y ahí nace el principal punto de fricción: el mundo financiero y diplomático puede aceptar la persecución del narcotráfico, pero exige garantías cuando la respuesta implica letalidad y puede impactar en terceros, rutas comerciales o pescadores en la región.

Un patrón que se consolida: más presión, más impacto mediático

La operación no ocurre en el vacío. En 2025, medios internacionales han ido recopilando el rastro de ataques y acciones reconocidas por Washington contra barcos sospechosos, describiendo un incremento de la actividad y del coste humano asociado. En ese contexto, el anuncio de ocho muertos en un solo día refuerza la sensación de que la campaña está entrando en una fase de mayor agresividad, con el objetivo de enviar un mensaje disuasorio tanto a redes criminales como a intermediarios logísticos.

También es relevante el componente doméstico: estas operaciones se comunican con un lenguaje diseñado para mostrar control y determinación. Al presentar a los fallecidos como “narco-terroristas” y subrayar que los barcos seguían “rutas establecidas”, el mensaje apunta a que no se trata de incidentes aislados, sino de una ofensiva metódica contra una cadena de suministro criminal.

Riesgos y próximos pasos: eficacia operativa frente a coste político

Desde el punto de vista operativo, el golpe a embarcaciones podría afectar tramos concretos de la logística del tráfico de drogas, forzando a las redes a fragmentar cargamentos, variar rutas o elevar costes. Pero el éxito sostenido suele depender menos del impacto inmediato y más de la capacidad de interrumpir finanzas, corromper menos puertos y coordinarse con gobiernos regionales. La pregunta estratégica es si la campaña se apoya en acuerdos sólidos con países costeros o si prioriza la unilateralidad, un enfoque que podría tensionar relaciones y alimentar narrativas de intervención.

En paralelo, se espera que aumenten las solicitudes de información sobre el marco legal exacto usado para estos ataques, el grado de amenaza considerado “inminente” y el estándar de verificación aplicado antes de disparar. A medida que la Operación Southern Spear gana visibilidad, también crece la presión para que Washington aporte más transparencia sin comprometer fuentes de inteligencia.

Por ahora, la fotografía es clara: Estados Unidos ha decidido escalar su campaña marítima contra el narcotráfico en el Pacífico oriental con un saldo reconocido de ocho muertos en tres embarcaciones. Lo que queda por ver es si esta doctrina logra resultados sostenibles —y políticamente defendibles— o si, por el contrario, abre un nuevo frente de fricción internacional en torno a la definición de amenaza y el uso de fuerza letal en alta mar.