Estados Unidos exhibe músculo naval al abordar otro petrolero en el Índico
Las fuerzas de Estados Unidos han vuelto a demostrar hasta dónde están dispuestas a llegar para hacer cumplir el bloqueo petrolero contra Venezuela. El Pentágono confirmó este domingo el abordaje nocturno del petrolero sancionado Veronica III en aguas del Océano Índico, tras seguirlo desde el mar Caribe durante miles de millas náuticas. El buque, capaz de transportar cerca de 2 millones de barriles de crudo, se habría desviado del bloqueo ordenado por el presidente Donald Trump en diciembre, según el propio Departamento de Defensa. La operación, ejecutada sin disparos pero con un mensaje político inequívoco, refuerza una estrategia que ya ha permitido interceptar al menos ocho petroleros vinculados a la economía venezolana en menos de tres meses.
Un nuevo abordaje en alta mar
Según el comunicado difundido por el Pentágono, el Veronica III fue “interdictado y abordado” en el área de responsabilidad del Mando Indo-Pacífico, en lo que se describe como una operación de “derecho de visita, interdicción marítima y registro” en alta mar. El buque había zarpado de aguas venezolanas el 3 de enero con alrededor de 1,9–2 millones de barriles de crudo y fueloil, rumbo a Asia, cuando fue incluido en el radar de la campaña estadounidense contra la llamada shadow fleet, la flota opaca que sostiene las exportaciones de países sancionados como Venezuela, Rusia o Irán.
El barco, construido en 2006, mide unos 330 metros de eslora y 60 de manga, con una capacidad cercana a los 300.000 toneladas de peso muerto (DWT), lo que lo sitúa en la categoría de grandes VLCC, las auténticas “supercisternas” del comercio global de crudo. Su captura, al igual que la del Aquila II hace apenas una semana en la misma región, persigue enviar un mensaje claro a navieras, intermediarios y aseguradoras: ningún cambio de bandera, ruta o sistema de rastreo bastará para escapar al bloqueo.
La frase elegida por el Departamento de Defensa resume la lógica de poder que hay detrás: “Seguimos al buque desde el Caribe hasta el océano Índico, cerramos la distancia y lo apagamos. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia o la voluntad para hacer esto”. Más allá de la retórica, el mensaje se dirige tanto a los operadores de la flota sombra como a los gobiernos que se benefician de ella.
Del Caribe al Índico: la guerra a la ‘shadow fleet’
El abordaje del Veronica III no es un episodio aislado, sino una nueva fase de la operación de bloqueo petrolero lanzada en diciembre de 2025 como parte de la estrategia de Washington para controlar el flujo de crudo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.
Desde entonces, la Casa Blanca ha proclamado una suerte de “doctrina Monroe energética”: el mensaje es que los petroleros sancionados que entren o salgan de puertos venezolanos podrán ser interceptados en cualquier punto del globo. El Caribe se convirtió primero en el epicentro de esta campaña, con la captura de varios buques –entre ellos otro petrolero llamado Veronica y el Sagitta– a los que se acusó de desafiar la “cuarentena de buques sancionados”.
Lo novedoso ahora es el desplazamiento del foco al Océano Índico, a miles de kilómetros del bloqueo original. El Pentágono presume de haber seguido la ruta del Veronica III desde su salida del Caribe, demostrando una capacidad de vigilancia global apoyada en satélites, inteligencia comercial de tráfico marítimo y cooperación con aliados. La consecuencia es clara: los márgenes de maniobra de la flota sombra se estrechan. Cambiar de océano ya no garantiza impunidad.
Para los operadores que han venido lucrándose con primas de riesgo elevadas por mover crudo sancionado, el cálculo de costes y beneficios empieza a cambiar.
El bloqueo petrolero de Trump: objetivos y costes
El abordaje del Veronica III se inscribe en una estrategia más amplia, ligada a la intervención estadounidense en Venezuela y a la captura de Maduro a comienzos de año. La administración Trump ha defendido abiertamente que el control del crudo venezolano forma parte de un “triple objetivo”: asfixiar al antiguo régimen, cortar rutas de narcotráfico y garantizar acceso preferente al petróleo del país caribeño.
Venezuela alberga alrededor del 17% de las reservas probadas de petróleo del mundo, unos 300.000 millones de barriles, lo que explica que su matriz energética se haya convertido en un tablero geopolítico de primer orden. Desde el inicio del bloqueo, las exportaciones oficiales de crudo venezolano se habrían reducido aproximadamente a la mitad, hasta situarse en torno a 400.000 barriles diarios en enero, según estimaciones de mercado citadas por medios estadounidenses.
Sin embargo, la otra cara del embargo ha sido el auge de la flota oscura de petroleros que operan con transpondedores desconectados, cambios constantes de nombre y bandera y operaciones de trasvase de crudo en alta mar. El propio Veronica III figura en listas de sanciones por haber transportado petróleo iraní y venezolano, operando bajo distintas identidades desde 2023.
El diagnóstico es inequívoco: cuanto más dura y prolongada es la presión sancionadora, más incentivos surgen para construir circuitos paralelos opacos, con mayor riesgo medioambiental y financiero.
Una flota opaca de cientos de petroleros
Las autoridades estadounidenses estiman que la shadow fleet global supera ya los 300 petroleros, muchos de ellos envejecidos, con seguros de dudosa cobertura y registros en jurisdicciones con escasos estándares de supervisión. No todos están vinculados a Venezuela, pero una parte creciente sí lo está, tras años de sanciones acumuladas a Pdvsa y a intermediarios.
El Veronica III, registrado bajo bandera panameña, ilustra bien este patrón: buque veterano, con historial de participación en rutas sancionadas y gestionado por sociedades con vínculos en Asia que han ido encadenando cambios de propiedad y nombre para esquivar listas negras.
En paralelo, han proliferado prácticas como los trasvases buque a buque en aguas internacionales, a menudo de noche y con sistemas AIS apagados, así como el empleo de navieras pequeñas dispuestas a asumir riesgos legales a cambio de fletes que pueden superar en un 30% o 40% los del mercado regulado. En este ecosistema, cada nueva interdicción –como la del Veronica III– introduce un factor de incertidumbre: sube el coste del silencio, aumenta la presión sobre aseguradoras y crece el temor a quedar atrapado entre sanciones estadounidenses y demandas de cargadores estatales en Caracas, Teherán o Moscú.
Lo más grave, desde el punto de vista de seguridad marítima, es que una parte relevante de esta flota opera al margen de los estándares de mantenimiento que se exigen a las grandes compañías occidentales. Un accidente grave en un punto sensible del tráfico marítimo sería el peor escenario posible.
Impacto en los mercados del crudo y en los fletes
En los mercados de materias primas, cada anuncio de captura de un petrolero sancionado actúa como un recordatorio de que una parte del comercio global de crudo se ha desplazado a una zona gris. Tras las primeras noticias del abordaje del Veronica III, las mesas de trading revisaron al alza los escenarios de riesgo para los suministros procedentes de Venezuela e Irán, dos proveedores clave para refinerías de Asia.
Aunque la producción venezolana sigue muy por debajo de los niveles previos a las sanciones, el país continúa aportando varios cientos de miles de barriles diarios a un mercado ya tensionado por los recortes de la OPEP+ y la volatilidad geopolítica en Oriente Medio. Una interrupción prolongada de estos flujos podría añadir hasta 2–3 dólares por barril a la cotización del Brent en los próximos meses, según estimaciones internas de varias casas de análisis.
En paralelo, los fletes de grandes petroleros (VLCC) que cubren rutas hacia Asia podrían encarecerse otro 10–15%, tanto por el encarecimiento del seguro como por la prima de riesgo asociada a navegar cerca de zonas donde Estados Unidos está dispuesto a practicar abordajes en alta mar. Las navieras que operan exclusivamente en el circuito regulado pueden beneficiarse en el corto plazo, al ver cómo la oferta efectiva de tonelaje se reduce, pero también se ven arrastradas por un entorno de precios más volátil y litigioso.
Este hecho revela hasta qué punto la guerra de sanciones se ha convertido en un factor estructural de los mercados energéticos, más allá del corto plazo político.
Fronteras legales difusas en aguas internacionales
El Pentágono subraya que sus abordajes se realizan bajo el paraguas de un “derecho de visita” amparado en normas de lucha contra el contrabando, el crimen organizado y las violaciones masivas de sanciones internacionales. Sin embargo, diversos juristas especializados en derecho del mar advierten de que el uso expansivo de esa figura puede tensionar los límites de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (Unclos), que protege la libertad de navegación en aguas internacionales.
Los precedentes no son nuevos: desde la captura por parte de Irán de varios petroleros en el golfo de Omán hasta el abordaje de buques libios y norcoreanos, distintos actores han utilizado el argumento de las sanciones o de la seguridad nacional para justificar operaciones de alto riesgo jurídico. La diferencia ahora es la frecuencia y la escala de la campaña: en cuestión de semanas, Estados Unidos ha multiplicado las interdicciones vinculadas a Venezuela y ha desplazado el conflicto del Caribe al Índico, con implicaciones directas para rutas clave entre el golfo Pérsico, África y Asia.
El contraste con otras regiones resulta demoledor: mientras en Europa se opta por mecanismos de tope de precios y controles administrativos sobre el transporte y el seguro, Washington se reserva la opción de emplear la fuerza en alta mar. Ello abre la puerta a disputas diplomáticas y litigios de alto perfil en tribunales internacionales si algún país considera que se ha violado su soberanía de pabellón.
Europa, China y el riesgo de choque entre potencias
Aunque el objetivo principal de la campaña son los buques ligados a Venezuela, el efecto dominó afecta de lleno a otros actores. China, principal destino de buena parte del crudo sancionado, observa con preocupación cómo un socio comercial clave ve mermada su capacidad de exportación y cómo buques vinculados a compañías de gestión chinas entran en el punto de mira del Tesoro estadounidense.
En Bruselas, el tono es más ambiguo: por un lado, la UE comparte el interés en limitar la financiación de regímenes sancionados; por otro, teme que una escalada de abordajes en alta mar termine afectando a buques con participación europea o a aseguradoras del Viejo Continente. Algunos diplomáticos admiten en privado que una interdicción sobre un petrolero con bandera de un Estado miembro abriría un conflicto político de primer orden con Washington.
El riesgo más evidente es el de un incidente con un buque escoltado –formal o informalmente– por potencias como China o Rusia. Si un abordaje se produce en un contexto de tensiones ya elevadas en el mar de China Meridional o cerca de rutas empleadas por la Armada rusa, el margen para un mal cálculo se amplía. El precedente de otras crisis navales en el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz muestra hasta qué punto un único incidente mal gestionado puede disparar las primas de riesgo y alterar el suministro global.
La política de “no santuario en aguas internacionales” que proclama el Pentágono no solo interpela a contrabandistas; también obliga a las grandes potencias a redefinir sus líneas rojas marítimas.