EEUU captura en el Índico un petrolero del ‘shadow fleet’ ruso
La madrugada de este lunes, fuerzas de Estados Unidos abordaron el petrolero Aquila II en pleno océano Índico tras seguirle la pista durante miles de millas desde el Caribe. El buque, con bandera de Panamá y supuestos vínculos con la flota en la sombra rusa, es uno de los 16 petroleros que habrían roto a principios de enero el cerco a los terminales venezolanos, desafiando el nuevo “cordón sanitario” impuesto por Washington a los cargamentos sancionados. La operación, confirmada por el Departamento de Defensa en un comunicado publicado en X, se presenta como un ejercicio de “derecho de visita” y “interdicción marítima” en el área de responsabilidad del Mando Indo-Pacífico. Pero su alcance va mucho más allá: es la primera vez que el bloqueo petrolero diseñado para el Caribe se proyecta hasta el Índico, un salto geopolítico con implicaciones directas para navieras, aseguradoras y mercados energéticos.
Una persecución de 16 barcos y 10.000 millas
Según la versión del Pentágono, el Aquila II forma parte de un grupo de 16 petroleros que el pasado 3 de enero iniciaron un “breakout” coordinado desde terminales venezolanos, aprovechando ventanas climáticas y huecos en la vigilancia para intentar abandonar el Caribe antes de que se consolidara el bloqueo.
Desde entonces, los servicios de inteligencia y los sistemas de seguimiento AIS habrían monitorizado cada maniobra del buque, que habría apagado transpondedores en varios tramos y modificado su ruta declarada hacia diferentes puertos asiáticos. El Departamento de Defensa enmarca el abordaje en un “derecho de visita” amparado por sospechas de violación de sanciones y posibles irregularidades de pabellón.
Lo relevante no es solo la captura, sino la duración y extensión de la persecución: más de 10.000 millas náuticas desde el arco venezolano hasta la mitad del Índico, atravesando varias zonas económicas exclusivas y corredores clave para el comercio energético. Ninguna potencia había llevado tan lejos, en tiempo y distancia, la aplicación de sanciones petroleras fuera de su área inmediata de influencia.
Este hecho revela un cambio de escala en la política de interdicción marítima de Washington: la “cuarentena” ya no es un perímetro geográfico —el Caribe—, sino una condición que acompaña al buque sancionado allá donde navegue. Para las navieras que operan en el llamado shadow fleet, el mensaje es demoledor: la simple salida del Caribe no garantiza escapar del radar estadounidense.
El bloqueo petrolero que reconfigura el Caribe
El abordaje del Aquila II no es un episodio aislado, sino la continuación de un patrón que se consolidó tras el lanzamiento del bloqueo a los petroleros sancionados que operan con crudo venezolano, enmarcado en la operación conocida como Southern Spear. Desde diciembre de 2025, Estados Unidos ha interceptado al menos siete buques vinculados a Caracas y a redes de transporte opacas, algunos en cooperación con otros aliados occidentales.
Los primeros abordajes —como los del Skipper, el M Sophia o el Sagitta— se produjeron en aguas caribeñas o en el Atlántico Norte, con el argumento de que los buques actuaban como “flota oscura” al apagar transpondedores, falsificar banderas o utilizar estructuras societarias complejas para ocultar el origen del crudo. En la práctica, Washington ha convertido parte del Caribe en un espacio de control reforzado, donde cualquier petrolero asociado a PDVSA o a compañías sancionadas enfrenta un riesgo real de interdicción.
La consecuencia inmediata ha sido una caída brusca de las exportaciones venezolanas por rutas convencionales y el recurso creciente a almacenamiento flotante y a rutas alternativas de mayor coste y riesgo. Varios buques han dado media vuelta o han quedado fondeados durante semanas ante el temor a ser abordados. Para un país que depende del petróleo para más del 90% de sus ingresos por exportación, el golpe económico es mayúsculo.
When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.
— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026
Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9
La delgada línea del derecho del mar
Oficialmente, el Pentágono se ampara en el llamado “derecho de visita”, una figura del derecho internacional del mar que permite a un buque de guerra abordar a un mercante extranjero en alta mar si existen indicios de actividades ilícitas concretas: piratería, trata de esclavos, emisiones no autorizadas o ausencia de nacionalidad clara. La novedad es su aplicación sistemática a buques de bandera reconocida, pero asociados a sanciones unilaterales de Washington.
En casos previos, Estados Unidos ha solicitado —y obtenido— el consentimiento del Estado de bandera, especialmente Panamá o Guyana, cuando ha detectado irregularidades en el uso del pabellón o apagones deliberados de transpondedores. Pero a medida que la presión aumenta y los buques cambian de jurisdicción a gran velocidad, la línea entre el cumplimiento estricto del derecho del mar y una interpretación expansiva empieza a difuminarse.
Varios países —incluidos algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad— han descrito estos abordajes como “piratería moderna” o “acto de terrorismo marítimo” en el caso de buques vinculados a Venezuela, Irán o Rusia. Otros, sin embargo, han respaldado la necesidad de frenar el comercio de crudo sancionado, especialmente cuando financia regímenes bajo medidas de la ONU o acusados de graves violaciones de derechos humanos.
El diagnóstico es inequívoco: cuanto más se prolongue el bloqueo petrolero y más lejos se proyecte —del Caribe al Atlántico Norte y ahora al Índico—, mayor será el riesgo de incidentes diplomáticos y legales de alto voltaje, con tripulaciones atrapadas en medio de una batalla jurídica y geopolítica para la que el derecho del mar fue parcialmente diseñado… pero no a esta escala.
El peso de la sombra rusa en la ruta del crudo
El Aquila II operaba bajo bandera panameña, pero las autoridades estadounidenses lo vinculan a la “shadow fleet” rusa, la red de petroleros que Moscú y sus socios emplean para sortear las sanciones occidentales al crudo ruso desde 2022. Esa misma red se ha entrelazado con el entramado que mueve petróleo venezolano e iraní, creando una maraña de intereses opacos difícil de rastrear incluso para los reguladores más agresivos.
La sospecha de Washington es clara: parte de los cargamentos que salen de terminales venezolanos acaban mezclados, reetiquetados o desviados hacia refinerías asiáticas como si se tratara de crudo de origen distinto, aprovechando cambios de bandera, empresas pantalla y operaciones de transferencia barco a barco en mar abierto. En algunos casos documentados, los buques han llegado a falsificar su posición AIS durante semanas, simulando estar en otros océanos mientras cargaban o descargaban.
Para Rusia, esta flota es un salvavidas económico que le permite mantener parte de sus exportaciones fuera del radar occidental. Para Venezuela, es una vía —carísima— de colocar en el mercado barriles que de otro modo quedarían atrapados. Sin embargo, la captura del Aquila II en el Índico demuestra que esta red está lejos de ser invisible: si Estados Unidos decide priorizar un objetivo, dispone de los medios técnicos, militares y de inteligencia para seguirlo durante semanas.
El contraste con otras regiones resulta demoledor: mientras Europa ha optado por un enfoque regulatorio y de seguros, limitando la cobertura a buques que respeten el tope de precios, Washington ha cruzado la línea hacia la interdicción física y el uso sistemático de fuerzas especiales.
Golpe directo al negocio petrolero venezolano
Detrás de cada abordaje hay una realidad incómoda para Caracas: cada VLCC que no llega a destino puede suponer entre 1,5 y 1,8 millones de barriles de crudo bloqueados, un volumen que, a precios actuales, representa cientos de millones de dólares. En un contexto en el que PDVSA ya enfrentaba dificultades operativas y reputacionales, el bloqueo añade una capa adicional de asfixia financiera.
Desde la puesta en marcha de la cuarentena petrolera, varias agencias han detectado cierres temporales de pozos en la Faja del Orinoco, uso intensivo de almacenamiento flotante y descuentos adicionales sobre el barril venezolano para compensar el riesgo de captura. En la práctica, el petróleo de Venezuela se ha convertido en un crudo “con prima de riesgo” que solo ciertos compradores —normalmente en Asia— están dispuestos a asumir, a cambio de rebajas que pueden superar los 10 dólares por barril respecto a referencias como el Brent.
La captura del Aquila II refuerza esa dinámica: cuanto más visibles sean los riesgos de interdicción, mayor será el poder de negociación de los compradores y menor el ingreso efectivo para Caracas. El Gobierno venezolano habla de “piratería” y de ataque directo a su soberanía económica, pero los hechos sobre el terreno son tozudos: sin acceso estable a rutas marítimas seguras, cualquier intento de reflotar la industria petrolera queda severamente limitado.
Navieras, aseguradoras y puertos: un riesgo que se dispara
Si algo inquieta hoy a los gestores de riesgo del sector marítimo no es solo la pérdida potencial de un cargamento, sino el efecto cascada que la captura de un buque puede desencadenar. Cada abordaje implica costes legales, posibles confiscaciones, inmovilización prolongada del barco y, a menudo, daños reputacionales para armadores y operadores logísticos.
Los grandes clubes de P&I y las aseguradoras de casco ya estaban endureciendo condiciones y primas para buques que operan en rutas venezolanas; con la extensión del bloqueo hasta el Índico, el perímetro de riesgo se amplía de forma notable. No se trata solo del Caribe: cualquier escala intermedia, cualquier paso por corredores críticos como el estrecho de Malaca o el golfo de Adén, puede convertirse en escenario de interdicción si el buque figura en listas sancionadas o presenta patrones sospechosos.
Para las navieras europeas —incluidas las que operan desde España—, el mensaje es claro: participar, aunque sea de forma indirecta, en el transporte de crudo venezolano o ruso sancionado puede desencadenar un choque frontal con las autoridades estadounidenses, con impacto en flotas que también sirven rutas completamente legales. El negocio de “alquilar el casco” a intermediarios de dudosa reputación se ha convertido en una apuesta de alto riesgo regulatorio.
