Fico corta la luz de emergencia a Ucrania por el Druzhba
El Gobierno de Robert Fico ha cruzado una línea simbólica pero cargada de consecuencias políticas: Eslovaquia ha decidido rescindir su acuerdo de suministro eléctrico de emergencia a Ucrania y ha ordenado a su operador de red, SEPS, suspender el contrato con el gestor ucraniano Ukrenergo. La electricidad comercial seguirá fluyendo con normalidad, pero la capacidad de Bratislava para enviar apoyo inmediato en caso de apagones masivos queda congelada. La medida llega después de que el primer ministro amenazara públicamente con “cerrar el grifo” si Kiev no reanudaba cuanto antes el tránsito de crudo ruso por el oleoducto Druzhba, que Ucrania asegura que está parado desde finales de enero tras un ataque con drones rusos.
El impacto técnico sobre la red ucraniana será limitado, según reconoce el propio Ukrenergo, pero el mensaje político es inequívoco: energía humanitaria a cambio de petróleo ruso. La consecuencia es clara: el conflicto añade una nueva grieta en la ya delicada arquitectura de solidaridad energética europea en plena guerra.
Más allá del titular, la decisión tiene una letra pequeña relevante. El director general de SEPS, Martin Magath, ha confirmado que el Gobierno ha aprobado terminar el acuerdo específico de “suministro de emergencia” con Ukrenergo, mientras que los intercambios comerciales ordinarios seguirán sujetos a las reglas del mercado y a los límites de capacidad de la red. En términos prácticos, Eslovaquia no “desenchufa” a Ucrania del sistema europeo, pero se reserva el derecho a no acudir en su ayuda cuando el sistema ucraniano vuelva a estar contra las cuerdas por bombardeos rusos.
Desde Kiev, la respuesta ha sido calculadamente fría. Ukrenergo subraya que las solicitudes de ayuda de emergencia a Eslovaquia se hicieron “hace más de un mes” y que los volúmenes eran “muy limitados”, por lo que la interrupción “no tendrá consecuencias para el funcionamiento del sistema energético unificado de Ucrania”. Es decir, el corte afecta más al plano político que al técnico.
Lo que cambia es la lógica de fondo: un mecanismo concebido como salvavidas solidario se convierte en palanca de presión bilateral. En un momento en que Ucrania sigue bajo ataques a sus infraestructuras eléctricas y depende en torno a un 10-15% de las importaciones desde la UE para estabilizar su red en los picos de consumo, la señal que envía Bratislava va mucho más allá de los megavatios.
El chantaje del Druzhba: petróleo a cambio de kilovatios
El núcleo del conflicto está a cientos de kilómetros de las líneas de alta tensión: el oleoducto Druzhba, arteria por la que llega casi todo el crudo ruso que alimenta la única refinería eslovaca, Slovnaft. Un ataque ruso con drones el 27 de enero dañó la infraestructura en territorio ucraniano y cortó totalmente el flujo hacia Eslovaquia y Hungría, según ha documentado la Comisión Europea y fuentes ucranianas.
Kiev habla claramente de force majeure y de imposibilidad técnica de bombear crudo mientras persistan los ataques. Bratislava y Budapest, en cambio, acusan a Ucrania de utilizar las reparaciones como arma política y de retrasar deliberadamente la reanudación del tránsito. Fico ha ido un paso más allá: ha declarado el estado de emergencia en el sector petrolero, ha liberado hasta 250.000 toneladas de crudo de las reservas estratégicas para mantener operativa Slovnaft y ha cifrado el coste de la interrupción en “500 millones de euros anuales” para la economía eslovaca.
En ese contexto, el mensaje del primer ministro ha sido explícito: si Ucrania no restablece el flujo de petróleo, Eslovaquia dejará de enviarle electricidad de emergencia. No se trata de un trueque simétrico –el valor económico de ambos flujos no es comparable–, sino de un intercambio político de vulnerabilidades: seguridad energética interna a cambio de relajar la presión sobre un país invadido.
Un eslabón díscolo en la cadena energética europea
La jugada de Fico no se entiende sin la estructura de dependencia que Eslovaquia ha mantenido respecto al crudo ruso. Pese al embargo europeo, Bratislava y Budapest disfrutan de una exención que les permite seguir recibiendo petróleo por el ramal sur del Druzhba. En 2024, alrededor del 87% del crudo importado por Eslovaquia seguía siendo ruso, un porcentaje prácticamente idéntico al de Hungría.
Bruselas lleva meses presionando para que ambos países aceleren su diversificación, aprovechando rutas alternativas como el oleoducto Adria (vía Croacia) o suministros por mar hacia refinerías adaptadas a otros tipos de crudo. Los estudios técnicos apuntan a que las alternativas existen, pero que falta voluntad política para asumir los costes de transición. Fico, que ya ha calificado de “absolutamente inaceptable” el calendario de la Comisión para cortar el gas ruso en 2027, vuelve a alinearse con una estrategia de resistencia frente a los objetivos de independencia energética de la UE.
Lo más grave, desde la óptica europea, es el precedente: un Estado miembro utiliza su posición de puente energético para imponer condiciones unilaterales a un país candidato y en guerra, condicionando incluso su apoyo político a la adhesión de Ucrania a la UE. Hungría ha amenazado con bloquear un préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev por la misma disputa, configurando un eje Budapest–Bratislava que tensiona el consenso comunitario sobre cómo financiar y sostener la defensa ucraniana.
Impacto real en la red ucraniana: más ruido que riesgo inmediato
Sobre el terreno eléctrico, la foto es menos dramática de lo que sugiere la retórica. Ucrania ha acelerado la sincronización de su sistema con el de la Europa continental desde 2022 y hoy importa energía de más de media docena de países vecinos, con Polonia, Rumanía y Hungría entre los socios clave. En ese mosaico, Eslovaquia aporta principalmente capacidad de apoyo de emergencia para estabilizar la frecuencia del sistema y facilitar rearranques tras ataques masivos.
Ukrenergo insiste en que los volúmenes recibidos de Eslovaquia eran “episódicos y muy modestos” y que la red cuenta con márgenes suficientes para compensar la pérdida mediante otros intercambios regionales. Sin embargo, el operador admite que cada recurso de flexibilidad cuenta cuando Rusia intensifica los bombardeos contra subestaciones y centrales térmicas, como ya ocurrió en los inviernos de 2022 y 2023.
La consecuencia es sutil pero importante: el corte no coloca a Ucrania al borde del colapso eléctrico, pero reduce su colchón de seguridad para gestionar apagones masivos y limitar los daños a la industria y a los hogares. Y, sobre todo, envía una señal preocupante al resto de socios de la región: los instrumentos técnicos de solidaridad pueden convertirse en moneda de cambio política si los gobiernos así lo deciden.
Bruselas entre la disciplina energética y la fractura política
La Comisión Europea se mueve en un equilibrio delicado. Por un lado, ha avalado el relato técnico ucraniano: el parón del Druzhba se debe a daños graves tras un ataque ruso y las reparaciones se complican por la inseguridad en la zona. Por otro, ve con inquietud cómo dos Estados miembros utilizan su dependencia del crudo ruso como palanca para condicionar la ayuda a Kiev y las grandes decisiones financieras de la Unión.
Bruselas insiste en que la política comercial y energética con terceros –incluida Ucrania– es competencia comunitaria, no nacional, y que los acuerdos de asociación obligan a evitar medidas unilaterales que perjudiquen a un socio en guerra. Pero el margen de maniobra se reduce cuando las herramientas empleadas no son aranceles ni sanciones, sino decisiones sobre el uso de infraestructuras bajo control soberano.
El contraste con la narrativa oficial sobre Ucrania resulta demoledor. Mientras la Comisión defiende un esfuerzo conjunto para reconstruir la red eléctrica ucraniana y financiar su reorientación hacia fuentes menos vulnerables, algunos gobiernos aprovechan precisamente esa vulnerabilidad para negociar rebajas en sus propias facturas energéticas. La batalla ya no es solo militar o financiera; es también sobre quién define las reglas del juego energético europeo en tiempo de guerra.
Lo que se juega España en esta nueva guerra de oleoductos
A primera vista, el pulso entre Bratislava y Kiev parece lejano a los intereses españoles. España no importa crudo por el Druzhba ni depende de los oleoductos que cruzan Ucrania. Sin embargo, el episodio encaja en un patrón que sí afecta de lleno a la economía española: la fragmentación de la política energética europea en pleno esfuerzo de reindustrialización y descarbonización.
Si Hungría y Eslovaquia prolongan su dependencia del petróleo ruso gracias a exenciones recurrentes, la competencia entre refinerías y productos petrolíferos en el mercado comunitario seguirá distorsionada. Al mismo tiempo, la resistencia de estos países a cortar lazos con Moscú complica la construcción de un frente unido que permita reducir la volatilidad de precios y planificar inversiones a largo plazo en infraestructuras alternativas, desde interconexiones gasistas hasta hidrógeno verde.
Para España, que se ha convertido en principal puerta de entrada de gas natural licuado (GNL) a la UE y aspira a ser nodo de nuevas cadenas de valor energéticas, cada crisis que retrasa la convergencia de reglas y objetivos dentro de la Unión supone un coste oportunidad. Cuanto más tiempo mantengan algunos socios su vínculo privilegiado con los hidrocarburos rusos, más difícil será consolidar un mercado interior verdaderamente integrado y menos predecible será el entorno para nuestras empresas energéticas y electrointensivas.
En ese punto, la suspensión eslovaca dejaría de ser una anécdota para convertirse en precedente. Y el riesgo para España y el resto de socios sería evidente: un mercado energético europeo en el que la seguridad de suministro deja de basarse en reglas comunes y vuelve al viejo tablero de los intercambios bilaterales y los ultimátums cruzados.