G7 e IEA preparan liberar hasta 400 millones de barriles

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán ha devuelto el petróleo por encima de los 100 dólares y ha obligado al G7 a activar el último cortafuegos: las reservas estratégicas. Los ministros de Finanzas de las siete grandes economías mantendrán este lunes una llamada de emergencia con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para decidir si liberan entre 300 y 400 millones de barriles, el equivalente a hasta un 35% del “colchón” de emergencia de 1.200 millones de barriles acumulado por los países ricos.

El repunte ha sido fulminante: el Brent llegó a tocar cerca de 119 dólares por barril antes de moderarse en torno a los 106-111 dólares, con subidas intradía de más del 20% tras los ataques sobre infraestructuras energéticas iraníes y el cierre de facto del estrecho de Ormuz. La consecuencia inmediata ha sido un nuevo golpe a las bolsas mundiales, un repunte de las primas de riesgo y la desaparición de las expectativas de bajadas rápidas de tipos.

El movimiento no llega solo: Japón ha abierto la puerta a usar parte de sus reservas nacionales y Corea del Sur prepara también un posible despliegue para proteger a su industria, extremadamente dependiente del Golfo. Sobre la mesa del G7 no solo está el precio del barril, sino el riesgo de una nueva ola de inflación energética que obligue a los bancos centrales a prolongar la medicina de tipos altos.

En última instancia, la decisión de cuántos barriles liberar y durante cuánto tiempo marcará el tono de la economía mundial en 2026: o un ajuste controlado con petróleo caro pero asumible, o un escenario mucho más cercano a la pesadilla de los años setenta.

El detonante: la guerra con Irán

El origen inmediato del shock está en la guerra abierta entre Irán y la alianza Estados Unidos–Israel, con ataques cruzados sobre objetivos militares y energéticos que han colocado al estrecho de Ormuz en el centro del tablero. Las últimas jornadas han visto bombardeos sobre instalaciones petroleras iraníes y ataques con drones y misiles sobre infraestructuras en Arabia Saudí, Emiratos y Bahréin, lo que ha obligado a algunas refinerías a declarar fuerza mayor.

Ormuz no es un estrecho cualquiera: por esa franja de apenas 40 kilómetros de ancho transita cerca del 20% del petróleo que consume el mundo y más de una cuarta parte del comercio marítimo de crudo. Un cierre de facto, como el que describen navieras y aseguradoras estos días, implica una caída potencial de más de 10 millones de barriles diarios de suministros desde Irán, Irak, Kuwait, Qatar o Emiratos, solo parcialmente compensable por oleoductos alternativos.

Lo más grave para los mercados es que el conflicto combina tres elementos explosivos: daño físico a infraestructuras, bloqueo de rutas clave y un cambio político en Teherán con la llegada de Mojtaba Jameneí al liderazgo supremo, lo que reduce las expectativas de una desescalada rápida. El diagnóstico es inequívoco: no es un susto puntual, sino un shock con potencial de durar meses, precisamente en un momento en el que la economía mundial empezaba a respirar tras el ajuste de tipos pospandemia.

Una liberación sin precedentes de reservas

Ante este escenario, el G7 ha recurrido al último instrumento común: el sistema de reservas estratégicas de la AIE. Los países miembros están obligados a mantener existencias equivalentes a al menos 90 días de sus importaciones netas de petróleo, una red de seguridad diseñada tras el embargo árabe de 1973 para enfrentar “interrupciones graves de suministro”.

Hoy ese colchón asciende a unos 1.200 millones de barriles, repartidos entre reservas públicas y obligaciones impuestas a la industria. La propuesta que se discute en la llamada de emergencia es liberar entre 300 y 400 millones de barriles, es decir, aproximarse a un tercio de todas las reservas de la AIE. En términos de consumo, es un volumen equivalente a tres o cuatro días de demanda mundial de crudo, pero desplegado de forma gradual puede suponer durante varios meses un extra de 1,5 a 2 millones de barriles diarios, suficiente para amortiguar parte del golpe sobre los precios.

La discusión técnica no es solo cuánto liberar, sino cómo hacerlo: una inyección muy rápida podría provocar un desplome brusco del precio seguido de un nuevo repunte si la guerra se cronifica, mientras que un goteo demasiado lento correría el riesgo de quedarse por detrás de los acontecimientos. En los pasillos, el debate gira en torno a un mensaje claro: las reservas no son un arma de gestión de precios, sino un seguro frente a interrupciones de suministro. La paradoja es que, esta vez, ambos problemas han estallado a la vez.

Lecciones del último gran uso del ‘colchón’ petrolero

La referencia inmediata para los ministros del G7 es la respuesta a la guerra de Ucrania. En 2022, la AIE coordinó la mayor liberación de reservas de su historia: 182,7 millones de barriles, desplegados en dos decisiones sucesivas de marzo y abril para contrarrestar la salida del crudo ruso del mercado.

Aquella operación logró estabilizar parcialmente el precio y, sobre todo, comprar tiempo para que productores como Estados Unidos, Brasil o los países del Golfo aumentaran oferta, pero no evitó que el Brent llegara a rozar los 140 dólares en el pico de tensión. Muchos analistas recordaron entonces que las reservas estratégicas son un recurso finito: lo que se vende barato en una crisis debe recomprarse después, a menudo a precios más altos.

El contraste con la situación actual resulta demoledor. La liberación que se discute ahora, de 300-400 millones de barriles, doblaría con holgura el volumen de 2022 y reduciría en hasta 35% el nivel de emergencia de la AIE. La consecuencia es clara: si el conflicto se prolonga y obliga a más intervenciones futuras, el margen de maniobra será mucho menor.

En lenguaje diplomático, los países se enfrentan a un dilema muy poco diplomático: usar el extintor al máximo ahora para evitar que el fuego energético se propague a la inflación y la deuda, o guardar reservas por si la guerra escala aún más o aparece un segundo shock —climático, tecnológico o geopolítico— en los próximos años.

Riesgo de estanflación global

El gran temor de los bancos centrales se llama estanflación: crecimiento anémico con inflación alta alimentada por la energía. Un petróleo sostenido por encima de 100 dólares durante varios trimestres encarecería el transporte, la producción industrial, los fertilizantes y, en cascada, la cesta de la compra.

La experiencia de los últimos dos años indica que los hogares y las empresas llegan a esta nueva crisis más debilitados. Muchos gobiernos todavía arrastran deuda elevada tras los programas de apoyo de la pandemia y de la crisis energética anterior; los bancos centrales, por su parte, acaban de salir de la fase de subidas agresivas de tipos y apenas empezaban a discutir recortes. El shock de Ormuz ha borrado de golpe esas expectativas: en Reino Unido, por ejemplo, el repunte de los rendimientos de la deuda a corto plazo ha sido el mayor desde la mini-crisis presupuestaria de 2022, enterrando las esperanzas de una bajada rápida del tipo oficial.

Lo que está en juego no es solo el IPC de los próximos meses, sino la credibilidad del ancla antiinflacionista. Si los bancos centrales se ven obligados a mirar hacia otro lado ante un nuevo rebote de la inflación para no asfixiar el crecimiento, el mensaje a los mercados sería inequívoco: la prioridad ha dejado de ser el control de precios. Y eso elevaría las primas de riesgo, encarecería la financiación de los Estados y ampliaría la brecha entre economías avanzadas y emergentes.

El impacto para Europa y el BCE

Europa llega a esta crisis con menos dependencia del gas ruso, pero con una dependencia estructural del petróleo importado que sigue siendo elevada. En los años posteriores a la invasión de Ucrania, la factura energética llegó a representar casi el 23% de todas las importaciones de la UE, una cifra que se moderó en 2024 gracias a la caída de precios, pero que puede volver a repuntar con el crudo en tres dígitos.

La subida del Brent por encima de 100 dólares ha tenido un reflejo inmediato en los mercados europeos: caídas generalizadas de los índices bursátiles, especialmente en aerolíneas, automoción y sectores intensivos en energía, y repuntes de las rentabilidades de la deuda soberana. Para el Banco Central Europeo, el shock llega en el peor momento: con la inflación subyacente todavía por encima del 2%, crecimiento débil en Alemania e Italia y un sector inmobiliario presionado por años de tipos altos.

El BCE sabe que un petróleo muy caro podría añadir varias décimas a la inflación media de la zona euro en 2026, pero también que responder con nuevas subidas de tipos agravaría el frenazo industrial y el malestar social. En este contexto, una liberación masiva de reservas coordinada por la AIE es, de facto, una herramienta de política macroeconómica adicional, aunque no figure en los estatutos del banco central.

España: dependencia alta, exposición indirecta

España presenta un perfil peculiar en esta crisis. Por un lado, el Gobierno ha subrayado en los últimos días que solo alrededor del 5% del petróleo y el 2% del gas consumidos en el país pasan por el estrecho de Ormuz, gracias a la diversificación de suministros hacia Estados Unidos, Brasil, Nigeria o Argelia. Ese dato apunta a una exposición directa relativamente baja al riesgo físico de bloqueo.

Sin embargo, la realidad estructural es otra: la economía española sigue mostrando una dependencia energética exterior de en torno al 67-70%, muy por encima de la media europea. En términos simples, dos de cada tres unidades de energía que mueve el país dependen de lo que ocurra fuera de sus fronteras. Aunque el crudo no venga del Golfo, el precio sí lo fija un mercado global que reacciona al milímetro a lo que sucede en Ormuz.

Este hecho revela una vulnerabilidad conocida pero no resuelta. Un Brent estabilizado cerca de los 100 dólares encarecería el gasóleo profesional, el queroseno, el transporte de mercancías y la producción industrial, justo cuando muchos sectores empezaban a recuperar márgenes tras la tormenta de 2022–2023. El contraste con otras regiones resulta demoledor: mientras Estados Unidos puede apoyarse en su producción doméstica para amortiguar el golpe, España y buena parte del sur de Europa siguen pagando la factura de años de dependencia exterior y retrasos en eficiencia energética.

Lo que se juega el mercado energético

Antes de la guerra con Irán, el relato dominante en el mercado petrolero era el opuesto: exceso de oferta y demanda floja. La propia AIE proyectaba para 2026 un crecimiento de la demanda inferior al millón de barriles diarios durante varios años, mientras la oferta aumentaba más rápido, con riesgo de acumulación de inventarios de hasta 3 millones de barriles diarios en algunos escenarios.

La irrupción de un conflicto que amenaza con cortar de golpe más de 10 millones de barriles diarios por Ormuz ha girado el tablero en cuestión de días. De un mundo preocupado por el exceso de crudo a un escenario de potencial escasez repentina, en el que los productores con capacidad ociosa —Arabia Saudí, Emiratos, Estados Unidos— ganan un poder de negociación enorme.

En paralelo, la crisis devuelve al primer plano el debate sobre el papel de las reservas estratégicas en plena transición energética. Sus críticos argumentan que seguir llenando cavernas salinas con petróleo fósil en pleno despliegue de renovables es una contradicción; sus defensores replican que, como demuestra la guerra con Irán, la seguridad energética sigue dependiendo del crudo mucho más de lo que reflejan los discursos climáticos.

La consecuencia es clara: cada barril que salga ahora de las reservas será otro barril que habrá que decidir si se repone (y cuándo), justo cuando la demanda futura de petróleo es más incierta por el avance del coche eléctrico y las políticas climáticas.