La ONU, al límite por impagos: “En junio nos quedamos sin caja”, advierte Guterres

La advertencia ya no es técnica ni discreta: es política y frontal. António Guterres ha enviado una carta a los 193 Estados miembros alertando de que la ONU corre riesgo de “colapso financiero inminente” si los países no pagan lo que deben o no aceptan una reforma de choque de las reglas presupuestarias. A cierre de 2025, la organización acumulaba más de 1.570 millones de dólares en cuotas impagadas, la cifra más alta de su historia reciente, con un agujero que amenaza con dejarla sin efectivo operativo en julio de 2026. En el centro del problema, el impago de varios grandes contribuyentes y un modelo de financiación que el propio Guterres califica de obsoleto y lleno de contradicciones.

Una carta de alarma sin precedentes

La misiva, remitida a finales de enero a todas las delegaciones, describe una situación que “se profundiza” año tras año y que el secretario general considera cualitativamente distinta a otras crisis de liquidez vividas desde 2019. Guterres advierte de que, con los actuales niveles de morosidad, la ONU podría agotar su fondo operativo hacia julio, lo que obligaría a paralizar programas, retrasar pagos a proveedores, congelar contrataciones y recortar plantilla de forma abrupta.

En la carta se cuantifica el problema: las cuotas pendientes de pago en el presupuesto ordinario superan los 1.570 millones de dólares, más del doble que hace apenas un par de ejercicios. Aunque la mayoría de los Estados miembros han abonado sus contribuciones, el peso de un puñado de grandes deudores arrastra a toda la organización hacia el borde del impago.

El tono es inusualmente duro. Guterres recuerda que las contribuciones obligatorias son “pagos legalmente vinculantes en virtud de la Carta de las Naciones Unidas” y denuncia que la decisión de algunos países de retener o diferir cuotas por motivos políticos pone en riesgo “la integridad de todo el sistema multilateral”. El diagnóstico es inequívoco: no se trata de un bache de tesorería, sino de una crisis estructural de financiación.

Cómo se ha llegado al agujero de 1.570 millones

La crisis actual es el resultado de una acumulación de retrasos y de reglas presupuestarias rígidas. En los últimos años, el número de países que pagan sus cuotas completas a tiempo se ha quedado estancado, mientras que el volumen de atrasos ha ido aumentando. La combinación es letal para un presupuesto regular que se mueve en el entorno de los 3.200–3.400 millones de dólares anuales.

El sistema de contribuciones reparte el coste según la “capacidad de pago” de cada Estado, con un mínimo simbólico para las economías más pequeñas y un máximo del 22% para el contribuyente principal. Cuando una parte significativa de esas cuotas no llega, la ONU se ve obligada a tirar de reservas, retrasar pagos e ir estirando los plazos internos para cerrar las cuentas, a costa de desgastar su credibilidad.

A todo ello se suma una paradoja contable: la Asamblea General exige que los fondos no gastados al final del ejercicio se devuelvan a los Estados miembros, aunque en la práctica esos fondos no hayan llegado íntegramente a la caja. La organización se ve así atrapada en un circuito “kafkiano”, obligado a devolver dinero “sobrante” mientras recorta programas por falta de liquidez.

Estados Unidos, el mayor contribuyente y el mayor moroso

El epicentro político de la crisis está en Estados Unidos, que según la escala de cuotas asume alrededor del 22% del presupuesto regular. La primera potencia mundial es, al mismo tiempo, el mayor deudor. Acumula miles de millones de dólares en cuotas pendientes, tanto del presupuesto ordinario como de las operaciones de paz, después de años de recortes, bloqueos parlamentarios y uso del impago como herramienta de presión.

La situación se agrava porque otros grandes actores han empezado a retrasar sus pagos, aprovechando el precedente. Cada dólar que no entra a tiempo obliga a la Secretaría a ajustar nóminas, aplazar misiones y posponer inversiones básicas en mantenimiento y seguridad. El contraste resulta demoledor: los mismos Estados que exigen a la ONU que intervenga en conflictos, supervise elecciones o coordine respuestas humanitarias, la financian con una mezcla de morosidad y amenazas presupuestarias.

Un modelo financiero roto que devuelve fondos sin liquidez

Más allá de los deudores, Guterres señala otro problema menos visible pero igual de grave: el propio diseño del modelo financiero interno. La obligación de devolver superávits nominales al final de cada ejercicio impide construir un colchón estable de liquidez para afrontar retrasos en las cuotas. En la práctica, la ONU opera con una caja mínima, que se agota en cuanto varios grandes contribuyentes retrasan sus pagos.

Además, el presupuesto regular no refleja toda la complejidad del sistema. Las agencias, fondos y programas —desde UNICEF hasta el Programa Mundial de Alimentos— viven de aportaciones voluntarias, que también se han vuelto más erráticas. El resultado es un ecosistema donde la organización depende cada vez más de unos pocos donantes, dispuestos a financiar prioridades específicas pero menos interesados en sostener la estructura básica que hace posible el conjunto.

Entre las reformas planteadas figuran propuestas como permitir arrastrar saldos no gastados de un ejercicio a otro, flexibilizar reglas de devolución de fondos o dotar a la ONU de fuentes propias de ingresos globales (tasas sobre billetes de avión, sobre emisiones contaminantes o sobre transacciones financieras). Todas chocan, por ahora, con la resistencia de Estados celosos de su soberanía fiscal.

Misiones de paz y ayuda humanitaria en la cuerda floja

Detrás de las cifras hay consecuencias muy concretas. El presupuesto ordinario financia, entre otras cosas, las misiones políticas y de mediación, las oficinas de derechos humanos, el trabajo cotidiano en desarme, cambio climático o coordinación de ayuda humanitaria, y la infraestructura administrativa que sostiene a todo el sistema.

La falta de liquidez ya ha provocado en años anteriores retrasos en los reembolsos a los países que aportan tropas a las misiones de paz, acumulando deudas con ejércitos de países en desarrollo que dependen de esos pagos. También ha obligado a aplazar decisiones sobre desplegar o prorrogar operaciones en zonas críticas como el Sahel, Oriente Próximo o el Cuerno de África.

En paralelo, el propio secretario general plantea un escenario de recortes adicionales: menos personal en la Secretaría, reducción de oficinas, consolidación de misiones y, en última instancia, menor capacidad para responder a crisis simultáneas. La consecuencia es clara: la crisis de caja no es una nota al pie contable, sino una amenaza directa a la eficacia del multilateralismo.

Recortes de choque bajo la bandera de la “eficiencia”

Para ganar margen y credibilidad, Guterres ha impulsado un profundo plan de ajuste interno. Bajo la etiqueta de la modernización y la eficiencia, la Secretaría propone recortar cientos de millones de dólares del presupuesto y eliminar miles de puestos en los próximos ejercicios, mediante congelación de vacantes, jubilaciones anticipadas y reestructuraciones.

El objetivo oficial es doble: por un lado, demostrar a los grandes contribuyentes que la organización es capaz de adelgazar su aparato y centrarse en mandatos prioritarios; por otro, liberar recursos para proteger el núcleo duro de las actividades sobre el terreno. Sin embargo, muchos diplomáticos y expertos alertan de un riesgo evidente: que el recorte acabe debilitando precisamente aquellas áreas —derechos humanos, prevención de conflictos, desarrollo sostenible— que dan sentido político a la existencia de la ONU.

Si la organización se reduce a una mezcla de burocracia mínima y operaciones humanitarias a la carta, financiadas casi en exclusiva por un puñado de países y fundaciones, el resultado puede ser una pérdida de legitimidad difícil de revertir.

Qué se juega Europa y países como España

Para Europa, la crisis no es ajena. Los países europeos —incluida España— aportan en conjunto cerca de una cuarta parte de las contribuciones obligatorias de la ONU. La organización es, además, uno de los principales vehículos a través de los cuales la UE proyecta su influencia en ámbitos como el clima, los derechos humanos o la gobernanza digital.

Para España, que asume en torno a un 2% del presupuesto regular, Naciones Unidas es una plataforma clave para defender prioridades en América Latina, el Mediterráneo o el Sahel con un coste muy inferior al que tendría una acción puramente bilateral. Dejar que la ONU entre en una dinámica de degradación silenciosa equivale, en la práctica, a reforzar formatos de poder donde predominan las grandes potencias con agendas más estrechas y menos reglas compartidas.

El contraste con el aumento acelerado del gasto en defensa en foros como la OTAN es evidente: mientras los Estados refuerzan su brazo militar, el pilar civil del orden internacional se sostiene, cada vez más, sobre una base financiera frágil.

Por ahora, Guterres ha decidido encender todas las alarmas y poner a los Estados miembros frente al espejo.