Israel bombardea Teherán y otras zonas de Irán

El conflicto ha entrado en una fase más profunda y más arriesgada. Israel anunció este martes una “misión extensa de ataque” sobre Teherán y otras áreas de Irán, con el argumento de golpear infraestructuras vinculadas al aparato del régimen. La secuencia no es menor: llega después de ataques sobre aeropuertos de la capital iraní y de una campaña sostenida contra centros de mando, instalaciones energéticas y nodos logísticos. 

El corazón del régimen

Teherán no es un objetivo cualquiera. Es el centro político, militar y simbólico de la República Islámica, y por eso cada nueva oleada sobre la capital tiene una carga estratégica superior a la de un bombardeo periférico. En sus comunicados de las últimas semanas, las Fuerzas de Defensa de Israel han descrito ataques sobre centros de mando, salas de situación y sedes vinculadas a la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, además de otros nodos usados por las estructuras internas de seguridad. Este patrón sugiere que la ofensiva anunciada ahora no es un episodio aislado, sino la prolongación de una campaña diseñada para desgastar la capacidad de coordinación del régimen desde dentro. El diagnóstico es inequívoco: cuando la presión se concentra sobre la capital, el mensaje no busca solo destruir activos, sino proyectar vulnerabilidad en el núcleo del poder. Ese salto cualitativo cambia la guerra, porque convierte la defensa del territorio en una defensa del mando político.

Aeropuertos, combustible y mando

La nueva ofensiva se entiende mejor si se observa la secuencia de objetivos recientes. El lunes, según el Wall Street Journal, la aviación israelí golpeó activos militares en varios aeropuertos de Teherán, entre ellos Mehrabad, Bahram y Azmayesh, con la intención declarada de reducir la capacidad aérea iraní. Antes, Israel también había comunicado ataques sobre depósitos de combustible utilizados por el aparato militar y sobre instalaciones relacionadas con la producción de misiles. Paralelamente, se han reportado golpes contra el gran complejo petroquímico de Asaluyeh y empresas auxiliares que suministran utilidades industriales esenciales. Este mosaico revela un cambio de método: no se trata únicamente de destruir lanzaderas o arsenales, sino de erosionar la retaguardia funcional que permite mover aeronaves, abastecer unidades, fabricar armamento y sostener el esfuerzo bélico. El contraste con fases anteriores resulta demoledor: la guerra ya no apunta solo a la capacidad ofensiva de Irán, sino a los sistemas que hacen posible mantenerla operativa durante semanas.

De la disuasión al desgaste

Desde el arranque de la guerra, el 28 de febrero, la lógica de la operación ha ido ampliándose. Lo que comenzó como una campaña presentada por Washington y Jerusalén como un golpe contra amenazas estratégicas iraníes se ha convertido en una presión continuada sobre instalaciones de mando, combustible, investigación y producción. Israel ha informado en oleadas previas de ataques con más de 120 municiones sobre centros usados para la investigación, desarrollo y producción de armas en Teherán, y también de golpes sobre depósitos críticos de carburante utilizados por las fuerzas iraníes. Este dato es importante porque muestra una transición desde la disuasión clásica —castigar para frenar— hacia una lógica de desgaste sostenido —debilitar para impedir la recuperación—. Sin embargo, esa estrategia tiene un precio: cuanto más larga sea la campaña y más amplia la lista de objetivos, mayor será la probabilidad de que la guerra se contamine con efectos económicos, civiles y diplomáticos difíciles de contener. En otras palabras, la superioridad táctica puede terminar abriendo un problema estratégico más grande.

El factor Ormuz

La otra gran dimensión de esta crisis no está en el cielo de Teherán, sino en el estrecho de Ormuz. Por esa vía transitan alrededor de 20 millones de barriles diarios, el equivalente a cerca del 20% del consumo mundial de líquidos petrolíferos. Además, por allí pasa también más del 20% del comercio global de gas natural licuado, con Asia como principal destino: aproximadamente el 80% del crudo y los productos petrolíferos que cruzan el estrecho tienen como mercado final ese continente. El problema es que las alternativas son limitadas. La Agencia Internacional de la Energía calcula que solo Arabia Saudí y Emiratos disponen de capacidad operativa para desviar parte de esos flujos, con un margen de entre 3,5 y 5,5 millones de barriles al día, muy por debajo del volumen que normalmente atraviesa Ormuz. Este hecho revela por qué cada escalada sobre Irán desborda el plano militar: el conflicto roza uno de los puntos de estrangulamiento más sensibles de la economía mundial.

La economía entra en la ecuación

Los efectos ya son visibles. La UNCTAD ha advertido de que el tráfico por Ormuz se ha desplomado de unas 130 travesías diarias en febrero a solo 6 en marzo, un colapso cercano al 95%. En paralelo, el crudo estadounidense WTI llegó a tocar los 115 dólares por barril, reflejo de un mercado que ha dejado de descontar una crisis localizada para empezar a valorar una interrupción prolongada del suministro. La consecuencia es clara: no solo sube el precio del petróleo; se encarece el transporte, se tensionan los seguros marítimos y se disparan los riesgos para economías muy dependientes del crudo exportado por el Golfo. El caso de Irak es revelador. AP informa de que el país, que obtiene cerca del 90% de sus ingresos del petróleo, ha visto caer su producción del sur desde 3,1 millones de barriles diarios hasta unos 900.000. Cuando una guerra en torno a Irán altera esos volúmenes, el problema ya no es regional. Es macroeconómico.

La frontera legal de los objetivos

A medida que los ataques se dirigen contra lo que Israel denomina “infraestructura del régimen”, el debate jurídico gana peso. El derecho internacional humanitario parte de un principio básico: los ataques deben dirigirse contra objetivos militares, no contra objetos civiles. El Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda además que están especialmente protegidos los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Eso no significa que una instalación de doble uso quede automáticamente a salvo; sí significa que su condición debe evaluarse con criterios estrictos de necesidad militar, distinción y proporcionalidad. Por eso la discusión no es semántica, sino material: una cosa es inutilizar un centro de mando o una fábrica de misiles, y otra muy distinta degradar infraestructuras cuya destrucción repercuta de forma masiva en civiles. “Everything must be done to prevent a further escalation”, advirtió António Guterres al Consejo de Seguridad, mientras expertos de la ONU han pedido desescalada y rendición de cuentas. La advertencia no es retórica. Es la línea que separa la presión militar de la erosión del orden jurídico.

Una guerra cada vez menos contenida

La escalada no se produce en un vacío. Poco después de anunciar la nueva oleada sobre Irán, el propio Ejército israelí activó sus defensas ante misiles iraníes. Al mismo tiempo, Donald Trump ha endurecido el discurso y ha amenazado con nuevas acciones si Teherán no reabre Ormuz, mientras la diplomacia internacional intenta sostener fórmulas de alto el fuego que, hasta ahora, no han cristalizado. Lo más preocupante es el solapamiento de frentes: ataques en Irán, represalias contra Israel, presión sobre infraestructuras energéticas del Golfo y una discusión abierta en la ONU sobre la seguridad marítima. Ese encadenamiento reduce el margen para una contención clásica. Ya no basta con evitar un error de cálculo entre dos capitales; ahora hay que impedir que una cadena de represalias termine bloqueando el comercio energético global y arrastrando a terceros actores. El efecto dominó que viene no es una hipótesis académica. Está ya incorporado al precio del petróleo, a la diplomacia de emergencia y a la volatilidad de la región.