Maduro regresa al tribunal de Nueva York por su defensa

Nicolás Maduro volvió este jueves a un tribunal federal de Nueva York. No fue una vista de trámite. Tampoco una comparecencia centrada ya en la prueba penal. El foco estuvo en una cuestión tan jurídica como explosiva: si el expresidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, pueden sufragar su defensa con dinero del Estado venezolano bloqueado por las sanciones de Estados Unidos. La Fiscalía sostiene que no; la defensa replica que impedirlo vulnera su derecho a elegir abogado. Entre ambos argumentos se cuela algo más profundo: el derrumbe del viejo poder en Caracas y la batalla por el control del patrimonio del país.

El pleito ya no es solo penal

La imagen del antiguo hombre fuerte del chavismo sentado de nuevo ante el juez Alvin Hellerstein resume por sí sola el cambio de ciclo. Maduro compareció por segunda vez desde su detención en enero, después de haberse declarado no culpable junto a Flores en una primera audiencia celebrada el 5 de enero de 2026. Desde entonces, el procedimiento avanza con lentitud, pero la dimensión política no ha dejado de crecer. No hay todavía fecha de juicio. Y eso revela que la estrategia de la defensa pasa, antes que nada, por disputar el terreno procesal.

Lo relevante es que la discusión sobre honorarios legales ha dejado de ser un asunto técnico. Se ha convertido en un termómetro del nuevo equilibrio de poder entre Washington, las autoridades interinas en Caracas y el propio círculo de Maduro. La defensa sostiene que el exmandatario no puede ser empujado a aceptar abogados de oficio cuando existen recursos venezolanos disponibles. La Fiscalía responde que esos fondos están congelados por motivos de seguridad nacional y que, si Maduro y Flores necesitan defensa privada, deben pagarla con su propio patrimonio. El diagnóstico es inequívoco: el dinero es hoy casi tan decisivo como la propia acusación.

Los fondos bloqueados, el nudo del caso

El corazón de la audiencia estuvo en la colisión entre dos principios. Por un lado, el derecho del acusado a escoger representación letrada. Por otro, el régimen de sanciones que prohíbe en la práctica movilizar determinados activos vinculados al Estado venezolano. Según distintas informaciones conocidas este jueves, la defensa alegó que Washington había llegado incluso a permitir inicialmente una vía para sufragar esos gastos y que después dio marcha atrás. La consecuencia es clara: el equipo jurídico intenta presentar a EE.UU. como parte interesada que limita las herramientas del acusado mientras lo procesa.

La Fiscalía, sin embargo, ha construido un relato radicalmente distinto. Los fiscales sostienen que Maduro y Cilia Flores no pueden escudarse en dinero público tras años de control absoluto del aparato estatal. Lo más grave, desde la óptica estadounidense, es el mensaje que enviaría una autorización de ese tipo: permitir que fondos del propio Estado venezolano, hoy afectados por sanciones, acabaran sufragando la defensa de quienes están acusados de haber saqueado y utilizado ese poder. Este hecho revela que el litigio no es solo contable. Es una disputa sobre legitimidad, titularidad del dinero y continuidad institucional.

Una acusación que persigue a Maduro desde 2020

El proceso no nació ayer. La acusación federal fue destapada en marzo de 2020 y atribuye a Maduro una conspiración de más de dos décadas para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, además de otros delitos vinculados al denominado entramado del Cartel de los Soles. Flores comparte varios de esos cargos, aunque no todos. Si el caso avanzara hasta una condena, ambos se exponen a penas que pueden llegar a la cadena perpetua. La magnitud penal explica por qué cada incidente procesal adquiere tanta relevancia.

Desde enero, Maduro ha insistido en su inocencia y ha tratado de mantener una narrativa política de resistencia. Pero el contexto es hoy mucho más adverso. Ya no comparece como jefe de Estado en ejercicio, sino como expresidente detenido en Brooklyn y sometido a la jurisdicción de un tribunal federal estadounidense. El contraste con su posición de hace apenas unos meses resulta demoledor. La causa, además, conecta con otros nombres del antiguo aparato chavista y mantiene abierta la posibilidad de nuevas derivadas judiciales o acuerdos de colaboración de terceros. En procesos de esta naturaleza, el tiempo rara vez juega a favor del acusado.

Caracas se reordena sin Maduro

Mientras el frente judicial se complica en Manhattan, Venezuela se está reconfigurando políticamente a una velocidad notable. La ausencia de Maduro ha sido tratada por las instituciones venezolanas como una situación “temporal”, lo que ha permitido a Delcy Rodríguez ejercer como presidenta interina. Sin embargo, sobre el terreno se aprecia algo más que una sustitución administrativa. Distintas informaciones apuntan a que Rodríguez ha ido desmontando parte de la estructura de poder heredada y ha comenzado a desplazar a figuras asociadas al antiguo núcleo duro.

Ese movimiento tiene implicaciones directas. Primero, porque reduce la capacidad de Maduro para influir desde la distancia sobre la gestión del Estado y sobre los activos que su defensa pretende movilizar. Segundo, porque abre un nuevo canal de interlocución con Washington en un momento especialmente delicado. La batalla judicial en Nueva York y la transición de facto en Caracas ya forman parte de un mismo tablero. Y ese tablero no se decide solo en clave ideológica, sino también patrimonial: quién administra, quién firma y quién puede disponer de los recursos de un país devastado por años de sanciones, corrupción y colapso institucional.

Petróleo, sanciones y la gran urgencia económica

El trasfondo económico es decisivo. Venezuela intenta vender una imagen de reapertura para atraer inversión exterior justo cuando el caso Maduro ocupa titulares en Estados Unidos. Delcy Rodríguez defendió esta misma semana en Miami una nueva etapa de “seguridad jurídica” y apertura al capital privado, con especial énfasis en el sector petrolero. No es un matiz menor. El país necesita reconstruir credibilidad, divisas y producción. Y el petróleo sigue siendo la única palanca con capacidad real para alterar el cuadro macroeconómico en el corto plazo.

Los datos muestran por qué. Según informaciones recientes, Venezuela produce en torno a un millón de barriles diarios, muy lejos de los niveles históricos que llegaron a rozar los tres millones hace dos décadas. Ese desplome condensó años de sanciones, desinversión y mala gestión en PDVSA. Ahora bien, el contraste con otras economías petroleras resulta clarísimo: sin estabilidad política, sin reglas previsibles y con un expresidente sentado en un tribunal federal por narcotráfico, la prima de riesgo reputacional se dispara. Ningún inversor serio separa por completo la seguridad jurídica de la calidad institucional. Y el juicio de Nueva York amenaza con fijar precisamente esa conexión en la percepción internacional sobre Venezuela.