Mueren tres “narco-terroristas” en un ataque en el Caribe
La madrugada del 13 de febrero, un dron de Estados Unidos destruyó una embarcación ligera que navegaba por una ruta de narcotráfico en el Caribe. El Mando Sur ha confirmado la muerte de tres “narco-terroristas” y ha subrayado que ningún militar estadounidense resultó herido durante la operación. El ataque se inscribe en la ofensiva bautizada como Operation Southern Spear, que desde septiembre ha dejado al menos 150 fallecidos y más de una treintena de barcos destruidos, según recuentos de prensa y ONG. Sin embargo, la ofensiva ya no se lee solo como una noticia de sucesos: se ha convertido en un test sobre hasta dónde está dispuesto a llegar Washington en la militarización de la “guerra contra las drogas”.
Un ataque quirúrgico en pleno Caribe
El comunicado del Mando Sur fue escueto, pero significativo. Bajo órdenes directas del general Francis L. Donovan, el grupo conjunto Southern Spear ejecutó “un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas”. La nave navegaba por rutas de narco-tráfico conocidas en el Caribe y, según la inteligencia estadounidense, estaba “involucrada en operaciones de narcotráfico”.
El lenguaje recuerda a los partes militares de zonas de guerra, no a una operación antidroga clásica. No se habla de sospechosos detenidos ni de alijos incautados, sino de objetivos “neutralizados”. El vídeo difundido por el Mando Sur muestra una embarcación avanzando a gran velocidad hasta que una explosión la desintegra en segundos.
Lo más grave es lo que el comunicado no dice. No se han hecho públicos ni la bandera del barco, ni la identidad de los fallecidos, ni pruebas de la carga ilícita que transportaba. Tampoco se ha atribuido el control de la embarcación a un cartel específico, pese a que la Casa Blanca ha designado ya como organizaciones terroristas a varias bandas latinoamericanas, desde el Cartel de los Soles venezolano hasta el Clan del Golfo colombiano.
Sin transparencia sobre la evidencia previa al ataque, el relato oficial descansa en una premisa: la sola presencia en una ruta de narco-tráfico puede convertirse en una sentencia de muerte sin juicio.
Una campaña letal con más de 150 muertos
El ataque del 13 de febrero no es un hecho aislado. Forma parte de una cadena de bombardeos marítimos iniciada en septiembre bajo el paraguas de Operation Southern Spear, una campaña que la Administración Trump presenta como una “guerra contra los narco-terroristas” en el Pacífico oriental y el Caribe.
Según datos oficiales recopilados por medios estadounidenses, a finales de diciembre se habían realizado ya cerca de 30 ataques, con más de un centenar de muertos. En apenas ocho semanas adicionales, ese balance habría escalado hasta unos 150 fallecidos, tras nuevos bombardeos en el Pacífico y en el Caribe que han destruido lanchas rápidas y semisumergibles.
Los patrones se repiten: pequeñas embarcaciones, rutas conocidas de tráfico de cocaína y fentanilo, órdenes directas desde Washington y vídeos de alta definición difundidos en redes sociales como prueba de “éxito operativo”. En algunos casos, como en un ataque anterior con 11 muertos reconocido por el propio Trump, el presidente ha utilizado las imágenes para reforzar su discurso de mano dura frente a los carteles.
“Es la demostración de que Estados Unidos puede destruir a los narcotraficantes donde quiera que se escondan”, repiten fuentes de la Casa Blanca. Pero para organizaciones de derechos humanos, el balance de cadáveres sin identificación ni proceso judicial apunta en otra dirección: la de una campaña de ejecuciones extrajudiciales a gran escala.
La delgada línea legal: ¿guerra o persecución penal?
El corazón del debate es jurídico. Trump ha presentado estas operaciones como parte de un “conflicto armado” contra los carteles, apoyado en una batería de decisiones políticas que van desde la designación de bandas criminales como organizaciones terroristas hasta la declaración del fentanilo como “arma de destrucción masiva” en diciembre de 2025.
Ese encuadre le permite invocar el derecho de la guerra: si hay conflicto armado, los miembros de un grupo enemigo se consideran combatientes y, por tanto, objetivos legítimos. Sin embargo, numerosos expertos en derecho internacional y constitucional discrepan. A su juicio, los carteles siguen siendo organizaciones criminales, no ejércitos, y sus miembros son civiles sospechosos de delitos, no combatientes.
La diferencia no es académica. Si se consideran civiles, solo pueden ser abatidos en enfrentamientos inminentes que amenacen vidas y siempre como último recurso; si no, el uso de fuerza letal a kilómetros de la costa, contra una lancha cuya carga ni siquiera se ha confirmado, puede encajar en la definición de homicidio y, en ciertos supuestos, crimen de guerra. “Estos ataques convierten a la lucha antidroga en una guerra sin reglas claras y sin rendición de cuentas”, denuncian juristas consultados por organizaciones civiles estadounidenses.
El diagnóstico es inequívoco: cuanto más se difumina la frontera entre seguridad interior y guerra, mayor es el riesgo de que la excepcionalidad se convierta en norma.
El origen de la nueva ofensiva: de Martillo a Southern Spear
La operación actual no nace de la nada. Desde 2012, Washington coordina con países latinoamericanos Operation Martillo, un dispositivo de vigilancia y abordaje en alta mar que ha permitido incautar cientos de toneladas de cocaína y detener a miles de personas mediante patrullas conjuntas y operaciones de guardacostas.
Martillo, sin embargo, se basa en un esquema clásico: detección, intercepción, persecución, abordaje, incautación de la droga y puesta a disposición judicial de los sospechosos. Southern Spear rompe ese patrón. En lugar de enviar un guardacostas a interceptar la lancha, se recurre a armas guiadas lanzadas desde buques o aeronaves militares, con una lógica mucho más cercana a las operaciones antiterroristas en Oriente Medio que a la cooperación policial en América Latina.
Este hecho revela un cambio de paradigma profundo: Estados Unidos intenta abaratar costes operativos y maximizar el impacto disuasorio sustituyendo detenciones por destrucción física de los medios de transporte y eliminación de tripulaciones. El contraste con las operaciones de los últimos años —centradas en capturas, macro-juicios y extradiciones— resulta demoledor.
El riesgo evidente es que, al priorizar el efecto simbólico del misil sobre el trabajo lento de la justicia, se debilite la capacidad de desarticular estructuras financieras, redes logísticas y complicidades institucionales que sostienen al negocio de la droga.
El papel de los países caribeños y el silencio de la región
La operación en el Caribe se desarrolla en aguas internacionales, pero ningún bombardeo ocurre en un vacío político. En un precedente reciente, un ataque similar en la región terminó con tres muertos y la incautación de alrededor de 1.000 kilos de cocaína, tras una operación conjunta entre Estados Unidos y la República Dominicana al sur de la isla Beata.
En esta ocasión, no ha habido —por ahora— un anuncio público de cooperación por parte de gobiernos caribeños. El silencio resulta elocuente. Muchos ejecutivos de la zona ven en estos ataques una herramienta útil contra el tráfico que desborda sus capacidades, pero al mismo tiempo temen aparecer como cómplices de acciones que podrían vulnerar el derecho internacional.
Para las economías insulares, muy dependientes del turismo y de su reputación como destinos seguros, la imagen de drones armados patrullando el Caribe es un arma de doble filo. A corto plazo, puede proyectar una sensación de control; a medio plazo, el mensaje puede ser otro: el de una región convertida en campo de pruebas de nuevas doctrinas militares estadounidenses.
La ausencia de un debate público regional y de mecanismos de supervisión compartidos abre, además, la puerta a acuerdos bilaterales opacos que escapan al escrutinio parlamentario y ciudadano.