EEUU lanza otro ataque letal contra un barco narco en el Caribe
La última ofensiva del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en el mar Caribe vuelve a colocar el foco sobre una campaña militar tan opaca como letal. Según el propio mando estadounidense, un dron o avión de combate destruyó un barco supuestamente vinculado a una “organización terrorista designada”, causando la muerte de tres presuntos “narco-terroristas” y sin bajas entre sus tropas. Es al menos el trigésimo noveno ataque contra embarcaciones acusadas de traficar drogas desde septiembre de 2025, con un balance que ya supera las 133 personas muertas entre el Caribe y el Pacífico oriental.
Una campaña silenciosa pero cada vez más letal
El ataque ahora confirmado por el Comando Sur encaja en el patrón que se repite desde principios de septiembre del año pasado: identificación de una lancha rápida en una ruta conocida de narcotráfico, seguimiento aéreo y, finalmente, un “ataque cinético letal” que parte la embarcación en dos.
SOUTHCOM asegura que la nave navegaba por un corredor clásico del Caribe y que estaba “implicada en operaciones de narcotráfico”. No ofrece, sin embargo, ni imágenes de la supuesta carga, ni datos sobre la identidad de los fallecidos, ni el país de bandera del barco. La única precisión añadida es que ninguno de los militares estadounidenses resultó herido.
El caso no es aislado. Distintos recuentos periodísticos y académicos cifran ya en al menos 38-39 ataques los realizados contra lanchas sospechosas en el Caribe y el Pacífico desde 2025, con un saldo mortal superior a las 133 víctimas. Lo más llamativo es que, aun así, Washington apenas ha presentado pruebas públicas sobre qué organizaciones concretas estarían detrás de cada embarcación, más allá de referencias genéricas a carteles o guerrillas latinoamericanas.
Del combate al narco a la lógica de guerra
Lo que empezó como una ofensiva puntual contra lanchas cargadas de cocaína se ha convertido en una campaña militar estructurada: Operation Southern Spear, bajo mando directo del Comando Sur y con participación de buques de guerra, drones armados y aviones de vigilancia desplegados en el Caribe y el Pacífico oriental.
La narrativa oficial, impulsada por la administración de Donald Trump, es clara: se trataría de una “guerra contra el narco-terrorismo”, en la que las embarcaciones atacadas serían extensiones logísticas de organizaciones designadas como terroristas, vinculadas a grupos criminales de países como Venezuela o Colombia.
Sin embargo, el salto conceptual es enorme. Lo que antes eran operaciones de interdicción —abordajes, incautaciones y detenciones— se transforma ahora en una lógica de ataque preventivo y aniquilación del objetivo, sin captura ni juicio. Funcionarios estadounidenses han llegado a sostener que estos bombardeos han llevado a algunos traficantes a “suspender indefinidamente” sus operaciones, aunque sin aportar datos verificables.
Este hecho revela un cambio de paradigma: del enfoque policial y judicial clásico a una estrategia militar que, en la práctica, equipara a tripulaciones de lanchas rápidas con combatientes enemigos en un teatro de operaciones.
On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi
— U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026
La zona gris legal en aguas internacionales
La consecuencia es clara: las dudas jurídicas se multiplican. Buena parte de los ataques se han producido en aguas internacionales, donde rige la libertad de navegación y donde los Estados deben demostrar una base legal sólida para interceptar y, mucho más, para destruir embarcaciones civiles.
Expertos en derecho internacional recuerdan que, incluso en el marco de la lucha contra el narcotráfico, los tratados vigentes contemplan la captura de buques sospechosos y la detención de tripulaciones, no su eliminación mediante misiles aire-mar. En ausencia de un conflicto armado reconocido, hablan de riesgo de “ejecuciones extrajudiciales” incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.
El contraste con décadas anteriores resulta demoledor. Tradicionalmente, la Guardia Costera y agencias como la DEA asumían el peso de la persecución del narcotráfico marítimo, con juicios posteriores en tribunales federales. Hoy, en cambio, las decisiones de disparar un misil se toman en centros de mando militares, lejos de cualquier control judicial inmediato.
El diagnóstico es inequívoco para muchas ONG: si los muertos son simples marineros o intermediarios sin armas pesadas, el umbral legal para tratarlos como combatientes no se habría superado, y el uso de la fuerza letal a distancia sería desproporcionado.
Narco-terrorismo: etiqueta política, pruebas escasas
Otro punto crítico es la etiqueta de “narco-terroristas” que el Pentágono aplica sistemáticamente a los fallecidos. SOUTHCOM insiste en que las embarcaciones atacadas son “operadas por organizaciones terroristas designadas”, pero rara vez identifica a qué grupo se refiere en cada caso concreto, ni presenta pruebas públicas de esa vinculación.
Los pocos detalles filtrados apuntan a organizaciones como el Tren de Aragua venezolano o el Ejército de Liberación Nacional colombiano, pero, de nuevo, sin documentación accesible. Mientras tanto, investigaciones independientes han revelado que muchos de los muertos eran pescadores, jornaleros o tripulaciones reclutadas por su conocimiento del mar, lejos del perfil de grandes capos.
Este uso extensivo del concepto “narco-terrorismo” tiene consecuencias políticas claras. Permite a Washington presentar las operaciones como parte de una continuación de la “guerra contra el terror”, con un lenguaje que recuerda a Afganistán o Irak, pero aplicado ahora a lanchas de fibra de vidrio en el Caribe.
La pregunta de fondo es incómoda: ¿se está banalizando la categoría de terrorismo para legitimar acciones que, de otro modo, serían percibidas como simples bombardeos contra sospechosos de tráfico de drogas?
El efecto dominó en el Caribe y América Latina
Más allá de la disputa jurídica, la región ya siente el efecto dominó. Países ribereños del Caribe observan con inquietud cómo misiles lanzados desde drones o buques estadounidenses impactan en embarcaciones a decenas de millas de sus costas, sin aviso previo ni coordinación política visible.
Para gobiernos con instituciones frágiles y economías muy dependientes del turismo y la pesca, una campaña de fuego real en sus proximidades supone un riesgo añadido. Un error de identificación, un impacto sobre un barco pesquero o una tragedia filmada por teléfonos móviles podrían desatar crisis diplomáticas y protestas internas.
Al mismo tiempo, el énfasis en golpear rutas caribeñas no siempre encaja con los datos. Informes de la ONU y de organismos regionales subrayan que entre el 70% y el 80% de la cocaína del mundo utiliza rutas marítimas, pero la mayor parte de la que llega a los mercados de consumo lo hace por el Pacífico y por corredores terrestres gestionados por carteles mexicanos.
El contraste entre el foco militar en zonas próximas a Venezuela y la realidad de los flujos globales alimenta la sospecha de que la campaña tiene también una dimensión geopolítica: presión sobre regímenes incómodos y demostración de fuerza naval en una zona históricamente sensible para Washington.
Europa y España ante un nuevo patrón de intervención
Aunque los misiles caen lejos, Europa —y especialmente países como España— no son actores neutrales en este tablero. El Atlántico y el propio mar Caribe son corredores clave no solo para la droga que se dirige a Estados Unidos, sino también para la que termina en puertos europeos como Algeciras, Rotterdam o Amberes.
Informes recientes de la UNODC señalan que cerca del 80% de las incautaciones de cocaína están vinculadas a rutas marítimas, y que las redes que mueven la droga hacia Europa utilizan combinaciones de contenedores, barcos pesqueros y veleros. En ese contexto, la normalización de ataques letales contra embarcaciones sospechosas abre un precedente que otros actores podrían tratar de emular.
Para España, que combina su papel de frontera exterior de la UE con fuertes intereses económicos y culturales en América Latina, el dilema es doble. Por un lado, comparte la preocupación por el auge del narcotráfico y la violencia asociada. Por otro, difícilmente puede avalar una doctrina de “misiles primero, preguntas después” sin erosionar su propio discurso en defensa del derecho internacional y los derechos humanos.
El debate no es teórico. Si el modelo de ataques a distancia se extiende, podría tensionar operativos conjuntos, acuerdos de cooperación policial y marcos como el de la lucha coordinada contra el narcotráfico en el Atlántico.
