Suiza desafía a Europa con referéndum para limitar la inmigración y cuestiona la UE

La decisión de Suiza de someter a referéndum un tope máximo de 10 millones de habitantes antes de 2050 no es una excentricidad alpina, sino una enmienda a la totalidad al equilibrio actual entre crecimiento económico, inmigración y soberanía en Europa. Hoy el país ronda los 9,1 millones de residentes, con cerca de un 30% de población nacida en el extranjero, y las encuestas sitúan el apoyo a la iniciativa en torno al 48% de los votantes.
El texto, impulsado por el Partido Popular Suizo (SVP), obliga a activar frenos migratorios cuando se alcancen los 9,5 millones y contempla renegociar —e incluso romper— los acuerdos de libre circulación con la UE si el techo se rebasa de forma permanente.
Mientras tanto, España acaba de aprobar una regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de inmigrantes, en plena presión sobre vivienda, empleo juvenil y seguridad en fronteras, y Italia avanza hacia un “bloqueo naval” para cerrar el Mediterráneo central.
La pregunta ya no es solo qué hará Suiza el 14 de junio, sino cómo digerirá el resto del continente que un país integrado en el espacio Schengen plante cara, en las urnas, al dogma de la libre circulación.

Un referéndum que apunta al corazón de Schengen

El Gobierno suizo ha fijado el 14 de junio de 2026 como fecha para votar la llamada “iniciativa de sostenibilidad”, que pretende inscribir en la Constitución que la población residente permanente no podrá superar los 10 millones antes de 2050. A partir de los 9,5 millones, el Ejecutivo se vería obligado a endurecer el asilo, limitar la reagrupación familiar y revisar acuerdos internacionales que alimenten el crecimiento demográfico.
La cláusula más explosiva es explícita: si el umbral de 10 millones se supera de forma estable, el Gobierno deberá “tomar todas las medidas necesarias”, incluida la ruptura del acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea. Eso significa tocar el núcleo mismo del modelo suizo: un país no miembro de la UE pero profundamente integrado en su mercado único, que ha basado buena parte de su éxito en atraer mano de obra extranjera altamente cualificada.
El Ejecutivo federal y la mayoría del Parlamento piden el “no”, al igual que la gran patronal Economiesuisse, que ha bautizado la propuesta como “iniciativa del caos” por el riesgo de escasez de personal en sanidad, construcción, transporte público y restauración. Sin embargo, dos sondeos consecutivos con un 48% de apoyos demuestran que el malestar con la inmigración masiva no es patrimonio de grupos marginales, sino una corriente de fondo que atraviesa a la clase media suiza.

Diez millones de habitantes: la aritmética política suiza

Detrás del referéndum hay una aritmética que en Madrid y Roma miran con atención. Suiza ha pasado de 7 millones de habitantes en los años noventa a más de 9 millones hoy, con un incremento muy superior al de la mayoría de sus vecinos. El año pasado el país registró un saldo migratorio neto de alrededor de 180.000 personas, impulsado por salarios elevados, bajos impuestos y estabilidad institucional.
Los promotores sostienen que este ritmo es “insostenible” para infraestructuras, mercado de vivienda y medioambiente, y que el país corre el riesgo de convertirse en una “megalópolis alpina” donde la calidad de vida —tráfico, alquileres, presión sobre escuelas y hospitales— se degrade irreversiblemente. Sus carteles son elocuentes: trenes abarrotados, atascos y bloques de pisos que devoran montañas.
Los detractores replican con números igual de contundentes: casi un tercio de la fuerza laboral procede del extranjero, en sectores donde la sustitución es inviable a corto plazo: enfermería, geriatría, ingeniería, hostelería, logística. Sin esa mano de obra, advierten, no solo sufriría el PIB, sino también la sostenibilidad de las pensiones y la capacidad de financiar un Estado del bienestar generoso.
El diagnóstico es inequívoco: el referéndum no solo mide el rechazo a la inmigración, sino el grado de riesgo que los votantes están dispuestos a asumir sobre su propio modelo económico a cambio de frenar el crecimiento demográfico.

España como ‘estado tapón’: regularización masiva y efecto llamada

Mientras Suiza debate cómo pisar el freno, España acelera en la dirección contraria. El Gobierno ha impulsado una regularización extraordinaria de en torno a 500.000 inmigrantes en situación irregular, con requisitos laxos y plazos administrativos muy ajustados —apenas unos pocos meses para verificar antecedentes y encaje en el mercado laboral—.
El analista de políticas migratorias Rubén Pulido alerta de que España corre el riesgo de convertirse en un “estado tapón”: país que asume el grueso de las llegadas irregulares, las transforma en residentes legales y, al mismo tiempo, sirve de plataforma de tránsito hacia el corazón de Europa. A su juicio, la medida “deteriora la seguridad y la cohesión social, genera efecto llamada y castiga a quien cumplió la ley”.
La situación es especialmente delicada en fronteras aéreas y portuarias, donde la presión migratoria se combina con recursos limitados para identificación y control. La posibilidad de que países como Suiza endurezcan sus condiciones de entrada o incluso revisen los acuerdos de libre circulación añade un incentivo para que los flujos se concentren aún más en la periferia sur de la UE.
Si Berna cierra parcialmente su puerta, el riesgo para España es claro: convertirse en almacén de tensiones que otros países ya no están dispuestos a absorber, con impactos directos en desempleo juvenil, presión sobre la vivienda y conflictividad en barrios ya tensionados.

Italia endurece el Mediterráneo: bloqueos navales y mensaje disuasorio

En el otro extremo del arco sur, Italia ha optado por el camino opuesto. El Gobierno de Giorgia Meloni acaba de aprobar un proyecto de ley que legaliza el llamado “bloqueo naval”: la posibilidad de prohibir a determinados buques —en la práctica, embarcaciones de ONG y barcos con migrantes— entrar en aguas territoriales italianas durante 30 días, prorrogables hasta seis meses, en casos de “amenaza grave” al orden público o cuando exista una “presión migratoria excepcional”.
La norma, que debe ser todavía refrendada por el Parlamento, prevé multas de hasta 50.000 euros y confiscación de los barcos que incumplan las restricciones, y refuerza las facultades para la expulsión inmediata de extranjeros condenados por ciertos delitos. Al mismo tiempo, blinda el polémico modelo de centros de procesamiento en terceros países —como Albania—, alineándose con el nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo.
Las ONG han denunciado la iniciativa como “repugnante” y contraria al derecho internacional de salvamento marítimo, mientras la oposición de centroizquierda la tacha de “gesto propagandístico” que no aborda las causas de fondo. Sin embargo, el mensaje político es diáfano: Italia prefiere asumir el coste reputacional de imágenes duras en el Mediterráneo antes que seguir gestionando cifras de llegadas que percibe como inasumibles.
El contraste con España y su regularización masiva envía una señal ambivalente al otro lado del mar: mientras un país cierra el paso con la marina, el otro anuncia papeles en tiempo récord. El Mediterráneo lee ambas cosas a la vez.

Inmigración como parche demográfico: el aviso de Macarrón

El demógrafo Alejandro Macarrón lleva años advirtiendo de que la combinación de baja natalidad crónica e inmigración masiva está transformando de forma acelerada la estructura social de España. Su diagnóstico es incómodo para gobiernos de todos los colores: “la inmigración solo puede ser una solución parcial y arriesgada; ni va a pagar nuestras pensiones ni detiene el envejecimiento social, solo lo ralentiza”.
Macarrón subraya que, si la tendencia continúa, en dos décadas los inmigrantes y sus descendientes pueden convertirse en mayoría en ciertas franjas de edad, especialmente en grandes áreas metropolitanas. Esto no implica un juicio moral sobre las personas, pero sí un cambio cultural y político profundo que nadie parece dispuesto a debatir de frente.
Además, recuerda que la llegada masiva de población a países con altas tasas de paro y un déficit crónico de vivienda —como España— no solo no resuelve los problemas económicos, sino que los agrava: más presión sobre el erario en prestaciones, más congestión en sanidad y educación, más tensión en alquileres ya disparados.
El referéndum suizo, visto desde esta lente, no es una rareza, sino el caso extremo de un debate que Europa ha aplazado demasiado tiempo: hasta qué punto es sostenible usar la inmigración como parche demográfico en sociedades que han renunciado a promover en serio la natalidad propia.

¿Puede el modelo europeo soportar un giro suizo?

El movimiento de Suiza llega en un momento en que la UE acaba de cerrar un nuevo Pacto de Migración y Asilo, más restrictivo en la admisión y más exigente en las devoluciones, impulsado precisamente por países del centro y del este que se sienten sometidos a presiones migratorias crecientes.
Aunque Berna no forma parte de la Unión, sí está integrada en Schengen y en el mercado interior a través de una compleja red de acuerdos bilaterales. Si el referéndum se aprueba y obliga a renegociar —o incluso cancelar— la libre circulación con la UE, el impacto será doble: económico, por la pérdida de acceso fluido a mano de obra y empresas europeas, y político, porque abriría la puerta a que otros países exijan excepciones similares.
Un “sí” en Suiza reforzaría a las fuerzas soberanistas que, desde Francia hasta Países Bajos, reclaman recuperar control sobre cuotas migratorias y condiciones de residencia. Un “no” claro, en cambio, se leería como aval al statu quo, pero no borraría las tensiones que han llevado a casi la mitad del electorado suizo a plantearse cerrar la puerta a partir de un determinado número de habitantes.
En cualquier caso, la votación marca un precedente peligroso para la idea de una Europa articulada sobre la libre circulación: si incluso un país rico, estable y con pleno empleo teme desbordarse, ¿qué pueden pensar las sociedades que viven entre el paro estructural y la precariedad?

El referéndum helvético no decidirá el futuro demográfico de España, pero sí revela hacia dónde se mueve el péndulo europeo. Y, una vez más, el sur del continente corre el riesgo de enterarse tarde.