El Congreso de EEUU se encamina a un cierre de Seguridad Nacional sin ver una salida
El Senado de Estados Unidos ha abandonado Washington sin un acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) más allá del viernes. El resultado es un nuevo cierre parcial que afectará a más de 260.000 empleados, con impacto directo en FEMA, la TSA, la Guardia Costera, la CISA y el Servicio Secreto.
Paradójicamente, las dos agencias en el centro de la tormenta política —ICE y la Patrulla de Fronteras (CBP)— apenas notarán el golpe: disponen ya de decenas de miles de millones de dólares blindados por la ley migratoria que la Casa Blanca bautizó como One Big Beautiful Bill Act.
Los demócratas han bloqueado tanto la ley de gasto anual como una prórroga de dos semanas, exigiendo cambios profundos en ICE tras la muerte de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes federales.
En el otro lado, el presidente Trump y los republicanos del Senado acusan a la oposición de jugar con el cierre para contentar a su base electoral a meses de las elecciones de medio mandato.
La escena, repetida por segunda vez en lo que va de mes, revela una pregunta incómoda: ¿quién tiene realmente la palanca en esta crisis cuando la agencia más polémica ya tiene garantizado su dinero?
Un cierre con impacto asimétrico
El cierre del DHS, que se activará a las 12:01 de la madrugada del sábado, es el segundo parón parcial del Gobierno federal en apenas dos semanas. Sin embargo, su impacto está muy lejos de ser uniforme.
Por un lado, ICE y CBP, la punta de lanza de la agenda migratoria de Trump, llegan a la fecha límite con los deberes hechos: el One Big Beautiful Bill Act, firmado el año pasado, les ha proporcionado tens of billions de dólares para operaciones y refuerzo de plantillas. Aunque el DHS se quede sin nuevas partidas, las unidades de deportación y control fronterizo seguirán funcionando con normalidad.
En el otro extremo, agencias críticas como la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA) y el Servicio Secreto tendrán que activar planes de contingencia.
Miles de funcionarios serán declarados “esenciales” y deberán seguir trabajando sin cobrar, mientras otros serán enviados a casa. La capacidad de respuesta ante desastres naturales, la seguridad de aeropuertos o la protección frente a ciberataques quedará, como mínimo, “limitada”, según admiten senadores del Comité de Apropiaciones.
La consecuencia es clara: el cierre castiga sobre todo a los servicios menos ideologizados, pero deja prácticamente intacta la maquinaria más controvertida del aparato migratorio.
El “Big Beautiful Bill” que desarma la palanca demócrata
Entre bambalinas, muchos demócratas admiten que el gran error estratégico se cometió meses atrás, cuando aceptaron la gigantesca ley migratoria de Trump. Ese paquete, rebautizado desde la Casa Blanca como “One Big Beautiful Bill Act”, concentró en un solo texto un aumento masivo de fondos para ICE y CBP, nuevas competencias y flexibilidad operativa.
Hoy, ese “éxito legislativo” se ha convertido en un boomerang. John Fetterman, el único senador demócrata que votó a favor de tramitar el proyecto de gasto completo de Seguridad Nacional, lo resumió sin rodeos: “¿Cuál es la maldita salida para los demócratas en esto? Una vez que has puesto esto en marcha, ICE ya tiene todo el dinero del ‘Big Beautiful Bill’ que necesita. ¿Dónde está nuestra palanca?”
Su diagnóstico es demoledor: aunque los demócratas bloqueen el presupuesto del DHS, no pueden estrangular financieramente a ICE, porque el grueso de su financiación ya está asegurado por otra vía. El cierre golpea al resto de la casa, pero deja al inquilino más problemático con la despensa llena.
Este hecho revela hasta qué punto la táctica del cierre ha perdido eficacia como herramienta de presión. Cuando las grandes partidas sensibles se blindan ex ante, el chantaje presupuestario se convierte en un arma roma que daña más al conjunto del sistema que a la política concreta que se pretende modificar.
Minneapolis y la ira de la base: demócratas sin salida limpia
La actual crisis no se entiende sin el contexto de Minneapolis. La muerte a tiros de dos manifestantes en una operación de ICE ha desatado una tormenta perfecta entre votantes y donantes demócratas, que ven en el episodio la prueba de que la agencia se ha convertido en un cuerpo fuera de control.
Senadoras como Jeanne Shaheen o Catherine Cortez Masto han optado por plantar cara en el único terreno donde el Congreso conserva un poder real: el presupuesto. “No es aceptable que tengamos una agencia federal matando a ciudadanos estadounidenses en la calle y no tomemos ninguna medida”, ha zanjado Shaheen.
Junto a ellas, un grupo de centristas que el año pasado resistió 43 días de cierre antes de apoyar un acuerdo de reapertura, ha decidido esta vez trazar una línea roja en ICE, aun a costa de asumir el coste de un nuevo parón.
El problema es que la maniobra carece de final claro. La base exige reformas profundas —desde límites a las redadas hasta la desmilitarización de operaciones—, pero la Casa Blanca apenas ha movido ficha más allá de anunciar el fin del despliegue masivo en Minnesota. Mientras, los demócratas más pragmáticos temen que la foto de aeropuertos colapsados y guardacostas sin cobrar se vuelva contra ellos.
Lo más grave para el partido es la sensación de improvisación: se ha activado la bomba del cierre sin un plan evidente para desactivarla en términos políticamente aceptables.
Trump y los republicanos: máximo apoyo a ICE, mínimo incentivo a pactar
En el otro lado del tablero, los republicanos perciben que el tiempo juega a su favor. El líder de la mayoría, John Thune, asegura que ve a la Casa Blanca cediendo “paso a paso” en algunos detalles, pero señala a los demócratas del Senado por no responder con contrapropuestas realistas.
El mensaje oficial es simple: “Estamos listos para financiar todo, son ellos los que bloquean la seguridad nacional”. El látigo republicano, John Barrasso, lo explicitó en el hemiciclo: si se defunde el DHS, “el dolor se extenderá por todo el país”, desde las colas en los aeropuertos hasta la ayuda en catástrofes naturales.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha desactivado uno de los argumentos de la oposición al anunciar el fin de la operación intensiva de ICE en Minnesota, dirigida por el “zar de la frontera” Tom Homan. Un gesto calculado para poder decir que ha habido rectificación sin tocar un solo párrafo estructural de la agencia.
El cálculo electoral es evidente. A pocos meses de los midterms, Trump puede presentarse como el defensor implacable de la frontera y el orden público, mientras acusa a los demócratas de sacrificar la seguridad de los vuelos o la respuesta ante huracanes por “ideología”. Con ICE y CBP financieramente blindadas, el incentivo republicano para ceder en reformas es mínimo.
Las agencias en la cuerda floja: FEMA, TSA y la Guardia Costera
Mientras el pulso político se recrudece, las consecuencias empiezan a bajar por la cadena de mando. Nadie en el Comité de Apropiaciones se atreve a cuantificar el impacto exacto, pero todos coinciden en que la operativa de las agencias no migratorias del DHS será “limitada”.
En la TSA, decenas de miles de agentes se consideran personal esencial, lo que significa que deberán seguir acudiendo a sus puestos en aeropuertos de todo el país sin garantía de cobrar a final de mes. En cierres anteriores, esto se tradujo en bajas por enfermedad masivas, retrasos y cancelaciones que afectaron a millones de pasajeros.
La Guardia Costera, con responsabilidades que van desde el control de drogas hasta el rescate en alta mar, se enfrenta al mismo dilema: mantener patrullas críticas con tripulaciones que empiezan a acumular nóminas pendientes. FEMA, por su parte, ve cómo el cierre llega en plena temporada de tormentas invernales, con varios estados aún ejecutando programas de reconstrucción tras desastres recientes.
A todo ello se suma la CISA, responsable de proteger infraestructuras críticas frente a ciberataques, y el Servicio Secreto, encargado de la seguridad del presidente y otras altas autoridades, que tendrán que priorizar misiones con plantillas tensionadas y presupuestos en modo supervivencia.
En la práctica, la Alianza federal se dispone a seguir funcionando a base de parches humanos mientras el Congreso juega a la política del filo de la navaja.
Del récord de 43 días al “metal contra metal” permanente
La actual crisis no es un episodio aislado, sino el último capítulo de una secuencia que ha normalizado el cierre como herramienta partidista. El pasado año, el país sufrió un shutdown récord de 43 días, que solo terminó cuando ocho demócratas, entre ellos Fetterman, Cortez Masto y Shaheen, rompieron filas y votaron un acuerdo para reabrir el Gobierno.
Desde entonces, el Congreso ha encadenado una sucesión de parches: un intento fallido de prórroga global en septiembre, un mini-cierre a principios de enero por la incapacidad de aprobar cinco leyes de gasto antes del día 30, y ahora este segundo parón parcial de febrero.
Un senador demócrata, bajo anonimato, lo resumía con crudeza: “Everybody hates everybody”. La frase, más allá de la hipérbole, refleja una verdad incómoda: el espacio de compromiso se ha estrechado hasta el punto de que, en palabras del propio legislador, la política en Washington se ha convertido en “metal contra metal”, un choque constante sin amortiguadores institucionales.
El contraste con otros momentos de crisis —como la gran recesión de 2008 o los atentados del 11-S— resulta demoledor. Entonces, la presión de la opinión pública empujó a las partes a pactar. Hoy, el cálculo es que un nuevo cierre parcial apenas moverá un punto de intención de voto en los midterms.
