La jefa antimonopolio del Departamento de Justicia de EEUU comunica que se va, de inmediato

La hasta ahora máxima responsable de la política de competencia en Estados Unidos ha dejado su cargo en el momento más delicado para las grandes fusiones corporativas del país. Gail Slater, asistente del fiscal general y jefa de la División Antitrust del Departamento de Justicia, anunció su dimisión “con gran tristeza y esperanza perseverante”, efectiva de inmediato, a través de un mensaje en X. Su marcha se produce cuando gigantes como Netflix y Paramount Skydance pugnan por hacerse con el control de Warner Bros. Discovery, bajo la mirada de un presidente, Donald Trump, que había insinuado su intención de intervenir personalmente en el examen de la operación. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia se prepara para ir a los tribunales en su intento de frenar el dominio de Live Nation-Ticketmaster, mientras las acciones del grupo de conciertos reaccionan al alza a la noticia de la dimisión. El resultado es una mezcla explosiva de incertidumbre política, presión corporativa y fragilidad regulatoria en la mayor economía del mundo.

Una renuncia inmediata en un momento decisivo

Slater comunicó su salida en un breve mensaje en X en el que afirmaba: “Es con gran tristeza y con una esperanza perdurable que dejo hoy mi cargo como AAG de Antitrust. Ha sido sin duda el honor de mi vida servir en este puesto”. En la misma publicación trasladó su agradecimiento “muy especialmente a los hombres y mujeres del Departamento”, subrayando así el papel del cuerpo técnico en un área donde los litigios se prolongan durante años y marcan la estructura de mercados enteros.

La dimisión con efecto inmediato refuerza la sensación de vacío en un momento en que el Departamento de Justicia tiene sobre la mesa algunos de los casos más sensibles de la última década. La fiscal general Pam Bondi difundió un comunicado oficial en el que agradecía a Slater su trabajo al frente de una división “que protege a los consumidores, promueve la asequibilidad y amplía las oportunidades económicas”. El tono institucional contrasta con la creciente politización del debate sobre competencia en Estados Unidos, donde cada gran operación es leída no solo en clave económica, sino también electoral y geopolítica.

Un año intenso al frente de la División Antitrust

Cuando el Senado confirmó a Slater, 78 senadores de ambos partidos votaron a favor y solo 19 se opusieron, un margen cercano al 80% de apoyo poco habitual en la polarizada política estadounidense. Ese respaldo reflejaba la expectativa de continuidad institucional en una división que, más allá de los cambios de administración, mantiene equipos de carrera con décadas de experiencia en sectores clave: tecnología, medios, sanidad o energía.

Sin embargo, el mandato de Slater ha coincidido con un ciclo excepcionalmente intenso de concentración empresarial, en el que grandes grupos han tratado de cerrar acuerdos antes de que posibles cambios regulatorios eleven el listón de escrutinio. La jefa antimonopolio ha tenido que maniobrar entre las presiones de un Congreso dividido, las demandas de consumidores y empresas rivales y la presión directa de los despachos de Wall Street.

Aunque el comunicado oficial evita mencionar las razones de la salida, la coincidencia temporal con varios expedientes de alto voltaje alimenta la lectura de una renuncia en pleno fuego cruzado. En Washington, la batalla por la competencia se libra también en el terreno de los equilibrios personales y del desgaste político que generan los grandes casos.

Hollywood, en el epicentro de la batalla por la competencia

La dimisión de Slater llega justo cuando Netflix y Paramount Skydance compiten por el control de Warner Bros. Discovery, el conglomerado que agrupa activos como HBO o CNN. Se trata de una operación de tamaño y complejidad suficientes como para redefinir el mapa de Hollywood y del ‘streaming’ global, y que obligaría al Departamento de Justicia a valorar si el nuevo gigante resultante podría limitar la competencia en la producción y distribución de contenidos.

El texto de la noticia subraya que los “medios gigantes” “batallan por el control de Warner Bros. Discovery”, dejando entrever un escenario de puja intensa en el que las partes buscan también condiciones regulatorias favorables. En este contexto, el vacío de liderazgo en la División Antitrust añade incertidumbre: los equipos técnicos pueden seguir trabajando, pero la estrategia final, las prioridades de litigio y la disposición a llegar a acuerdos dependen en última instancia de la cúspide política.

El precedente de otras grandes operaciones en el sector —como la compra de estudios y cadenas por parte de gigantes tecnológicos— muestra que la respuesta del regulador puede inclinar la balanza a favor de un candidato u otro. Que la máxima responsable de competencia abandone el cargo en medio de esa partida añade un factor más de riesgo a unas negociaciones ya de por sí complejas.

Trump recula y promete dejar actuar al Departamento de Justicia

Uno de los elementos más delicados del caso Warner Bros. es la interferencia política explícita. El propio Donald Trump había declarado que pensaba “involucrarse” en la revisión del acuerdo que finalmente prosperase, una injerencia inusual en un campo donde, al menos formalmente, se respeta la autonomía técnica del Departamento de Justicia. Que el presidente anticipe su participación personal en una decisión de competencia introduce dudas sobre la independencia del regulador y abre la puerta a acusaciones de favoritismo.

Sin embargo, en una entrevista posterior con NBC News, Trump matizó su postura: “Me han llamado ambos bandos, son las dos partes, pero he decidido que no debo involucrarme”, afirmó, para rematar: “El Departamento de Justicia se encargará”. Sobre el papel, la rectificación devuelve la pelota al tejado de los servicios jurídicos del Estado, pero deja tras de sí la señal de que la Casa Blanca ha seguido muy de cerca la operación.

El hecho de que Trump se haya reunido con ejecutivos de ambos postores refuerza la percepción de un proceso en el que la influencia política y el lobby corporativo se mezclan. La marcha de Slater se produce, precisamente, en ese punto de fricción entre la presión del poder ejecutivo y la autonomía que se presupone a la División Antitrust.

La cruzada contra el gigante de los conciertos

El Departamento de Justicia no solo tiene abierto el frente de los medios. En cuestión de semanas, está previsto que la institución acuda a los tribunales para intentar impugnar la propiedad de Ticketmaster por parte de Live Nation, el mayor operador mundial de conciertos y recintos. El Gobierno sospecha que la integración vertical entre la gestión de artistas, giras y venta de entradas genera un poder de mercado difícil de contrarrestar por rivales más pequeños.

La reacción bursátil a la dimisión de Slater fue inmediata: las acciones de Live Nation llegaron a subir un 5,8% tras conocerse la noticia, aunque el rally se moderó después hasta quedar en torno a un 2,5% a la una de la tarde en la Costa Este. El mensaje que lee el mercado es claro: un regulador descabezado es, potencialmente, un regulador menos agresivo, o al menos menos previsible.

En términos de competencia, el caso Live Nation-Ticketmaster se ha convertido en un símbolo de hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno estadounidense para deshacer conglomerados que considera abusivos. La combinación de una megafusión mediática por resolver y un juicio antimonopolio emblemático en la agenda inmediata convierte la salida de Slater en algo más que un simple cambio de nombres en el organigrama.

Señal de alerta para el mercado de fusiones

La marcha de la jefa antimonopolio se lee también en clave de riesgo regulatorio para el amplio pipeline de fusiones y adquisiciones en Estados Unidos. En un entorno de tipos de interés todavía elevados pero estabilizados, muchas compañías han vuelto a poner sobre la mesa operaciones de consolidación para ganar escala, recortar costes y reforzar su posición frente a competidores globales.

Cada vez que se produce un relevo en la cima de la División Antitrust, los despachos de abogados y bancos de inversión reevalúan la probabilidad de que sus acuerdos superen el examen del regulador. La dimisión abrupta y sin sucesor anunciado introduce un periodo de transición en el que los criterios pueden volverse más erráticos: algunos equipos pueden optar por retrasar la presentación formal de operaciones hasta conocer al nuevo responsable; otros, en cambio, podrían intentar aprovechar el interregno para acelerar aprobaciones.

En cualquiera de los casos, la señal es inequívoca: el marco de competencia estadounidense está en plena redefinición. La combinación de presión política, sensibilidad social ante los monopolios y cambios tecnológicos acelerados hace que la figura del jefe antimonopolio sea hoy más estratégica que en otros momentos del ciclo.

El efecto en cadena de la marcha del número dos

La sensación de vacío se agrava por la salida casi simultánea del número dos de la división. El subasistente del fiscal general para Antitrust, Mark Hamer, anunció esta misma semana en LinkedIn que dejaba el cargo para “volver al ejercicio privado de la abogacía”. En su mensaje, elogió a Slater como una “líder de excepcional sabiduría, fortaleza e integridad”, subrayando así la alineación entre ambos en la etapa que ahora se cierra.

Dos salidas de este calibre en cuestión de días suponen algo más que un cambio generacional: implican la pérdida de capital político y técnico acumulado en los dos escalones clave de la división. En un área donde los casos se preparan durante años, y donde cada demanda implica coordinar equipos de economistas, abogados y expertos sectoriales, la continuidad del liderazgo es un activo crítico.

El regreso de Hamer al sector privado reaviva además el debate sobre las puertas giratorias. Los mismos perfiles que han dirigido investigaciones sobre grandes grupos empresariales pueden acabar asesorando, en cuestión de meses, a compañías sometidas a escrutinio. Sin un régimen estricto de incompatibilidades, esa circulación constante entre regulador y mercado alimenta las dudas sobre la confianza en el sistema antimonopolio.

Qué se juega ahora en la política de competencia estadounidense

La dimisión de Gail Slater y la salida de su adjunto dejan a la política de competencia de Estados Unidos en una situación delicada, en un momento en que se decide el futuro de sectores enteros. Desde los contenidos audiovisuales hasta la industria de los conciertos en vivo, pasando por plataformas digitales y grandes tecnológicas, las decisiones de la División Antitrust marcarán qué niveles de concentración se consideran aceptables y cuáles no.

A corto plazo, la prioridad será nombrar un sustituto capaz de combinar credibilidad técnica y respaldo político, algo nada sencillo en un contexto de confrontación partidista. A medio plazo, la cuestión central será si el nuevo liderazgo mantiene una línea contundente frente a las megafusiones o si, por el contrario, adopta un enfoque más pragmático y negociador.

En cualquier caso, el mensaje para las grandes corporaciones es evidente: el riesgo regulatorio vuelve a estar en el centro del cálculo estratégico. Y para los consumidores y competidores más pequeños, el desenlace de las batallas de Warner Bros. y Live Nation-Ticketmaster será la vara de medir hasta dónde está dispuesta a llegar la mayor economía del planeta para defender la competencia en los mercados que definen la cultura y el ocio del siglo XXI.