La 38ª ofensiva naval de EEUU contra lanchas narco deja dos muertos
La última operación de la Marina estadounidense en el Pacífico oriental se salda con dos fallecidos y un superviviente en una lancha identificada como “narco-terrorista” por el mando militar de Estados Unidos. El ataque, un “golpe cinético letal” dirigido desde el aire, forma parte de la campaña Operation Southern Spear, que desde 2025 ha hundido casi cuarenta embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en nombre de la lucha contra el narcotráfico. El caso vuelve a abrir el debate sobre hasta dónde puede llegar Washington en escenarios que mezclan guerra contra las drogas, lucha antiterrorista y seguridad marítima. Lo que el Pentágono presenta como un éxito táctico empieza a acumular un coste humano —al menos 130 muertos en 38 ataques— y un ruido jurídico y político que ningún socio regional puede ignorar.
Una lancha en el punto de mira en el Pacífico oriental
Según el comunicado del mando militar estadounidense, una fuerza conjunta bajo el paraguas de Joint Task Force Southern Spear ejecutó el lunes un ataque de precisión contra una lancha que navegaba por una ruta de narcotráfico ya “consolidada” en el Pacífico oriental. La nave, aseguran, estaba operada por grupos catalogados como organizaciones terroristas y dedicada al transporte de drogas hacia Norteamérica.
El resultado inmediato fue la muerte de dos tripulantes y la supervivencia de un tercero, rescatado posteriormente tras activarse el dispositivo de búsqueda y salvamento marítimo. La operación se enmarca en la nueva doctrina de golpes rápidos desde el aire y mar, apoyados en inteligencia electrónica y vigilancia satelital, que permite al ejército estadounidense localizar y destruir embarcaciones pequeñas a cientos de millas de la costa en cuestión de minutos.
Lo más significativo es que no hubo abordaje previo ni incautación visible de carga. El barco fue tratado desde el principio como un objetivo legítimo, no como un activo de prueba judicial. Este hecho revela hasta qué punto la lógica militar ha desplazado a la lógica policial en la nueva fase de la guerra contra la droga en el hemisferio occidental.
La doctrina del “golpe cinético letal”
El ataque fue autorizado personalmente por el comandante del mando regional, el general Francis L. Donovan, al frente de un dispositivo que combina medios navales, aéreos y de inteligencia desplegados desde el Caribe hasta el Pacífico oriental. En la terminología del Pentágono, se trata de un “lethal kinetic strike”: un golpe quirúrgico destinado a neutralizar la embarcación y a toda su tripulación mediante armamento guiado de alta precisión.
Esta doctrina se apoya en dos premisas: que los barcos hundidos son plataformas logísticas de organizaciones terroristas designadas, y que su destrucción preventiva evita la llegada de cargamentos de cocaína y fentanilo al mercado estadounidense. Desde septiembre de 2025, Southern Spear ha ido desplazando el foco de los tradicionales operativos de interdicción —persecución, disparos de aviso, abordaje e incautación— a ataques directos desde el aire, sin contacto físico previo con los sospechosos.
Sin embargo, el propio lenguaje empleado —“narco-terroristas”, “objetivos designados”, “golpes letales”— conecta más con escenarios bélicos que con la persecución penal clásica. La consecuencia es clara: cada ataque se parece menos a una operación policial y más a un episodio de guerra irregular en alta mar, con todas las implicaciones legales y políticas que ello conlleva.
Un balance de 130 muertos y apenas tres capturados
El caso de esta última lancha no es un episodio aislado, sino un eslabón más de una cadena que ya preocupa a organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional. Según los recuentos independientes, la campaña de ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico ha dejado al menos 130 muertos en 38 operaciones sobre 37 barcos desde septiembre de 2025, con apenas tres capturados y dos rescatados con vida y posteriormente repatriados.
Las cifras dibujan un patrón muy diferente al de los grandes operativos de interdicción anteriores, como Operation Martillo, que durante años se basó en interceptar y registrar buques para presentar pruebas ante tribunales de Estados Unidos y países aliados. Entonces, el éxito se medía en toneladas de droga incautada y detenciones; ahora, el indicador dominante parece ser el número de embarcaciones hundidas y tripulaciones “neutralizadas”.
“Estamos ante un cambio estructural: se ha pasado de detener sospechosos a eliminarlos físicamente en alta mar, sin proceso judicial ni control parlamentario real”, advierten juristas consultados por los grandes medios estadounidenses. La diferencia no es menor: los muertos no declaran, no proporcionan inteligencia y no pueden defenderse ante un juez.
Las dudas legales que se ciernen sobre la campaña
La cuestión clave es bajo qué marco jurídico se están produciendo estos ataques. La administración de Donald Trump ha tratado de anclar Southern Spear en una doble narrativa: guerra contra el terrorismo y defensa frente a una “amenaza masiva” derivada del fentanilo, al que el presidente ha llegado a calificar oficialmente como “arma de destrucción masiva” en una orden ejecutiva. Además, Washington ha impulsado la designación de varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, intentando así extender al mar la lógica de la “guerra global contra el terror”.
Sin embargo, numerosos expertos recuerdan que ni la Carta de la ONU ni el derecho del mar contemplan un mandato tan amplio para ejecutar ataques letales contra embarcaciones sospechosas lejos del territorio estadounidense, sin notificación previa a los Estados costeros ni prueba pública de que el barco represente una amenaza inminente.
“La etiqueta de ‘narco-terrorista’ no convierte automáticamente a cualquier tripulante en combatiente enemigo”, subrayan ONG especializadas. Lo más grave, señalan, son las denuncias sobre supuestas órdenes verbales del secretario de Defensa Pete Hegseth para evitar que haya supervivientes, algo que el propio Pentágono niega pero que ha alimentado la percepción de una campaña de ejecuciones extrajudiciales sobre el mar.
Ecuador, los vecinos costeros y la presión en la región
En el caso concreto de este ataque, la nota oficial del mando estadounidense subraya que, tras el impacto, se activó el sistema de búsqueda y rescate marítimo, con el Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Ecuador asumiendo el liderazgo de las tareas de salvamento, mientras Washington proporcionaba apoyo técnico. El superviviente fue finalmente localizado y rescatado, aunque no se han revelado ni su identidad ni su nacionalidad.
Este detalle no es menor. En términos políticos, Estados Unidos busca implicar a los países ribereños en la legitimación de los ataques, mostrando coordinación posterior y cierto grado de co-responsabilidad en la gestión humanitaria. Pero la posición de los gobiernos latinoamericanos es delicada: necesitan la cooperación de Washington contra las redes de cocaína y fentanilo, pero asumen un coste político interno si se percibe que avalan operaciones que dejan cadáveres flotando en aguas próximas.
Además, las armadas y guardias costeras de la región se ven obligadas a responder a un escenario cada vez más militarizado, donde el margen para patrullas clásicas de interdicción se reduce frente al peso de la logística estadounidense. El contraste con programas anteriores de cooperación, centrados en formación, inteligencia y medios de patrulla, resulta cada vez más evidente.
La apuesta de Trump contra el “narco-terrorismo”
Southern Spear no es una operación aislada, sino una pieza central en la narrativa de la Casa Blanca de Trump: la idea de que la drogadicción en Estados Unidos —más de 80.000 muertes por sobredosis al año— equivale a un “ataque” directo contra la población estadounidense, lo que justificaría una respuesta militar expansiva más allá de las fronteras.
En ese marco, la designación de cárteles y redes de narcotráfico como organizaciones terroristas permite utilizar las mismas herramientas legales y militares que en Irak o Afganistán, pero aplicadas a lanchas rápidas y semisumergibles en el Caribe y el Pacífico. El mensaje de fuerza es claro para el público interno, especialmente en un año marcado por la campaña electoral y la promesa de “cerrar el paso” al fentanilo.
La cuestión es si esta estrategia mejora realmente la seguridad. Los expertos en seguridad marítima recuerdan que los flujos de cocaína hacia Europa han seguido creciendo en paralelo, mientras los traficantes ajustan rutas, dividen cargamentos y externalizan riesgos hacia países con menor capacidad de control portuario. El diagnóstico es inequívoco: sin políticas de reducción de demanda y sin cooperación judicial y financiera profunda, los golpes espectaculares en alta mar tienen un efecto limitado y, a menudo, puramente simbólico.
