Buckingham Palace se abre a la policía por el caso Andrew–Epstein

Un gesto inédito de la Casa Real

El comunicado difundido por la Casa del Rey marca una ruptura con el tradicional hermetismo de la institución. Palacio asegura que “está listo para apoyar a la policía del Valle del Támesis en lo que considere oportuno”, una formulación cuidadosamente calibrada que, sin embargo, implica aceptar que el caso ha alcanzado una dimensión que rebasa el ámbito privado.

La investigación preliminar está en manos de Thames Valley Police, responsable de la seguridad en la zona donde se ubican varias residencias reales. El cuerpo ha confirmado que está “evaluando” la información recibida sobre posibles filtraciones de informes oficiales procedentes de viajes de promoción comercial. Es, de momento, un paso contenido: no hay abierta una investigación penal formal, pero sí un examen que puede desembocar en ella si se aprecia indicio de delito.

Lo más grave, desde el punto de vista institucional, es el mensaje implícito: el Rey no cierra filas en torno a su hermano. Al contrario, subraya su “profunda preocupación” y su voluntad de facilitar cualquier esclarecimiento. En un sistema donde la monarquía constitucional se apoya en la percepción de neutralidad y rectitud, este gesto pretende cortar de raíz la sospecha de que Palacio podría tratar de blindar a Andrew frente a la acción de la justicia.

Las sospechas sobre los informes comerciales

El núcleo de las nuevas revelaciones descansa en correos electrónicos y documentos procedentes de los llamados Epstein files, una voluminosa documentación judicial que, según diversas fuentes, supera los tres millones de documentos y que sigue generando derivadas políticas y económicas a ambos lados del Atlántico.

Parte de esos archivos sugiere que Andrew habría compartido con Epstein información reservada obtenida durante sus viajes como representante especial para comercio e inversión del Reino Unido. En concreto, se mencionan desplazamientos oficiales a Singapur, Hong Kong y Vietnam en 2010 y 2011, en los que se habrían discutido posibles oportunidades de inversión en infraestructuras, energía y logística portuaria.

La acusación no es que se revelaran secretos militares, sino algo más sutil pero no menos sensible: información comercial estratégica ofrecida en tiempo real a un particular con intereses financieros globales y un historial criminal conocido. Según los documentos, algunos correos se habrían enviado “pocas horas” después de recibir informes internos de funcionarios del Foreign Office y de la agencia de promoción comercial.

Si se confirma, la línea roja es evidente: los enviados comerciales tienen la obligación legal de mantener confidenciales los datos sobre negociaciones, proyectos y posiciones de empresas y gobiernos. En un entorno donde una filtración puede alterar valoraciones de contratos multimillonarios, la frontera entre indiscreción y tráfico de información privilegiada se vuelve extremadamente fina.

Un enviado especial bajo la lupa

Andrew ocupó el rol de representante especial para comercio e inversión entre 2001 y 2011, una década en la que el Reino Unido apostó por abrir puertas en mercados emergentes a través de visitas de alto perfil. Aunque el puesto no conllevaba salario, sí implicaba una intensa agenda internacional, con viajes financiados con fondos públicos y acompañados por delegaciones de empresarios.

Según datos publicados en su día por la prensa británica, solo en 2010 los gastos asociados a su actividad como enviado ascendieron a unas 620.000 libras, de las que cerca de tres cuartas partes correspondían a viajes y desplazamientos. Aquella factura le valió en los tabloides el apodo de “Airmiles Andy” y abrió el debate sobre el verdadero retorno económico de estas misiones.

Ahora, la sospecha se desplaza desde el coste al uso de la posición. No se trata solo de si los viajes generaron contratos o inversiones, sino de si el enviado habría utilizado el acceso a información para alimentar la red de contactos de Epstein. El diagnóstico es inequívoco: si un representante del Estado comparte informes sensibles con un actor privado cuestionado, se erosiona la confianza en el propio mecanismo de diplomacia económica británica.

Riesgos para la seguridad económica del Reino Unido

La dimensión económica del caso va mucho más allá del comportamiento personal. A comienzos de la década de 2010, Asia representaba alrededor del 18 % de las exportaciones británicas de bienes y servicios, con una expectativa de crecimiento de doble dígito en sectores como infraestructuras, energía renovable y servicios financieros. Un filtrado sistemático de información sobre proyectos o licitaciones podría haber dado ventaja indebida a determinados inversores frente a competidores europeos o asiáticos.

Aunque por ahora no hay pruebas públicas de que esa información se tradujera en contratos concretos ligados a Epstein, el mero riesgo plantea preguntas incómodas: ¿quién tenía acceso real a los informes de los viajes?, ¿qué mecanismos de seguimiento existían sobre el uso que hacía Andrew de esos datos?, ¿se auditaban sus comunicaciones cuando ya pesaban sobre su entorno sospechas graves relacionadas con el propio Epstein?

Este hecho revela, además, un posible punto ciego en la arquitectura de supervisión británica: las figuras semioficiales, a caballo entre lo institucional y lo personal, pueden moverse con más margen que un ministro sujeto a controles parlamentarios estrictos. La consecuencia es clara: cuando estalla un escándalo, reconstruir la trazabilidad de decisiones, correos y reuniones se convierte en una tarea lenta y políticamente costosa.

El coste reputacional para la monarquía británica

Para la institución monárquica, el caso llega en un momento de vulnerabilidad. Carlos III afronta retos simultáneos: su propia salud, la transición generacional y la necesidad de justificar el papel de la Corona ante una opinión pública cada vez más exigente y menos deferente. Convertir a un miembro de la familia en potencial protagonista de un caso de filtración de información comercial a un delincuente sexual condenado es el peor de los escenarios posibles.

El contraste con otras regiones resulta demoledor. Mientras monarquías como la de los países nórdicos han reducido al mínimo la presencia pública de miembros con problemas de imagen, Londres lleva más de una década gestionando las derivadas de la relación entre Andrew y Epstein, desde las acusaciones de abuso sexual hasta la desastrosa entrevista de 2019 en la BBC.

La Casa Real ha tratado de tomar distancia: primero apartándole de la agenda oficial, después retirándole honores militares y, más recientemente, eliminando su tratamiento de príncipe en la comunicación institucional. Sin embargo, el goteo de revelaciones mantiene vivo el vínculo entre su conducta y la marca “Casa de Windsor”. Cada nueva pieza refuerza la percepción de una gestión tardía y reactiva, más pendiente de limitar daños que de asumir responsabilidades.

Paralelismos con otros escándalos institucionales

El caso Andrew–Epstein encaja en un patrón más amplio de captura de acceso: individuos situados en la periferia del poder formal que, gracias a su apellido, cargo honorífico o proximidad al líder, se convierten en puertas de entrada privilegiadas para intereses privados.

En otros países europeos, los escándalos recientes han afectado a antiguos presidentes, comisarios europeos o altos funcionarios que, tras dejar el cargo, han utilizado su agenda internacional para facilitar operaciones empresariales poco transparentes. La diferencia en el Reino Unido es que el personaje central no es un ex político sometido a códigos de puertas giratorias, sino un miembro de la familia real cuya legitimidad se fundamenta precisamente en estar por encima de la política y del negocio.

Lo más preocupante, desde una óptica económica, es la opacidad histórica sobre la actividad internacional de figuras como Andrew. Los documentos oficiales de sus viajes entre 2001 y 2011 no verán la luz hasta 2065, lo que dificulta escrutar en detalle qué empresas se beneficiaron de su intermediación o qué decisiones influyó. La sospecha de que, en paralelo, facilitaba información a un personaje como Epstein reabre el debate sobre si esa opacidad es compatible con los estándares actuales de gobernanza.

Qué puede ocurrir ahora

En el corto plazo, el foco se sitúa en la decisión de la policía. Si tras la evaluación preliminar considera que hay base suficiente, podría abrirse una investigación formal por posibles delitos relacionados con la revelación de información oficial o la vulneración de obligaciones de confidencialidad. En ese escenario, se multiplicarían las presiones para que Andrew colaborase activamente, aportando dispositivos, correos y agendas.

No está claro hasta qué punto el Gobierno tendría margen de maniobra. Cualquier intento de frenar o reconducir una investigación independiente en un caso tan sensible tendría un coste político enorme, especialmente en un contexto de fatiga ciudadana hacia los privilegios de las élites. Por el contrario, permitir que la investigación avance sin interferencias reforzaría el discurso de que “nadie está por encima de la ley”, pero a costa de exponer a la monarquía a un escrutinio sin precedentes.

En paralelo, es previsible que aumente la presión parlamentaria para revisar los mecanismos de control sobre las figuras de representación comercial, ya sean reales o políticas. La comparecencia de altos cargos del Foreign Office y del departamento de comercio para explicar qué sabían y cuándo lo supieron parece, a estas alturas, casi inevitable.