Nuevo ‘shutdown’ de Trump deja al límite al Gobierno federal
El Gobierno federal de Estados Unidos ha entrado en un nuevo cierre parcial tras expirar a medianoche el plazo para aprobar la ley de gasto que debía mantener abiertas sus operaciones. Pese a que el Senado aprobó por 71 votos a 29 un paquete de 1,2 billones de dólares para financiar la mayor parte de las agencias hasta septiembre, la Cámara baja no llegará a tiempo: no votará hasta el lunes.
Un cierre anunciado en Washington
El desenlace de esta noche era, en realidad, el final previsible de un calendario imposible. Tras semanas de negociaciones, el Senado de Estados Unidos aprobó in extremis un paquete que financia a la práctica totalidad del Gobierno federal hasta el 30 de septiembre de 2026, pero la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, se había dado a sí misma un receso hasta el lunes. La consecuencia era aritmética: aunque hubiera acuerdo, el dinero dejaría de fluir a las 00.00.
El paquete salva a departamentos como Agricultura o Asuntos de Veteranos, ya financiados, y extiende los créditos para grandes carteras civiles y militares. Sin embargo, mantiene sólo dos semanas de oxígeno para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, convertido en el epicentro político del conflicto por las exigencias de reforma sobre la Patrulla Fronteriza y otros cuerpos de seguridad.
En paralelo, el cierre afecta a decenas de agencias reguladoras y administrativas, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos hasta el Departamento de Salud y Servicios Humanos, pasando por Tesoro y varias comisiones independientes. El resultado es una mezcla de continuidad, parálisis selectiva y enorme incertidumbre para cientos de miles de empleados públicos y contratistas.
Qué se cierra y qué sigue funcionando
No todo se apaga durante un cierre parcial. La legislación estadounidense obliga a mantener en funcionamiento los servicios considerados “esenciales”, lo que incluye defensa nacional, control aéreo, vigilancia de fronteras, prisiones federales o respuesta a emergencias. Las fuerzas armadas seguirán activas, los agentes de seguridad trabajarán y los aeropuertos no cerrarán. Pero buena parte de ese personal lo hará sin cobrar hasta que el Congreso apruebe el gasto y autorice el pago retroactivo.
En el lado opuesto están los servicios catalogados como no esenciales: parte de las inspecciones financieras, programas de apoyo a la investigación, ayudas a empresas y tramitaciones administrativas que dependen, por ejemplo, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Las nuevas ofertas públicas, determinadas investigaciones sobre abuso de mercado y algunos procesos sancionadores quedarán en pausa. Lo mismo ocurrirá con expedientes en la Comisión Federal de Comercio (FTC) o en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), donde los equipos se reducirán al mínimo.
Programas como las pensiones y las prestaciones de la Administración de la Seguridad Social (SSA) seguirán abonándose porque se financian mediante fondos específicos ajenos al ciclo anual de apropiaciones, pero los centros de atención al público operarán con plantillas recortadas y mayores tiempos de espera.
El núcleo del conflicto: seguridad, fronteras y control político
El detonante inmediato del bloqueo ha sido el desacuerdo sobre cómo financiar —y bajo qué condiciones— al Departamento de Seguridad Nacional, en plena tormenta política por un caso de violencia policial que ha reabierto el debate sobre la rendición de cuentas de la Patrulla Fronteriza. El acuerdo que desbloqueó el voto en el Senado propone financiar el departamento sólo durante dos semanas, mientras se negocian reformas de supervisión y transparencia.
Los republicanos más conservadores denuncian que se trata de un intento de “desarmar” la política migratoria de la Casa Blanca, mientras que los demócratas sostienen que no aceptarán un cheque en blanco. “No es razonable seguir financiando a agencias armadas sin garantías de que respetan la ley y los derechos civiles”, resumía estos días un senador demócrata. En el trasfondo, el tema migratorio sigue siendo uno de los principales campos de batalla del trumpismo, especialmente de cara a las legislativas de 2026.
Este diseño de financiación a plazos convierte al propio presupuesto en un instrumento de presión. Cada renovación abre la puerta a un nuevo pulso sobre inmigración, seguridad interior o prioridades de gasto, con el riesgo permanente de volver al borde del cierre cada pocas semanas.
La factura económica de un cierre “breve”
La Casa Blanca y los líderes del Congreso insisten en que el cierre será corto, quizá de 48 a 72 horas, con un impacto limitado. Los mercados financieros, de hecho, suelen descontar que estas crisis terminan con un acuerdo y un pago retroactivo a los empleados federales. Sin embargo, incluso un cierre breve tiene coste. La oficina presupuestaria del Congreso estimó que el cierre de 2019 restó alrededor de 0,1 puntos de PIB trimestral por cada dos semanas de parálisis; en 2025, con 43 días, la factura fue mucho mayor.
Esta vez, el efecto directo se notará en retrasos de contratos públicos, licitaciones de infraestructuras, procesos de homologación y actividad regulatoria. Sectores como el aeroespacial o el de defensa, fuertemente dependientes de la contratación federal, pueden ver aplazados pagos por varios miles de millones de dólares si la situación se prolonga más allá de la próxima semana.
Lo más grave es el impacto reputacional. Cada cierre añade ruido a un país cuya deuda pública supera ya los 35 billones de dólares, y donde el gasto federal ronda el 24% del PIB, niveles propios de una economía avanzada pero bajo creciente escrutinio de las agencias de rating. El mensaje implícito es inquietante: la superpotencia que emite la moneda de reserva mundial tiene dificultades para aprobar su propio presupuesto anual.
El precedente de 2025: 43 días de parálisis histórica
El cierre actual llega poco más de un año después de la parálisis de 2025, que se extendió durante 43 días y se convirtió en el más largo desde que existen registros modernos. Aquella crisis, desencadenada por una combinación de disputas sobre sanidad, inmigración y recortes fiscales, bloqueó la aprobación de nueve de las doce leyes de créditos anuales y obligó a centenares de miles de funcionarios a vivir más de un mes sin salario.
Desde 1980, Estados Unidos ha sufrido 15 cierres de Gobierno, con duraciones que van desde unas pocas horas hasta, precisamente, ese récord de 2025. La diferencia ahora es que los cierres se han vuelto más frecuentes y más largos, y que se producen en un contexto de deuda elevada, tipos de interés altos y tensiones geopolíticas crecientes.
“Lo que antes era una herramienta excepcional de presión se ha normalizado hasta convertirse en una pieza más del juego partidista”, lamentan varios analistas en Washington. El contraste con otras grandes economías avanzadas, donde los presupuestos pueden retrasarse pero rara vez provocan el cierre literal de oficinas públicas, resulta demoledor.
Un síntoma de la nueva normalidad política estadounidense
La repetición de cierres revela una transformación profunda del sistema político estadounidense. Según diversos análisis, las parálisis presupuestarias son ya un rasgo estructural de la confrontación entre la Casa Blanca y un Congreso polarizado, más que un accidente puntual. Las líneas rojas ideológicas se han endurecido y el incentivo para llegar a acuerdos antes de las fechas límite se ha debilitado.
Para Trump, el pulso presupuestario encaja con una estrategia de confrontación permanente que mantiene movilizada a su base. Para los demócratas, aceptar recortes sin contrapartidas o renunciar a reformas en seguridad y fronteras supondría un coste interno difícil de asumir. El resultado es un equilibrio inestable en el que el Gobierno federal avanza a golpe de parches temporales, resoluciones continuas y amenazas de cierre.
Este hecho revela una paradoja inquietante: mientras Washington vende al exterior la imagen de un país que exige disciplina fiscal y reformas estructurales a sus aliados, su propia arquitectura presupuestaria se ha convertido en un campo de batalla que mina la previsibilidad de la política económica.
Impacto en los mercados y en los aliados de EEUU
Hasta ahora, los mercados han reaccionado con relativa calma a los cierres de Gobierno. Los episodios previos se han traducido en volatilidad puntual, ligeras subidas en la rentabilidad de la deuda a corto plazo y correcciones acotadas en bolsa, pero sin una huida masiva del dólar ni de los bonos del Tesoro. Es probable que, si el cierre actual se resuelve en pocos días, la reacción vuelva a ser contenida.
Sin embargo, los inversores internacionales acumulan señales preocupantes: una deuda disparada, tipos de interés que han permanecido en niveles elevados y un Congreso incapaz de aprobar a tiempo unos presupuestos básicos. Varios gestores europeos apuntan ya a un aumento de la prima de riesgo estadounidense frente a otros emisores soberanos de máxima calidad si las crisis se repiten cada año.
Para los aliados de Washington, especialmente en Europa y Asia, la sucesión de cierres introduce dudas sobre la capacidad de planificación a medio plazo de sus compromisos de defensa, ayuda exterior o cooperación energética. Cada vez que el Capitolio entra en guerra consigo mismo, los socios toman nota de que los grandes programas —desde Ucrania hasta la seguridad en el Indo-Pacífico— dependen de mayorías parlamentarias volátiles.
Qué puede pasar ahora
El escenario base en Washington es que la Cámara de Representantes apruebe el lunes el paquete ya validado por el Senado y que Trump lo firme de inmediato, dando por concluido un cierre que podría haber durado apenas tres días. En ese caso, los funcionarios cobrarían con retraso pero sin perder ingresos, los contratos se reactivarían y el impacto macroeconómico quedaría diluido en las estadísticas anuales.
Sin embargo, la historia reciente invita a la prudencia. La financiación limitada a dos semanas para Seguridad Nacional abre la puerta a un nuevo choque a mediados de febrero, centrado esta vez casi en exclusiva en inmigración y control de fronteras. Cualquier tropiezo en esa negociación podría desembocar en un cierre parcial focalizado sobre el aparato de seguridad interior, con consecuencias directas para aeropuertos, puertos y gestión migratoria.
Más allá del calendario inmediato, la pregunta de fondo permanece sin respuesta: ¿hasta cuándo podrá la primera economía del mundo seguir gestionando sus cuentas públicas mediante crisis encadenadas? Cada cierre erosiona un poco más la confianza en la capacidad de Estados Unidos para ofrecer estabilidad política y fiscal. Y, en un país cuyo papel central en el sistema financiero internacional se apoya precisamente en esa confianza, la consecuencia es clara: el margen de error se reduce, mientras el coste de la improvisación aumenta.