Reino Unido recorta a 6 meses la protección por despido improcedente
El Gobierno británico ha anunciado una reforma clave del Employment Rights Bill: la protección frente al despido improcedente ya no exigirá dos años de antigüedad, sino solo seis meses. El cambio, que podría beneficiar a millones de trabajadores, llega como término medio entre la promesa de protección “desde el primer día” y las resistencias políticas y empresariales, e incluye además el fin del tope a las indemnizaciones por despido injusto.
Un giro histórico: de 24 meses a 6 meses de protección
El Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido (Department for Business and Trade) ha puesto negro sobre blanco una de las reformas laborales más relevantes de los últimos años. A partir de la enmienda introducida en el Employment Rights Bill, el periodo mínimo para acceder a la protección frente al despido improcedente se reducirá de 24 meses a tan solo 6 meses de trabajo continuado.
Según el propio Gobierno, esta modificación “beneficiará a millones de trabajadores”, que ganarán derechos en un plazo mucho más corto que el exigido hasta ahora. En la práctica, significa que un empleado que haya superado el medio año en su puesto estará en disposición de reclamar ante un despido que considere injusto, algo vetado hasta ahora salvo en casos muy concretos (discriminación, maternidad, denuncias de irregularidades, etc.).
Además, el Ejecutivo ha anunciado que el periodo de acceso a esta protección no podrá modificarse mediante normativa secundaria, sino solo a través de legislación primaria, es decir, con un debate y aprobación formal en el Parlamento. Es una forma de blindar el nuevo umbral de 6 meses frente a cambios rápidos o discrecionales en el futuro.
Adiós al tope de compensación: más riesgo para las empresas
Una de las piezas más sensibles de la reforma es el anuncio de que se levantará el límite máximo de compensación por despido improcedente. Hasta ahora, las indemnizaciones estaban sujetas a un tope económico, lo que ofrecía a las empresas un cierto marco de previsibilidad en caso de conflicto.
Con la eliminación del “compensation cap”, el potencial coste de un despido injusto podrá ser significativamente mayor, especialmente en casos donde el impacto económico y profesional sobre el trabajador resulte elevado.
Para los empleados, esto se traduce en una mayor capacidad de presión y negociación: no solo podrán reclamar derechos antes, sino que el resultado de un litigio podría ser más favorable en términos económicos. Para los empleadores, en cambio, supone una llamada urgente a reforzar sus políticas internas de recursos humanos, documentación de desempeño y procesos disciplinarios, dado que los errores pueden salir mucho más caros.
Del “day one rights” al compromiso “realista” de los 6 meses
El Gobierno ha reconocido abiertamente que esta fórmula es un compromiso político. En su manifiesto, el Ejecutivo había prometido avanzar hacia protecciones desde el primer día (“day one protections”) frente al despido improcedente. Sin embargo, en el comunicado oficial se admite que, para que el paquete legislativo fuera “viable” y tuviera más opciones de superar el trámite parlamentario, era necesario optar por un punto intermedio.
Así, los 6 meses se presentan como una solución “más trabajable”, que busca equilibrar los intereses de trabajadores y empresas. Por un lado, se amplían los derechos laborales y se envía una señal clara de refuerzo de la protección en un mercado cada vez más flexible y con elevada rotación. Por otro, se evita un choque frontal con el tejido empresarial que temía un impacto inmediato de los “day one rights” sobre contratación y costes.
Impacto en el mercado laboral y en la seguridad jurídica
La reforma abre varias incógnitas. Por un lado, podría incrementar el número de reclamaciones por despido improcedente, dado que el umbral para acceder a esa protección se reduce drásticamente. Por otro, obliga a las empresas a profesionalizar aún más sus procesos de alta, evaluación y salida de personal, con un enfoque mucho más preventivo.
Para los trabajadores, el mensaje es claro: la estabilidad jurídica llega antes, y la sensación de vulnerabilidad durante los primeros años de empleo se reduce. Para los inversores y analistas, el movimiento se interpreta como parte de una reconfiguración del modelo laboral británico, que trata de combinar flexibilidad económica con estándares más altos de protección.
En definitiva, el Reino Unido entra en una nueva fase en materia de derechos laborales, donde la protección frente al despido improcedente se acerca más al centro del debate político y empresarial. El verdadero impacto de estos cambios se medirá en los próximos meses en los tribunales, en las mesas de negociación y, sobre todo, en la forma en que empresas y trabajadores se relacionan en un mercado cada vez más exigente.