Rusia denuncia complot de Kiev tras frustrar atentado en San Petersburgo
La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido también en una guerra de servicios secretos. En este contexto, el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha anunciado que ha frustrado un intento de asesinato contra un alto oficial militar en San Petersburgo. Según la versión oficial, el detenido —un ciudadano ruso— habría sido reclutado por los servicios de inteligencia ucranianos a través de Telegram, en un esquema que ya se ha visto en otros casos recientes. El episodio llega apenas semanas después del intento de asesinato del teniente general Vladimir Alekseyev, número dos de la inteligencia militar rusa (GRU), tiroteado en el rellano de su vivienda en Moscú el 6 de febrero. Moscú traza un paralelismo directo entre ambos hechos y vuelve a señalar a Kiev como autor intelectual, reforzando su narrativa de “terrorismo ucraniano” en el interior del país.
Un complot más en la guerra de las sombras
El FSB sostiene que el sospechoso detenido en San Petersburgo fue sorprendido realizando labores de vigilancia frente a la vivienda de un alto oficial militar, armado con una pistola Makarov provista de silenciador. El nombre y el rango del objetivo no han sido revelados, un detalle habitual en este tipo de comunicados, donde la prioridad es subrayar la amenaza antes que aportar transparencia.
Según la nota oficial, el individuo habría sido reclutado en remoto a través de Telegram, siguiendo un patrón que el FSB denuncia desde hace meses: ciudadanos rusos captados en internet, instruidos a distancia y enviados a ejecutar operaciones de sabotaje y atentados selectivos. La imagen de un ruso cualquiera convertido en agente de un “Estado enemigo” encaja a la perfección con el relato de una Rusia asediada desde dentro y desde fuera.
Lo más grave, desde el punto de vista de seguridad interna, es que el supuesto operativo no se desarrolla en una zona fronteriza ni en un territorio ocupado, sino en San Petersburgo, la segunda ciudad del país, a más de 1.000 kilómetros de muchas de las líneas de frente. Ese desplazamiento del escenario de riesgo hacia el corazón urbano ruso tiene un fuerte impacto psicológico en la población y otorga al Kremlin un argumento adicional para justificar el endurecimiento de las leyes de seguridad y de control de la disidencia.
Cómo se fraguó el supuesto atentado
Aunque los detalles son fragmentarios, las piezas encajan en un patrón ya conocido. El FSB describe un proceso que comienza con un primer contacto en Telegram entre el sospechoso y supuestos reclutadores ucranianos. A partir de ahí, se le asigna un objetivo —el alto oficial en San Petersburgo— y se le proporciona un arma y las instrucciones básicas para ejecutar el ataque.
En otros casos similares documentados por medios independientes, la logística ha sido más sofisticada: explosivos escondidos en “zulos” señalados por coordenadas GPS, bombas disfrazadas de power bank o carpetas de documentos, detonación remota desde territorio ucraniano y promesas de exfiltración a la Unión Europea tras el atentado. El caso de San Petersburgo, por ahora, parece más rudimentario —un arma corta, vigilancia física— pero responde al mismo principio: minimizar la huella visible de los servicios ucranianos y descargar el riesgo sobre un intermediario ruso.
Las autoridades rusas insisten en que estos delitos se castigan con penas que pueden llegar a la cadena perpetua bajo cargos de terrorismo y alta traición. El mensaje hacia otros potenciales reclutas es inequívoco. Pero al mismo tiempo, el Kremlin explota estas operaciones fallidas para demostrar que el país se enfrenta a una guerra “total”, que incluye el terreno del espionaje, la ciberseguridad y la infiltración social.
Telegram, reclutamiento remoto y ciudadanos rusos
Telegram se ha convertido en una pieza central del tablero. El FSB acusa públicamente a los servicios ucranianos de utilizar la plataforma como principal canal de captación de ciudadanos rusos, aprovechando su anonimato relativo y su enorme penetración en el país. No es casualidad: Telegram es, hoy, uno de los espacios de información y desinformación más influyentes de la guerra, con canales gubernamentales, militares, ultranacionalistas y opositores compitiendo por la narrativa.
Para Moscú, demostrar que desde esa misma aplicación se coordinan atentados sirve para justificar una mayor vigilancia tecnológica y presionar a la compañía. De hecho, autoridades rusas y medios progubernamentales han intensificado en los últimos meses las acusaciones contra la plataforma por “tolerar el terrorismo” y “no colaborar suficientemente” con las investigaciones.
El diagnóstico es inequívoco: en el cuarto año de conflicto, la frontera entre espionaje, ciberguerra e infiltración social prácticamente ha desaparecido. “Ya no hablamos de agentes que cruzan la frontera con documentación falsa, sino de ciudadanos captados desde el sofá de su casa”, reconocía recientemente un analista ruso crítico, aludiendo al impacto de esta nueva fase de la guerra de inteligencia. La consecuencia es clara: la sospecha se normaliza y el riesgo de una paranoia social crónica se eleva, con costes económicos y políticos difíciles de medir.
El precedente del ataque contra el general Alekseyev
El contexto inmediato agrava la lectura. El 6 de febrero, el teniente general Vladimir Alekseyev, número dos de la inteligencia militar rusa (GRU), fue tiroteado en el rellano de su edificio en Moscú. Recibió varios disparos y fue ingresado en estado crítico tras una cirugía de urgencia, según fuentes citadas por la prensa internacional.
Alekseyev es una figura clave del aparato militar ruso: uno de los responsables de la invasión de Ucrania en 2022, pieza central en las operaciones encubiertas del GRU y enlace con las compañías militares privadas tras el motín de Wagner en 2023. Su nombre aparece además en sanciones de Estados Unidos y Reino Unido por su presunta implicación en campañas de injerencia electoral y en el envenenamiento con novichok en Salisbury.
El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, no tardó en calificar el ataque como un “acto terrorista” destinado a sabotear las conversaciones de paz que se celebraban en Abu Dabi entre delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense. Kiev ha negado responsabilidad y algunos altos cargos ucranianos han sugerido que podría tratarse de una vendetta interna en el sistema de seguridad ruso. En ese clima, cualquier nuevo complot —como el ahora revelado en San Petersburgo— se integra automáticamente en una batalla de acusaciones cruzadas que complica aún más cualquier vía diplomática.
La batalla por el relato y la propaganda
Más allá de los hechos estrictos —un sospechoso detenido con un arma, un general tiroteado semanas antes—, lo que está en juego es la batalla por el relato. Cada atentado frustrado o consumado se utiliza para reforzar narrativas antagónicas: Rusia presenta a Ucrania como un Estado “terrorista” dispuesto a golpear a civiles y altos cargos en pleno territorio ruso; Ucrania se muestra como víctima de una agresión masiva y reivindica, al menos en términos políticos, el derecho a llevar la guerra al interior del agresor.
La opacidad añade otra capa de incertidumbre. Muchos de estos casos se basan en información no verificable de forma independiente, filtrada selectivamente por servicios de inteligencia cuyo objetivo no es tanto informar como influir. La experiencia reciente demuestra que, en conflictos prolongados, la tentación de exagerar complots, amplificar amenazas o esconder fracasos de seguridad es enorme.
En este escenario, la comunidad internacional se enfrenta a un dilema: tomar al pie de la letra los comunicados de Moscú alimenta el discurso de “guerra total” del Kremlin; ignorarlos por completo puede subestimar el riesgo real de una escalada de operaciones encubiertas que ya ha dejado un reguero de muertos e incidentes dentro de Rusia desde 2022.
Un patrón de complots frustrados y atentados consumados
El supuesto atentado contra el oficial de San Petersburgo no es un caso aislado. Desde 2024, el FSB asegura haber desbaratado varios complots dirigidos contra altos mandos del Ministerio de Defensa y sus familias, algunos de ellos mediante bombas camufladas en baterías portátiles o carpetas de documentos. En uno de esos casos, al menos cuatro ciudadanos rusos fueron detenidos y se intervinieron explosivos e infraestructura de comunicaciones.
En paralelo, otros atentados sí se han consumado. El asesinato del general Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa nuclear, biológica y química, mediante una bomba adosada a un patinete eléctrico, o la cadena de sabotajes en infraestructuras militares y logísticas en territorio ruso y en Crimea, muestran que la guerra de inteligencia no es una mera ficción propagandística.
El contraste con otras guerras recientes resulta demoledor: pocas veces se había observado una combinación tan intensa de ataques con drones, operaciones de sabotaje, atentados selectivos y guerra informática en un conflicto de alta intensidad entre dos Estados. El diagnóstico es inequívoco: el frente interior ruso se ha convertido en un objetivo prioritario, y cada nuevo complot frustrado refuerza la sensación de vulnerabilidad del aparato militar.
