Schumer exige una reforma profunda de ICE en plena batalla por el presupuesto de EEUU

Un pulso político con la seguridad interior como rehén

El Senado ha aprobado, por 71 votos a 29, un gran paquete de gasto que financia la mayor parte del Gobierno federal hasta finales de septiembre, dejando fuera a Seguridad Interior (DHS), que solo contará con una prórroga de dos semanas. La maniobra responde a una exigencia central de los demócratas: vincular cualquier renovación de fondos a una reforma profunda de Immigration and Customs Enforcement (ICE), la agencia responsable de detenciones, deportaciones y buena parte de las operaciones migratorias internas.

El contraste es llamativo. Mientras departamentos como Defensa, Estado o Tesoro aseguran su financiación hasta el final del año fiscal, el corazón del aparato de seguridad interior queda en cuarentena política. La consecuencia es clara: la lucha por el control de ICE se ha convertido en el verdadero campo de batalla de la negociación presupuestaria.

El movimiento de Schumer refleja además un cambio de estrategia: el líder demócrata renuncia a la lógica tradicional del “gran acuerdo” para forzar una discusión específica sobre el modelo de seguridad migratoria, en un momento en que el debate sobre la violencia y los abusos policiales vuelve a ocupar portadas.

Las muertes en Minneapolis que lo cambian todo

El detonante inmediato no es solo ideológico, sino dramático. En las últimas semanas, dos operaciones de agentes migratorios en Minneapolis han terminado con civiles muertos, entre ellos una enfermera de UCI, Alex Pretti, y otra mujer identificada como Renee Nicole Good, según han recogido diversos medios estadounidenses.

“Hasta que ICE no sea controlada y reformada legislativamente, el proyecto de ley de financiación de Seguridad Interior no tiene los votos para salir adelante”, ha advertido Schumer en el Senado, vinculando directamente las muertes con la exigencia de cambios estructurales.

Las imágenes de agentes encapuchados, sin identificación visible y actuando en redadas de alto impacto han alimentado una sensación de impunidad que ha movilizado no solo a organizaciones de derechos civiles, sino también a alcaldes, gobernadores y parte del empresariado local, preocupado por el impacto reputacional y económico de convertir a sus ciudades en escenario habitual de operaciones federales letales.

Lo más grave, a ojos de los demócratas, es que estas muertes se producen tras años de expansión presupuestaria y operativa de las agencias fronterizas, con escasos avances en mecanismos de control externo. Este hecho revela una tendencia: más recursos no han implicado más garantías.

Qué implica realmente «reformar» ICE

La palabra “reforma” es deliberadamente amplia, pero el bloque demócrata ya ha puesto sobre la mesa un pliego de condiciones concreto. Entre las demandas centrales figuran: el fin de las patrullas aleatorias, límites más estrictos al uso de redadas sin orden judicial, la creación de un código de conducta vinculante sobre uso de la fuerza y la obligación de que los agentes lleven cámaras corporales y se identifiquen siempre de forma visible.

Además, se discute la creación de un mecanismo de supervisión independiente que investigue de oficio los incidentes con resultado de muerte o lesiones graves, con capacidad real para recomendar sanciones y cambios operativos. Para las organizaciones de derechos humanos, se trataría de un giro histórico en una agencia que ha operado durante años con una combinación de amplia discrecionalidad y escasa transparencia.

Los demócratas insisten en que no buscan “desmantelar” el control migratorio, sino “parar la violencia y exigir responsabilidades a quien se extralimite”, en palabras de la senadora Elizabeth Warren. Sin embargo, la resistencia republicana a cualquier limitación percibida como “debilitante” para las fuerzas de seguridad anticipa un choque frontal.

Un gigante presupuestario bajo presión

El debate llega, además, en un momento de expansión sin precedentes del músculo financiero del complejo de seguridad interior. Tras la aprobación de la llamada One Big Beautiful Bill Act, la financiación de ICE está llamada a crecer de forma exponencial, pasando de alrededor de 10.000 millones de dólares a más de 100.000 millones en 2029, lo que la convertiría en la agencia policial más dotada del país.

Ese salto incluye 46.500 millones de dólares para la construcción de muro fronterizo, otros 45.000 millones para ampliar en un 365% la capacidad de detención y casi 30.000 millones para contratación de agentes y operaciones de deportación. En paralelo, el paquete recién aprobado por el Senado de 1,2 billones de dólares financia al resto del Gobierno federal, pero deja a Department of Homeland Security (DHS) con una simple prórroga de dos semanas mientras se renegocia el alcance de esas reformas.

El diagnóstico es inequívoco: se discute no solo la conducta de una agencia, sino el destino de decenas de miles de millones de dinero público en una década marcada por el giro securitario. Para los críticos, seguir inyectando recursos sin reforzar los contrapesos equivale a institucionalizar el riesgo de abusos.

El coste económico de otro cierre federal

Más allá del pulso político, la amenaza de un nuevo cierre parcial del Gobierno federal tiene un coste tangible. Con la Cámara de Representantes en receso hasta el lunes, el paquete aprobado por el Senado no podrá ratificarse a tiempo y un ‘shutdown’ parcial está prácticamente garantizado durante el fin de semana, según varias estimaciones.

Aunque se espera que sea breve, el impacto no es menor. Cientos de miles de empleados federales verán retrasado su salario; agencias como la FEMA, la TSA o el IRS deberán activar protocolos de contingencia, y el tráfico aéreo puede sufrir retrasos si controladores y personal de seguridad trabajan sin remuneración inmediata, como ya ocurrió en cierres anteriores.

A medio plazo, cada episodio de parálisis presupuestaria erosiona la confianza de inversores y empresas en la capacidad de Washington para ofrecer un marco estable. Los analistas calculan que un cierre de varias semanas puede restar entre un 0,1% y un 0,3% al crecimiento trimestral del PIB estadounidense por el efecto acumulado sobre consumo, turismo y contratos públicos.

El contraste resulta demoledor: mientras se discuten decenas de miles de millones para la seguridad fronteriza, el coste económico de la descoordinación política se multiplica silenciosamente.

Trump, los republicanos y la batalla por el relato

En este tablero, el papel de Donald Trump es crucial. El presidente ha respaldado el acuerdo para financiar “la inmensa mayoría” del Gobierno hasta septiembre y prolongar solo dos semanas los fondos de Seguridad Interior, pero el relato republicano insiste en que los demócratas buscan “vilipendiar y desfinanciar ICE”.

Mientras Schumer pide “restringir a ICE y acabar con la violencia”, la Casa Blanca y parte del Partido Republicano intentan presentar las demandas demócratas como una rendición ante el desorden migratorio. La batalla por la opinión pública es intensa: un sondeo citado por medios afines a los demócratas sugiere que más del 55% de los votantes apoyan introducir controles adicionales sobre la agencia migratoria, y que, en caso de cierre federal, la mayoría culparía a los republicanos de bloquear una solución de compromiso.

Este cruce de narrativas tiene un objetivo claro: situar al adversario como responsable de poner en riesgo la seguridad o la estabilidad económica. Para Trump, ceder demasiado en la reforma de ICE supondría irritar a su base; para los demócratas, renunciar a condiciones mínimas equivaldría a ignorar las muertes que han conmocionado al país.

Las lecciones que miran más allá de Estados Unidos

El pulso en torno a ICE no es una anécdota local, sino un espejo de tensiones que también se perciben en Europa y, en particular, en España. Hasta qué punto es compatible reforzar los dispositivos fronterizos con salvaguardas efectivas de derechos fundamentales es hoy una pregunta central en cualquier democracia avanzada.

En el caso estadounidense, años de incremento presupue