Agentes de ICE llegan a los Juegos de Invierno y divide a Italia
La confirmación de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tendrán un papel en la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina ha detonado un conflicto que va mucho más allá del deporte. Mientras Washington asegura que se tratará de un apoyo “estrictamente investigativo”, sin poder operativo en las calles italianas, las críticas se multiplican en Italia y en el Parlamento Europeo. El detonante ha sido la reputación de ICE, salpicada por recientes operativos en Estados Unidos que acabaron con civiles muertos y una oleada de protestas. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, ha llegado a definir al cuerpo como “una milicia que mata” y ha dejado claro que sus agentes “no son bienvenidos” en la ciudad que acogerá parte de las pruebas olímpicas. En paralelo, el Gobierno italiano intenta contener el incendio repitiendo que la seguridad pública seguirá bajo control exclusivo de las fuerzas nacionales, pero sin disipar del todo la sensación de cesión simbólica de soberanía.
Un despliegue olímpico bajo máxima sospecha
Los XXV Juegos Olímpicos de Invierno, los más dispersos geográficamente de la historia reciente, exigirán un despliegue de seguridad sin precedentes: más de 6.000 policías y agentes italianos se desplegarán en siete ciudades y localidades del norte del país, desde Milán hasta la frontera austríaca. A esta arquitectura de seguridad se suma ahora un elemento políticamente tóxico: la llegada de personal de ICE a la capital lombarda.
Oficialmente, el papel de estos agentes se canalizará a través de Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigativo de ICE, que trabajará en coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado, responsable de la protección de diplomáticos y altos cargos estadounidenses en el extranjero. El mensaje de Washington es claro: su misión será identificar riesgos de crimen organizado transnacional, tráfico de personas, falsificación de entradas o amenazas contra la delegación de EE. UU., no perseguir inmigrantes en suelo europeo.
Sin embargo, el contraste entre el discurso técnico y la percepción pública es evidente. Este hecho revela hasta qué punto la marca ICE está irremediablemente asociada a redadas, deportaciones masivas y violencia policial dentro de Estados Unidos. En Italia, donde la memoria de los abusos de poder pesa, la mera mención del acrónimo ICE actúa como un detonador político.
De Minneapolis a Milán: el lastre reputacional de ICE
La oposición a la presencia de ICE en los Juegos no surge en el vacío. En los últimos meses, la agencia ha estado bajo escrutinio por operativos letales en ciudades estadounidenses, con al menos dos muertos en Minneapolis en incidentes en los que los agentes alegaron defensa propia, versiones cuestionadas por testigos y organizaciones civiles.
Estos episodios han consolidado la imagen de ICE como un cuerpo agresivo, opaco y difícil de controlar políticamente, especialmente en el ala progresista europea. Cuando esta reputación aterriza en el escenario de un evento global, la consecuencia es clara: cualquier incidente, por menor que sea, puede amplificarse hasta erosionar la imagen de los Juegos y de las instituciones que los acogen.
Así lo ha verbalizado Sala, que ha descrito a ICE como “una milicia que entra en casas firmando sus propias órdenes”, rematando con una frase que ha hecho fortuna: “Es evidente que no son bienvenidos en Milán”. El contraste con la narrativa de colaboración “técnica y limitada” defendida por Washington y por miembros del Gobierno italiano resulta demoledor.
En términos de reputación internacional, Milán y la propia Italia se arriesgan a aparecer divididas: una ciudad que reniega del socio estadounidense frente a un Ejecutivo que intenta restar importancia al asunto. Y en medio, unos Juegos que necesitan vender seguridad, normalidad y fiesta global a millones de potenciales visitantes.
Soberanía en juego: quién manda realmente sobre la seguridad
Más allá de la simbología, el corazón del debate es jurídico y político: ¿qué margen tiene un país anfitrión para limitar, modular o incluso vetar la presencia de fuerzas extranjeras integradas en su dispositivo de seguridad?
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha intentado rebajar la tensión: primero aseguró que “no les consta” la llegada de ICE; después añadió que, en todo caso, “las delegaciones extranjeras eligen con quién trabajan para garantizar su seguridad” y que el coordinación seguirá siendo competencia de las autoridades nacionales. El diagnóstico oficial es inequívoco: no hay cesión formal de soberanía, sólo cooperación.
Sin embargo, el matiz que preocupa a las oposiciones y a parte de la opinión pública es otro: la creación de una sala de operaciones bajo control estadounidense en Milán desde la que se analizarán riesgos y se propondrán respuestas, en estrecho contacto con las fuerzas italianas. Que esa instancia no tenga poder de mando directo no elimina la sensación de que se ha abierto una grieta en el principio de “plena autonomía” del país anfitrión.
El efecto político es claro: partidos de izquierda y grupos cívicos han impulsado peticiones en línea para bloquear el despliegue y reclaman transparencia sobre cualquier acuerdo operativo con Washington. La seguridad olímpica se convierte así en un campo de batalla sobre quién decide y en interés de quién.
El coste económico de un escándalo en plena cita olímpica
El ángulo económico del debate es tan silencioso como decisivo. Milán-Cortina 2026 aspira a superar los 2.500 millones de euros en impacto turístico directo entre visitantes, consumo local y pernoctaciones, con previsiones de hasta 1,5 millones de asistentes sumando Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Un giro de narrativa hacia el conflicto político y la inseguridad puede erosionar esa cifra.
El presupuesto de seguridad, que distintas estimaciones sitúan en el entorno de los 700-900 millones de euros incluyendo infraestructuras, refuerzo policial, tecnología y ciberdefensa, depende en parte de la confianza de socios internacionales y aseguradoras. Cualquier percepción de improvisación o de disputa institucional encarece las pólizas, obliga a sobredimensionar los dispositivos y presiona las cuentas públicas.
Además, el vínculo entre ICE y políticas migratorias extremadamente controvertidas introduce un riesgo reputacional específico para Italia como destino: organizaciones de derechos humanos podrían lanzar campañas llamando al boicot simbólico o a la vigilancia ciudadana, lo que dañaría especialmente a sectores como el turismo familiar o los viajes de larga distancia.
En resumen, un conflicto mal gestionado entre soberanía y seguridad puede traducirse en menos visitantes, más coste y mayor incertidumbre para inversores y patrocinadores. La factura no sólo sería política; también contable.
Precedentes y límites de la presencia de agentes extranjeros
La presencia de agentes de seguridad estadounidenses en grandes eventos internacionales no es nueva. En Río 2016 y en otros Juegos anteriores, personal de la TSA, el Servicio Secreto o el propio DSS participó en tareas de apoyo sin mayor polémica. Lo novedoso en el caso de Milán-Cortina es la identidad concreta del cuerpo implicado y el contexto político internacional.
El esquema habitual se basa en acuerdos bilaterales discretos, centrados en el intercambio de inteligencia, la protección de delegaciones y la lucha contra amenazas específicas (terrorismo, ciberataques, crimen organizado). Sobre el papel, el dispositivo de 2026 no se aparta radicalmente de ese modelo: ICE-HSI se integra como pieza especializada dentro de una arquitectura liderada por el DSS y, en última instancia, por las fuerzas italianas.
El problema es de percepción: mientras que agencias como el FBI o el Servicio Secreto tienen una imagen de “policía federal clásica”, ICE se asocia casi en exclusiva a redadas de inmigración y deportaciones forzosas. La pregunta que flota en el aire es sencilla: ¿por qué elegir a la agencia más polémica de todas para un escaparate global?
La respuesta, según fuentes diplomáticas, sería la especialización de HSI en tramas transnacionales (blanqueo, falsificación, tráfico de personas), áreas sensibles en un evento que movilizará grandes flujos financieros y humanos. Pero, políticamente, el coste de esa elección empieza a superar a sus beneficios.
