Tres muertos en nuevo bombardeo de EE.UU a lancha narco
La última operación de Estados Unidos contra supuestos narcos en alta mar se ha saldado con tres muertos en el Pacífico oriental. El Mando Sur (SOUTHCOM) ha confirmado que un avión militar ejecutó un “ataque letal” contra una embarcación que navegaba por rutas conocidas de narcotráfico, difundiendo después un breve vídeo del impacto en la red social X. El episodio no es aislado: forma parte de una campaña que, desde septiembre de 2025, ha destruido al menos 43 botes y provocado más de 145 fallecidos, según el recuento oficial. La Casa Blanca defiende estos bombardeos como parte de un “conflicto armado” contra carteles latinoamericanos, mientras organizaciones de derechos civiles hablan ya de ejecuciones extrajudiciales y potenciales crímenes de guerra.
Un ataque más en una campaña ya letal
El bombardeo que ha dejado tres muertos en el Pacífico oriental es, en realidad, un eslabón más de una cadena que se acelera. SOUTHCOM admite que se trata del segundo ataque de este tipo en la misma semana, en el marco de la operación bautizada como Southern Spear. Los números ya dibujan una campaña de guerra: desde septiembre, los militares estadounidenses han destruido más de 40 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 145-148 fallecidos, la mayoría hombres jóvenes que nunca llegarán a pisar un tribunal.
En los últimos días, el Pentágono anunció también tres ataques simultáneos contra botes sospechosos en aguas de América Latina, con 11 muertos en una sola jornada. Meses antes, otra serie de bombardeos contra tres lanchas en el Pacífico dejó ocho fallecidos y elevó el recuento de víctimas por encima de los 90. La consecuencia es clara: la frontera entre una operación clásica antidroga y una campaña de hostilidades permanentes prácticamente ha desaparecido.
Washington insiste en que la inteligencia confirma que estos barcos “estaban comprometidos en operaciones de narcotráfico”. Pero no se han exhibido pruebas independientes sobre la presencia de cargamentos de cocaína o fentanilo en las embarcaciones destruidas, más allá de los partes militares y vídeos editados de las explosiones. Para los gobiernos de la región y los expertos en derecho internacional, lo inquietante no es solo el número de muertos, sino el precedente: la primera potencia mundial se reserva el derecho de ejecutar ataques letales en alta mar contra objetivos no estatales, en tiempos formalmente de paz.
La lógica de la “guerra armada” contra los carteles
La campaña se enmarca en la estrategia de la administración Trump, que ha declarado un “conflicto armado” contra los carteles de la droga y califica a las tripulaciones de estas lanchas como “narcoterroristas”. El lenguaje no es menor: trasladar el problema de las drogas al terreno del terrorismo permite activar herramientas militares pensadas para escenarios bélicos, con menos controles judiciales y políticos.
Bajo el paraguas de Southern Spear, el Pentágono ha desplegado más de una docena de buques de guerra, incluido el megaportaviones USS Gerald R. Ford, para patrullar el Caribe y el Pacífico oriental. En paralelo, la operación se ha cruzado con objetivos abiertamente geopolíticos, como la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro o la presión sobre el acceso de Caracas al mercado petrolero internacional.
Este hecho revela que la guerra contra la droga se ha fusionado con la política de poder en el hemisferio occidental. La etiqueta del narcotráfico sirve para justificar una presencia militar de altísima intensidad en el vecindario latinoamericano, con consecuencias que van mucho más allá de la persecución de unas lanchas rápidas. Para los países de la región, la señal es inequívoca: cualquier conflicto con Washington puede traducirse en sanciones, embargos… o misiles sobre sus costas.
Dudas legales: ¿operación policial o conflicto armado?
Lo más grave, a ojos de muchos juristas, es que la campaña se apoya en una zona gris legal. En tiempos de paz, el uso de fuerza letal por parte de un Estado contra supuestos delincuentes debería regirse por estándares de derecho penal y de derechos humanos: detención, juicio, garantías procesales. Sin embargo, el Pentágono sostiene que se trata de objetivos militares legítimos en el marco de un conflicto armado no internacional, lo que le permite aplicar reglas de enfrentamiento propias de la guerra.
Organizaciones como la ACLU y expertos en derecho internacional han advertido que matar a presuntos traficantes sin identificación ni proceso puede constituir ejecuciones extrajudiciales e incluso crímenes de guerra si no se demuestra la existencia de un enfrentamiento armado real. La polémica se intensificó tras conocerse que en uno de los primeros ataques, varios supervivientes del bombardeo habrían muerto en una segunda pasada del avión, un patrón que recordó inmediatamente a los episodios más oscuros de la guerra de drones en Oriente Medio.
El contraste con las prácticas habituales en operaciones antidroga es demoledor. En la lucha contra el narcotráfico, los Estados suelen recurrir a interceptaciones, abordajes y detenciones en el mar, con apoyo de guardacostas y policía judicial. La decisión de pasar directamente del seguimiento a la destrucción total de la embarcación, con sus tripulantes a bordo, representa un salto cualitativo que no ha sido debatido en foros multilaterales ni validado por ninguna resolución específica de Naciones Unidas.
Vídeos, ausencia de pruebas y la batalla del relato
Para reforzar su narrativa, el Mando Sur ha empezado a publicar vídeos desclasificados de los ataques, donde se observa el destello de una única munición guiada que impacta en una pequeña silueta en medio del mar, seguida de un fuego intenso. La estética recuerda a las imágenes de la guerra del Golfo o de Afganistán, pero con un detalle inquietante: no hay rastro de armas, ni de paquetes, ni de ninguna prueba visual de que se trate de lanchas cargadas de droga.
En algunos casos, los propios comunicados militares admiten que no se ha recuperado cargamento porque las embarcaciones se hunden tras el impacto o arden por completo. Eso deja al público —y a los posibles tribunales— ante un escenario de confianza ciega en la inteligencia que precede al ataque. Un modelo que ya generó enormes controversias en las operaciones antiterroristas de las últimas dos décadas.
La batalla del relato se libra también en otro frente: el de las bajas civiles. Fuentes de la región temen que, entre las víctimas, pueda haber pescadores artesanales, migrantes o simples tripulantes contratados por necesidad económica y sin ningún vínculo con grandes carteles. La falta de transparencia sobre la identidad de los muertos, sus nacionalidades y antecedentes alimenta esa sospecha. Para América Latina, acostumbrada a décadas de “daños colaterales” en la guerra contra la droga, el guion resulta inquietantemente familiar.
Impacto en América Latina y el riesgo de efecto dominó
Las consecuencias para los países ribereños del Caribe y el Pacífico son tanto políticas como económicas. En muchas zonas costeras, la línea entre pesca, transporte informal y actividades ilícitas es difusa, y gran parte de la población vive de pequeñas embarcaciones. Que un actor externo pueda destruir un bote en aguas internacionales o adyacentes sin pasar por los tribunales del país de bandera disuade no solo a los criminales, sino también a quienes dependen del mar para subsistir.
Además, Washington ha vinculado explícitamente algunos de estos ataques con organizaciones como el ELN colombiano o el Tren de Aragua venezolano, a las que presenta como “narcoterroristas”. Con ello, el riesgo de escalada es evidente: lo que empieza como persecución de lanchas puede convertirse en pretexto para operaciones más profundas contra infraestructuras o territorios bajo control de esos grupos, con impacto directo en la estabilidad de Colombia, Venezuela o los países centroamericanos.
Para la región, la consecuencia económica es doble. Por un lado, se multiplica la presión sobre los Estados costeros para alinearse con la estrategia estadounidense, convirtiendo sus puertos y bases navales en piezas de una arquitectura militar diseñada en Washington. Por otro, cualquier incidente con víctimas civiles puede deteriorar las relaciones diplomáticas y ahuyentar inversiones en sectores tan sensibles como la energía, la logística o el turismo de cruceros.