Trump amenaza con “cosas terribles” y un arancel global del 10-15%
La última andanada de Donald Trump en Truth Social vuelve a sacudir el tablero del comercio mundial. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha tumbado sus aranceles de emergencia, el presidente asegura que ahora tiene “mucho más poder y fuerza” que antes. Y lanza un aviso directo a los países que, según él, “han estado robando a Estados Unidos durante décadas”: dice que puede utilizar licencias para hacer cosas “terribles” contra ellos. La realidad jurídica es más compleja, pero el mensaje político es cristalino: Trump no piensa renunciar a los aranceles como arma de presión. Ya ha anunciado un nuevo arancel global del 10% durante 150 días al amparo de otra ley, pese al revés del Supremo. En juego no está solo su pulso con los jueces, sino un comercio exterior que mueve más de 4,1 billones de dólares en importaciones anuales y del que dependen Europa, China y buena parte de América Latina.
Un mensaje en Truth Social con aviso a navegantes
El punto de partida es un post de apenas unas líneas. En él, Trump celebra que el Supremo, al tumbar sus aranceles amparados en la ley de emergencias económicas (IEEPA), le habría dado “mucho más poder” para actuar contra otros países. “Puedo usar licencias para hacer cosas absolutamente ‘terribles’ a países extranjeros”, escribe, subrayando que muchos de ellos han estado “desangrando” a Estados Unidos.
La referencia a las licencias no es casual. El presidente lleva meses defendiendo que, aunque el Supremo le cierre la puerta a determinados aranceles, puede reconvertirlos en “tasas de licencia” que en la práctica funcionarían como impuestos a las importaciones. En su relato, se trataría de un simple cambio de etiqueta: si todas las licencias llevan una tasa, ¿por qué no cobrar también a los países que exportan a EEUU?
Lo más grave es el tono: Trump vincula su nuevo poder a la posibilidad de castigar selectivamente a quienes, a su juicio, se han aprovechado del mercado estadounidense. Aunque no cita países, el dardo apunta de nuevo a China, la Unión Europea y México, los grandes objetivos de su cruzada arancelaria en estos años.
Un Supremo que limita a Trump… y que Trump convierte en arma
La sentencia que ha desatado esta reacción es, en realidad, un correctivo. Por seis votos contra tres, el Tribunal Supremo ha dictaminado que el presidente se excedió al utilizar la IEEPA —una ley pensada para emergencias de seguridad nacional— para imponer aranceles masivos sin autorización expresa del Congreso.
El fallo no es menor: los jueces recuerdan que la Constitución reserva al Capitolio el poder de fijar impuestos y derechos de aduana. Al tumbar esta vía, el Supremo abre la puerta a que empresas y consumidores reclamen la devolución de los gravámenes cobrados. Distintas estimaciones sitúan el volumen potencial de reembolsos entre 160.000 y 175.000 millones de dólares, una cifra que ilustra la dimensión del experimento arancelario de Trump.
Sin embargo, el presidente ha decidido vender la derrota como una victoria táctica. Se agarra a cualquier referencia del fallo que le permita argumentar que conserva amplias competencias en comercio exterior. Y, sobre todo, desplaza el foco hacia otros instrumentos legales —como la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974— que le permiten imponer aranceles temporales de hasta el 15% para hacer frente a desequilibrios de balanza de pagos.
El contraste resulta demoledor: mientras el Supremo intenta acotar un poder presidencial expansivo, Trump convierte la corrección en un nuevo pretexto para endurecer su agenda proteccionista.
Licencias, aranceles y el nuevo laberinto jurídico
En el centro del debate está la palabra “licencia”. La IEEPA permite al presidente regular las transacciones internacionales mediante “instrucciones, licencias u otros medios”. Sobre esa frase, la Casa Blanca intenta construir ahora una tesis arriesgada: si el presidente puede conceder licencias de importación, también puede condicionar esas licencias al pago de una tasa, equivalente de facto a un arancel.
Los expertos advierten de que esa lectura estiraría hasta el límite el espíritu de la ley. Si los jueces ya han considerado excesivo usar IEEPA para fijar aranceles abiertos, difícilmente verán con buenos ojos un arancel “disfrazado” de licencia. El riesgo es evidente: una nueva ola de litigios, con empresas importadoras y países socios cuestionando en los tribunales cada movimiento de la Administración.
En paralelo, Trump ya ha activado el plan B: un arancel global del 10% durante 150 días al amparo de la Sección 122, que sí menciona explícitamente la posibilidad de imponer derechos temporales para corregir desequilibrios externos.
El diagnóstico es inequívoco: la política comercial estadounidense entra en un terreno híbrido, donde aranceles, licencias y medidas de emergencia se encadenan, generando una incertidumbre jurídica que se trasladará a los precios y a las decisiones de inversión.
Un disparo a un comercio mundial de 4,1 billones en importaciones
La ofensiva de Trump no se produce en el vacío. En 2024, Estados Unidos importó bienes y servicios por más de 4,1 billones de dólares, consolidándose como el mayor importador del mundo.
Sobre ese volumen se han superpuesto, en los últimos años, aranceles de dos dígitos a buena parte de los productos procedentes de China, México, Canadá y la propia Unión Europea.
Y, sin embargo, el resultado macroeconómico ha sido modesto. El déficit comercial de bienes y servicios sigue situado en torno a los 900.000 millones de dólares anuales y, en 2025, incluso aumentó pese a la batería de medidas proteccionistas.
Este hecho revela una realidad incómoda: los aranceles han recaudado mucho y distorsionado cadenas de suministro, pero apenas han modificado los factores estructurales —alto consumo interno, baja tasa de ahorro— que explican el desequilibrio externo de EEUU.
Lo que sí han alterado es la geografía del comercio. Parte de las importaciones que antes procedían de China se han desplazado hacia otros países asiáticos, sin reducir de forma significativa la dependencia de bienes intermedios extranjeros, especialmente en sectores como la electrónica y la automoción.
Un nuevo arancel global del 10-15% sobre un mercado de esta magnitud supondría, en la práctica, el mayor experimento fiscal sobre el comercio mundial en décadas.
Europa, el socio que más se juega
Si hay un bloque que mira con preocupación las palabras de Trump es la Unión Europea. La relación transatlántica sigue siendo la más densa del planeta: en 2024, el comercio de bienes y servicios entre ambas orillas superó los 1,68 billones de euros, y la UE exportó a EEUU productos por unos 571.000 millones de dólares.
Estados Unidos absorbe casi una quinta parte de todas las exportaciones europeas, una proporción que ha crecido en la última década. Para países como Alemania, Irlanda u Holanda, el mercado estadounidense es crucial para la industria farmacéutica, el automóvil y la maquinaria.
España depende algo menos —alrededor del 13% de sus exportaciones extra-UE tiene como destino EEUU—, pero sectores como la automoción, la agroalimentación o determinados bienes de equipo notarían con rapidez un arancel global sostenido.
Bruselas ya ha reclamado a Washington que respete los compromisos de la declaración conjunta firmada en 2025, que fijaba un marco de aranceles del 15% sobre el 70% de las exportaciones europeas a Estados Unidos, y ha amenazado con utilizar su Instrumento Anticoerción para responder si la Casa Blanca cruza ciertas líneas.
El contraste con otras regiones resulta demoledor: mientras Asia diversifica mercados y refuerza acuerdos intrarregionales, Europa sigue expuesta de forma intensa al humor de la política comercial estadounidense.
China y el giro del proteccionismo selectivo
Detrás de la retórica de las “cosas terribles” late un mensaje dirigido, sobre todo, a China. Los primeros ciclos de aranceles de Trump se concentraron en Pekín: derechos adicionales de hasta el 50% en algunos productos y un recargo generalizado de dos dígitos para sectores considerados estratégicos, desde el acero a la electrónica.
Paradójicamente, el déficit bilateral con China se ha reducido —en torno a un 30% menos de importaciones desde 2024, hasta representar apenas el 9% del total—, pero parte de ese flujo se ha desviado hacia otros países asiáticos como Vietnam, Taiwán o India.
El diagnóstico es claro: la cadena de suministro se ha reconfigurado, pero no se ha “repatriado” a Estados Unidos en la medida prometida.
En este contexto, las licencias que Trump esgrime ahora podrían convertirse en una herramienta de proteccionismo selectivo, diseñada para castigar a países concretos bajo el argumento difuso de que “han estado robando a EEUU”. El riesgo es una escalada de represalias: controles a la inversión, restricciones tecnológicas y vetos cruzados en sectores como semiconductores, baterías o vehículos eléctricos.
Para Europa y Latinoamérica, atrapadas entre el mercado estadounidense y la influencia económica china, cualquier movimiento brusco de Washington puede traducirse en tensiones adicionales en sus propias estrategias industriales.
El coste real para empresas y consumidores
Más allá de la batalla política, los números delatan el impacto de los aranceles en la economía real. Diversos estudios calculan que los gravámenes de Trump han supuesto ya más de 200.000 millones de dólares en sobrecostes para empresas y consumidores estadounidenses, al encarecer bienes de consumo, componentes industriales y equipamiento.
Ahora, con la sentencia del Supremo, se abre la posibilidad de reembolsar entre 120.000 y 175.000 millones de dólares en tarifas cobradas al amparo de la IEEPA. Solo en Virginia, por ejemplo, están en el aire unos 2.700 millones de dólares recaudados a importadores locales.
Pero los expertos advierten de que los reembolsos serán lentos, parciales y altamente litigiosos. La Administración explorará cualquier resquicio para evitar una devolución masiva que suponga un agujero fiscal inmediato.
Mientras tanto, las empresas operan en un entorno de volatilidad regulatoria permanente: listas de productos sujetas a arancel, exenciones temporales, nuevas investigaciones del Departamento de Comercio y, ahora, la amenaza de licencias punitivas. En lugar de dedicar recursos a innovar o ganar eficiencia, muchas compañías se ven obligadas a invertir en abogados, lobbies y reconfiguraciones de sus cadenas de suministro, con un coste directo sobre la productividad.