Trump arremete contra Noruega y liga el Nobel a Groenlandia

Un mensaje de móvil que desata una crisis

El origen inmediato de la tormenta está en un intercambio de mensajes durante el fin de semana. Støre, junto al presidente finlandés Alexander Stubb, envió un texto a Trump para pedir la desescalada de la tensión, tras el anuncio de nuevos aranceles a Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido. La respuesta del presidente estadounidense llegó menos de media hora después y fue filtrada por el propio Gobierno noruego, un gesto poco habitual que muestra la gravedad percibida en Oslo.

En ese mensaje, Trump reprocha a Noruega que el Nobel de la Paz de 2025 no recayera en él, sino en la opositora venezolana María Corina Machado, y concluye que, por esa razón, ya no se siente obligado a pensar «exclusivamente» en la paz. A renglón seguido, vincula esa nueva lógica con su objetivo de lograr el «control completo y total de Groenlandia», un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca con apenas 57.000 habitantes, pero clave para el despliegue militar y de inteligencia en el Ártico.

Este hecho revela hasta qué punto el presidente está dispuesto a mezclar su frustración por un galardón simbólico con decisiones de enorme calado estratégico. La consecuencia es clara: el ego presidencial se convierte en variable explícita de la política exterior de la primera potencia mundial.

Noruega recuerda la independencia del Comité Nobel

Las acusaciones de Trump se sustentan en una premisa errónea. El presidente insiste en que «si alguien piensa que Noruega no controla el Nobel, está bromeando», atribuyendo al Gobierno la capacidad de decidir quién recibe el premio. Sin embargo, la arquitectura institucional del galardón es clara: la elección corre a cargo del Comité Noruego del Nobel, un órgano de cinco miembros nombrados por el Parlamento (Storting), que actúa como entidad independiente y privada, sin instrucciones formales del Ejecutivo.

Støre ha tenido que recordarlo públicamente, subrayando que el Gobierno noruego «no tiene nada que ver» con la decisión y que así se lo ha explicado «claramente» al presidente estadounidense en varias ocasiones. El contraste con la lectura de Trump resulta demoledor: mientras Oslo trata de blindar la reputación de un premio diseñado para premiar la paz, Washington lo instrumentaliza como argumento en un pulso territorial.

Lo más grave es el mensaje implícito. Si un líder mundial transmite que una institución privada, regida por un testamento de 1895, puede ser manejada por un Gobierno extranjero, erosiona la confianza en la independencia de cualquier órgano internacional. Y alimenta la narrativa de que todo reconocimiento global —desde los premios hasta los acuerdos climáticos o comerciales— sería resultado de un juego de favores entre élites políticas, y no de procedimientos reglados.

Groenlandia, el nuevo tablero geopolítico del Ártico

La disputa no se entiende sin el tablero geopolítico del Ártico. Groenlandia, con más de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, es el territorio insular más grande del planeta y un enclave clave para la defensa de América del Norte, las rutas marítimas emergentes por el deshielo y el acceso a minerales estratégicos. Estados Unidos mantiene presencia militar en la isla desde la Segunda Guerra Mundial, con la base de Pituffik como pieza central del escudo antimisiles y de las capacidades espaciales.

Trump ya había coqueteado con la idea de comprar Groenlandia en 2019, durante su primer mandato, y desde 2025 ha convertido la adquisición —por la vía de la compra o, en última instancia, la anexión— en uno de los ejes de su narrativa geopolítica. La firme negativa de Copenhague y del propio Gobierno groenlandés, que reivindican el derecho de la población a decidir su futuro, ha elevado el pulso a una crisis abierta.

El diagnóstico es inequívoco: Washington considera que, si no se asegura el control de la isla, lo harán Rusia o China; Copenhague y Nuuk, por su parte, interpretan que ceder ante esa presión no solo violaría el derecho internacional, sino que fracturaría la OTAN y abriría la puerta a una escalada imprevisible en el Ártico. El resultado es un choque frontal entre la lógica de la seguridad nacional estadounidense y la defensa europea de la legalidad internacional.

Aranceles a ocho aliados y un comercio en riesgo

El segundo vector de presión de Trump son los aranceles. El presidente ha anunciado un gravamen del 10% sobre las importaciones procedentes de ocho países aliados —Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido— con la amenaza de elevarlo hasta el 25% a partir de junio si no se avanza en un acuerdo sobre Groenlandia.

La decisión afecta de lleno a uno de los ejes centrales de la economía global: el comercio transatlántico. En 2024, el intercambio de bienes y servicios entre la Unión Europea y Estados Unidos alcanzó 1,68 billones de euros, lo que equivale a unos 4.400 millones diarios cruzando el Atlántico. Buena parte de ese flujo se concentra precisamente en las economías ahora amenazadas por los aranceles.

Bruselas ha reaccionado con un mensaje de firmeza. Sobre la mesa está la activación del nuevo Instrumento contra la Coerción (ACI), aprobado en 2023, que permitiría responder con medidas simétricas: desde cuotas y restricciones en licitaciones públicas —un mercado de casi 2 billones de euros al año— hasta limitaciones al acceso de grandes tecnológicas estadounidenses o a inversiones directas.

Mientras tanto, los efectos ya empiezan a notarse. Un informe del Instituto Económico Alemán revela que la inversión alemana en Estados Unidos se redujo en torno a un 45% en el primer año del segundo mandato de Trump, y las exportaciones cayeron casi un 9%, reflejando la incertidumbre provocada por la sucesión de amenazas arancelarias. Lo que se presenta como una palanca de negociación en torno a Groenlandia corre el riesgo de degenerar en un nuevo ciclo de guerra comercial transatlántica.

Machado, el Nobel y la obsesión por el reconocimiento

En el centro emocional de la crisis late un símbolo: el Nobel de la Paz de 2025, concedido a María Corina Machado por su liderazgo en la oposición democrática venezolana. Trump no oculta desde hace años su deseo de figurar en la lista de laureados, y ha llegado a reivindicar que sus decisiones diplomáticas le han permitido «evitar ocho guerras».

Días antes de la filtración del mensaje a Støre, Machado visitó la Casa Blanca y entregó al presidente su medalla del Nobel en un gesto que la propia opositora calificó de simbólico. El Comité Nobel se apresuró a recordar que el premio es personal e intransferible, y que no puede revocarse ni compartirse. Trump, sin embargo, interpretó el gesto como una validación de su relato: «Una mujer extraordinaria pensó que yo merecía el Nobel y quiso que lo tuviera», declaró antes de añadir, de nuevo, que no le importaba el premio mientras insistía en que Noruega «lo controla».

La paradoja es evidente. Quien asegura no preocuparse por el Nobel reordena su política exterior alrededor de ese agravio. Y el gesto de Machado, concebido para tender puentes con Washington, termina siendo utilizado como munición en un conflicto con Europa, alejando el foco de la crisis venezolana y de la propia situación de los derechos humanos en el país.

El contraste con la diplomacia tradicional de Estados Unidos

Históricamente, los presidentes estadounidenses que han recibido o aspirado al Nobel han mantenido una distancia cuidadosa entre el símbolo y la acción gubernamental. Theodore Roosevelt aceptó el premio en 1906 por su mediación en la guerra ruso-japonesa sin condicionar su agenda exterior a ese reconocimiento. Barack Obama lo recibió en 2009 en plena guerra de Afganistán y dedicó buena parte de su discurso a reconocer las contradicciones entre la paz ideal y la responsabilidad de comandar un ejército.

Trump rompe ese patrón al convertir el premio en una especie de voto de confianza internacional cuya ausencia justificaría decisiones más agresivas. Este hecho revela una forma de entender el poder profundamente personalizada: los galardones, los tratados o incluso la pertenencia a alianzas como la OTAN se leen en clave de validación personal del líder, no de interés estructural del país.

El contraste con otras administraciones estadounidenses resulta demoledor también en la forma. Mientras sus predecesores utilizaban comunicaciones discretas y diplomacia clásica para gestionar desacuerdos con aliados, Trump recurre a mensajes de texto filtrados, declaraciones improvisadas ante periodistas y amenazas arancelarias que se anuncian en redes sociales. El mensaje a los socios es claro: la estabilidad del orden transatlántico depende cada vez más del estado de ánimo del presidente que de los acuerdos suscritos.