Trump carga contra el pacto de 100 años por Diego Garcia
El presidente de Donald Trump ha vuelto a colocar una pequeña isla perdida en el Índico en el centro de la geopolítica mundial. En un mensaje en su red social, el mandatario advirtió de que Estados Unidos podría recurrir a la base de Diego Garcia para “erradicar un posible ataque” de Irán si fracasan las negociaciones nucleares con Teherán. Al mismo tiempo, acusó al primer ministro británico Keir Starmer de cometer “un gran error” al firmar un arrendamiento de casi un siglo sobre el enclave con el país que reclama la soberanía del archipiélago. El aviso llega en pleno rediseño del mapa de poder en el Índico y abre un frente incómodo para Londres, que trata de equilibrar sus compromisos internacionales con sus necesidades de seguridad. La isla de Diego Garcia, hasta ahora un asunto técnico de derecho internacional, se convierte de golpe en símbolo de la capacidad real de reacción de Occidente ante un eventual choque con Irán.
Una advertencia directa desde Washington
En su mensaje, Trump dibuja un escenario binario: acuerdo o amenaza militar. Si Irán se niega a pactar, afirma, Estados Unidos podría recurrir tanto a Diego Garcia como a la base de Fairford, en el Reino Unido, para neutralizar un potencial ataque contra territorio británico y de otros aliados. La frase clave, traducida libremente, señala la necesidad de “erradicar un posible ataque” de un “régimen altamente inestable y peligroso”.
El tono no es solo retórico. Desde el inicio de la nueva ronda de conversaciones con Teherán, la Casa Blanca ha tratado de combinar presión diplomática con demostraciones de fuerza. Diego Garcia se presenta así como pilar de un plan B que ningún socio europeo puede ignorar. La consecuencia es clara: el debate sobre la soberanía del archipiélago deja de ser un asunto jurídico para convertirse en una pieza más del tablero de seguridad occidental.
Trump también eleva la presión sobre Londres en términos muy personales. Acusa a Starmer de “entrar en un alquiler de 100 años” con el actor que reclama derechos sobre la isla y advierte de que renunciar a su control sería “una mancha para nuestro gran aliado”. El mensaje no solo cuestiona el acuerdo, sino que insinúa que, si las cosas se tuercen con Irán, Washington hará valer su propio criterio sobre cómo y desde dónde se proyecta el poder militar estadounidense.
Diego Garcia, el portaaviones inmóvil del Índico
Situada en medio del océano Índico, Diego Garcia es algo más que una base remota. A unos 5.200 kilómetros de la costa iraní, se encuentra dentro del radio de acción de bombarderos estratégicos como el B-2 y el B-52, capaces de cubrir la distancia sin repostar o con apoyo mínimo. Esa posición la convierte en un punto de apoyo ideal para operaciones de largo alcance sobre Oriente Medio, África oriental y buena parte de Asia.
Históricamente, la instalación ha funcionado como plataforma de lanzamiento para misiones en Irak, Afganistán y, más recientemente, contra infraestructuras militares y energéticas en la región. Desde su pista despegaron bombarderos que atacaron objetivos clave durante la guerra de Afganistán y la campaña contra el Estado Islámico. A diferencia de otras bases en la zona, Diego Garcia ofrece a Washington profundidad estratégica: está lo bastante lejos de las costas para reducir su vulnerabilidad, pero lo bastante cerca para proyectar fuerza en cuestión de horas.
Este hecho revela por qué cualquier modificación en su estatus jurídico se analiza en el Pentágono como algo más que un trámite diplomático. En plena competencia con China por el control del Indo-Pacífico y con Irán convertido en foco permanente de tensión, perder certidumbre sobre Diego Garcia equivaldría a cuestionar uno de los pilares de la disuasión estadounidense en dos teatros a la vez.
El polémico pacto de casi un siglo
El verdadero blanco de las críticas de Trump es el acuerdo negociado por Londres para resolver el contencioso sobre el archipiélago. El Gobierno británico ha pactado con el país reclamante —Mauricio— un arrendamiento de 99 años sobre Diego Garcia, prorrogable, a cambio de un pago anual que ronda los 100 millones de libras y de la transferencia de soberanía formal del resto de islas.
Desde Whitehall se presenta el acuerdo como la única vía viable para salvar la base sin desafiar abiertamente las resoluciones internacionales que reconocen las reclamaciones de Mauricio. El mensaje oficial subraya que el control operativo de la instalación seguirá en manos británicas y estadounidenses y que el contrato incluye garantías de uso exclusivo con fines defensivos.
Sin embargo, para la Casa Blanca trumpiana esta fórmula es intrínsecamente frágil. Trump sostiene que un alquiler a tan largo plazo, con un tercero titular de la soberanía, introduce demasiadas incógnitas: cambios de gobierno en Port Louis, presiones regionales, litigios nuevos ante tribunales internacionales o incluso un giro de alineamiento geopolítico de Mauricio. En su lógica, cualquier elemento que aporte incertidumbre sobre un activo estratégico en plena crisis con Irán es, por definición, inaceptable.
La herida abierta de Chagos y el derecho internacional
La controversia no nace de la nada. El archipiélago de Chagos fue separado de Mauricio por el Reino Unido en 1965, poco antes de la independencia de esta antigua colonia. Desde entonces, miles de habitantes originarios fueron desalojados para permitir la construcción de la base, generando una disputa de décadas.
En 2019, la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen consultivo en el que consideraba ilegal el proceso de descolonización y pedía al Reino Unido poner fin “lo antes posible” a su administración del archipiélago. La Asamblea General de la ONU respaldó esa opinión y urgió a Londres a negociar la devolución.
El acuerdo de arrendamiento intenta cuadrar el círculo: reconocer de facto las reclamaciones mauricianas sin renunciar a la base. Para las organizaciones de derechos humanos y los representantes de los chagosianos expulsados, el pacto no repara el daño histórico y sigue dejando en el aire la cuestión del retorno. Para Londres, en cambio, es una forma de cumplir mínimamente con el derecho internacional sin sacrificar un activo militar clave. El contraste con otras situaciones coloniales en el mundo resulta demoledor: pocas veces un expediente de descolonización ha estado tan condicionado por un componente estrictamente militar.
La alianza Londres-Washington a prueba
La reacción de Trump coloca al Gobierno británico en una posición incómoda. Downing Street defiende que el pacto con Mauricio se negoció en estrecha coordinación con Washington y que el Departamento de Estado dio su visto bueno antes de la firma. De hecho, la administración estadounidense había subrayado públicamente que el acuerdo garantizaba la continuidad de las operaciones conjuntas.
El giro del presidente introduce una brecha entre los discursos de ambos lados del Atlántico. Mientras Starmer presenta el arreglo como una solución pragmática que evita litigios, Trump lo enmarca como una cesión de control que podría limitar la libertad de acción de Estados Unidos. El diagnóstico es inequívoco: la relación especial angloestadounidense vuelve a estar atravesada por la tensión entre legalidad internacional y lógica de poder.
En términos internos, la polémica también reaviva el debate en Westminster. Sectores conservadores critican el coste del acuerdo —más de 9.900 millones de libras en todo el periodo si se mantiene el pago anual previsto— y lo presentan como otro ejemplo de “diplomacia del cheque” para resolver problemas heredados del Imperio. La izquierda, por su parte, insiste en que sin un compromiso claro de reparación a los chagosianos, cualquier arreglo será percibido como una solución en falso.
La sombra de Irán sobre cada decisión
Más allá del contencioso colonial, el trasfondo inmediato es la enésima crisis nuclear con Irán. Las conversaciones en curso tratan de evitar una escalada después de meses de tensiones, ataques indirectos y sanciones crecientes. En este contexto, cualquier mención explícita a un posible uso de bases para un ataque preventivo tiene un efecto multiplicador sobre la percepción de riesgo en la región.
Diego Garcia y la base de RAF Fairford aparecen en los planes militares como nodos complementarios: la primera, para operaciones de largo alcance desde el Índico; la segunda, como punto de salida para bombarderos estratégicos desde Europa. El mensaje de Trump busca recordar que, si Irán intenta acelerar su programa nuclear o amenaza directamente a aliados europeos, Washington mantiene sobre la mesa opciones de fuerza de alta intensidad.
Lo más grave, sin embargo, es el efecto que este tipo de declaraciones tiene sobre el margen de maniobra diplomático. Cada alusión pública a una posible campaña de bombardeos endurece las posiciones internas en Teherán, complica el trabajo de los mediadores europeos y alimenta la narrativa de que Occidente solo entiende el lenguaje de la fuerza. El riesgo es claro: que la escalada verbal acabe convirtiéndose en profecía autocumplida.
Energía, mercados y el coste de una crisis abierta
Cuando se menciona Diego Garcia e Irán en la misma frase, los mercados de materias primas toman nota. Una crisis abierta en el Golfo Pérsico podría disparar el precio del barril de Brent por encima de los 100 dólares y encarecer de forma abrupta el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo.
La sola posibilidad de operaciones lanzadas desde el Índico alimenta las primas de riesgo regionales y eleva el coste de asegurar cargamentos que cruzan el océano hacia Europa y Asia. Para economías altamente dependientes de la energía importada, como la europea, un repunte sostenido de 10-15 dólares por barril se traduciría en más inflación, presión sobre los bancos centrales y nuevas tensiones fiscales.
En el plano financiero, la incertidumbre sobre el estatus jurídico de la base añade un componente extra. Los inversores analizan si el acuerdo de arrendamiento garantiza estabilidad o, por el contrario, abre la puerta a disputas futuras que podrían afectar a la capacidad de la OTAN para proyectar fuerza en el Índico. El contraste con otras regiones, donde la presencia militar estadounidense se sustenta en tratados más claros, resulta inquietante para quienes valoran la previsibilidad por encima de todo.