Trump eleva la presión sobre Delcy Rodríguez mientras Padrino despliega el ejército en toda Venezuela

La fase posterior a la captura de Nicolás Maduro está lejos de ser una transición ordenada. En apenas 24 horas, Donald Trump ha pasado de presentar a Delcy Rodríguez como interlocutora potencial a lanzar una amenaza directa contra la presidenta interina venezolana. En paralelo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha ordenado el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio bajo la bandera de la “defensa de la soberanía”.
El mensaje es nítido: Washington sube el tono y Caracas responde cerrando filas militares. Entre ambos polos, la posibilidad de una salida negociada se estrecha, mientras crece el riesgo de una escalada interna y regional.

Una amenaza sin ambages a la sucesora de Maduro

En una entrevista telefónica con The Atlantic, Trump lanzó un aviso que no admite matices: si Delcy Rodríguez “no hace lo correcto”, “pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”. La frase sitúa a la presidenta interina en el centro de la presión estadounidense y disipa cualquier duda sobre la hoja de ruta de la Casa Blanca: el cambio de rostro en Miraflores no basta.

La amenaza llega apenas un día después de que Trump asegurara que Rodríguez había prometido al secretario de Estado, Marco Rubio, que estaba dispuesta a trabajar con Washington. Ese aparente canal de diálogo se ha tensado en cuestión de horas, después de que la propia Rodríguez calificara el ataque estadounidense como una “grave agresión militar” y reafirmara la defensa de los recursos naturales del país.

El contraste entre ambos discursos —cooperación en privado, desafío en público— alimenta las sospechas en Washington de que la cúpula chavista intenta ganar tiempo, mientras en Caracas se intenta evitar la imagen de una claudicación ante el ultimátum norteamericano.

Las condiciones de EE UU: de la lucha antidroga al control del petróleo

Las palabras de Trump se entienden a la luz del pliego de condiciones que Rubio ha explicitado en las últimas horas. Washington exige a las autoridades que quedan en Venezuela:

• Fin del narcotráfico desde territorio venezolano hacia Estados Unidos y Europa.

• Salida de Irán y Hezbolá del país, cortando cualquier vínculo logístico o financiero.

• Expulsión de las guerrillas colombianas FARC y ELN, asentadas en zonas fronterizas.

• Reorientar la industria petrolera para evitar que “enriquezca a los adversarios” de EE UU.

Solo si se producen “cambios reales”, ha reiterado Rubio, Estados Unidos estaría dispuesto a trabajar con el nuevo liderazgo. En paralelo, ha calificado de “prematuro” hablar de elecciones, pese a que el país lleva más de 14-15 años bajo control del mismo bloque político. Primero, insiste, hay que “hacer el trabajo duro” en seguridad y geopolítica.

En ese marco, la amenaza directa de Trump a Rodríguez convierte esas condiciones en una línea roja personal: no se trata solo de la supervivencia del chavismo, sino del destino individual de sus figuras clave.

Delcy Rodríguez, atrapada entre la presión externa y el núcleo chavista

Rodríguez afronta un dilema de alto riesgo. Por un lado, el Tribunal Supremo la ha nombrado presidenta interina con el mandato de garantizar “la continuidad administrativa” y defender la soberanía. Por otro, Estados Unidos la señala como responsable directa de que se cumplan o no las condiciones fijadas desde Washington.

Si se inclina hacia la cooperación plena, corre el riesgo de ser percibida dentro del chavismo como la dirigente que “entregó” el proyecto bolivariano a cambio de garantías personales o alivio de sanciones. Si opta por el enfrentamiento, se expone a que la Casa Blanca la coloque en el mismo plano que Maduro, con posibles cargos penales y sanciones específicas.

Fuentes diplomáticas apuntan a un escenario en el que Rodríguez intente jugar a dos tiempos: gestos de apertura selectiva hacia Estados Unidos —por ejemplo, en el terreno antidroga— combinados con una retórica dura y la preservación de alianzas con Rusia, China o Irán. La respuesta de Trump sugiere que ese margen de ambigüedad se está estrechando rápidamente.

Padrino López militariza el país con la “Operación Despliegue Listo para el Combate”

En paralelo al pulso verbal, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha anunciado el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional. Bajo el nombre de “Operación Despliegue Listo para el Combate”, el dispositivo integra, según la propia terminología oficial, el poder popular, militar y policial para hacer frente a la “agresión imperial”.

En la práctica, se trata de una movilización preventiva que persigue varios objetivos:

• Disuadir cualquier intento de levantamiento interno o fractura en la cadena de mando.

• Mostrar cohesión frente a posibles operaciones adicionales de Estados Unidos.

• Enviar una señal a aliados externos de que el aparato militar sigue bajo control de la cúpula chavista.

Analistas militares consultados estiman que un despliegue de este tipo podría involucrar a entre 80.000 y 150.000 efectivos, contando fuerzas regulares, milicias y cuerpos policiales militarizados. Más allá de la cifra exacta, el mensaje es inequívoco: el ejército se coloca en modo de combate permanente, con el riesgo añadido de que cualquier incidente local pueda escalar rápidamente.

El riesgo de una escalada interna: entre la demostración de fuerza y la represión

El despliegue de tropas a escala nacional tiene también implicaciones internas. Un país con una economía contraída más de un 70% en la última década, con índices de pobreza que superan el 50%, y con un tejido social debilitado, es especialmente vulnerable a abusos de poder en contextos de militarización.

La experiencia de episodios anteriores —protestas masivas, saqueos, cortes de luz— sugiere que el uso extendido de fuerzas armadas y milicias puede traducirse en:

• Control más estricto del espacio público, limitando manifestaciones y reuniones.

• Mayor presión sobre opositores, periodistas y organizaciones civiles.

• Un clima de miedo que complique cualquier intento de negociación real.

Para Washington, paradójicamente, un aumento de la represión podría servir de argumento para endurecer aún más el paquete de sanciones o justificar nuevas acciones “en defensa de los derechos humanos”. Para la población venezolana, el resultado es un círculo vicioso: más tensión geopolítica, más despliegue militar y menos margen para una normalidad mínima.

Un tablero de alto voltaje para el petróleo y los mercados

Todo este pulso tiene un telón de fondo económico: el control del petróleo venezolano, que representa históricamente más del 90% de las exportaciones y cerca del 20% del PIB. La captura de Maduro y la voluntad de Estados Unidos de “reordenar” la industria sitúan a los campos de crudo en el centro de la partida.

Los mercados ya han empezado a descontar la posibilidad de cambios en la oferta futura de Venezuela —que podría volver a superar el millón de barriles diarios en un horizonte de 2-3 años si se materializan inversiones—, pero la imagen de un país con tropas desplegadas y liderazgo amenazado desde el exterior introduce un factor de riesgo político estructural:

• Cualquier sabotaje, huelga o confrontación puede traducirse en interrupciones de suministro.

• Las grandes petroleras evaluarán no solo la rentabilidad, sino la seguridad jurídica y física de operar en un país con doble presión: la interna del chavismo sin Maduro y la externa de la Casa Blanca.

• El propio tipo de cambio y el sistema financiero venezolano, ya deteriorados, podrían sufrir nuevos shocks si se percibe que la confrontación se prolonga.

Para los índices globales —desde el S&P 500 al Euro Stoxx— el impacto seguirá siendo de momento indirecto, a través del precio del crudo y del sentimiento de riesgo emergente. Pero para los bonos soberanos venezolanos, todavía en terreno de impago, cada movimiento militar y cada amenaza presidencial forman parte de una ecuación de reestructuración cada vez más compleja.