Trump impone en Gaza un gobierno tecnócrata bajo su ‘Board of Peace’

El movimiento consolida un esquema inédito: un comité palestino sin mandato salido de las urnas, escogido por mediadores regionales y validado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que dirigirá la vida cotidiana de los 2,3 millones de habitantes de Gaza mientras dura la tutela internacional. La consecuencia es clara: la gobernanza del territorio queda, por primera vez, separada de la representación política tradicional palestina.

Un comité tecnócrata para una Gaza exhausta

El National Committee for the Administration of Gaza nace como un gabinete interino de 15 tecnócratas palestinos, encabezado por Ali Shaath, ex alto cargo de la Autoridad Nacional Palestina. Su mandato formal es gestionar la administración civil, los servicios básicos y la reconstrucción inicial de una Franja devastada tras más de dos años de guerra.

No habrá ministros de partido, ni cuotas formales para Fatah o Hamas. El diseño, impulsado por Washington y respaldado por Egipto, Qatar y Turquía, pretende presentar al mundo una estructura “neutral”, dedicada a la gestión y alejada de las fracturas políticas que han paralizado a Palestina durante décadas.

Sin embargo, este hecho revela una tensión de fondo: el NCAG nace como resultado de un acuerdo entre élites —Trump, los mediadores regionales y las facciones palestinas—, no de una decisión directa de la población de Gaza. Lo que se presenta como “tecnocracia” corre el riesgo de ser percibido, sobre el terreno, como un gobierno nombrado desde fuera, condicionado por intereses de seguridad y por la agenda de quienes controlan el dinero de la reconstrucción.

El papel del Board of Peace y el poder de Trump

La clave del nuevo esquema no está solo en quién gobierna Gaza, sino quién supervisa a quienes gobiernan. Ese papel lo asumirá el Board of Peace, un organismo internacional mandatado por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU y presidido directamente por Trump.

Según los documentos del acuerdo, el Board tendrá capacidad para vetar decisiones del comité tecnócrata en materias de seguridad, grandes inversiones, gestión fronteriza y coordinación con Israel. Es decir, la administración palestina podrá gestionar escuelas, hospitales o impuestos, pero las decisiones estratégicas —desde licencias portuarias hasta concesiones energéticas— quedarán bajo tutela de un órgano mixto en el que se sientan líderes extranjeros elegidos por Washington.

Trump ha dejado claro que el Board será “el más grande y prestigioso jamás reunido”, y que trabajará de la mano con Egipto, Turquía y Qatar para cerrar un acuerdo de desmilitarización total de Hamas, condición imprescindible para pasar a la fase final del plan de paz. La consecuencia política es evidente: el presidente estadounidense se coloca en el centro absoluto del futuro de Gaza, con una estructura que concentra poder sin precedentes sobre un territorio que ni es suyo ni vota en sus elecciones.

Entre la tutela internacional y la soberanía palestina

Sobre el papel, el NCAG pretende ser una herramienta para reunificar a las facciones palestinas en torno a un proyecto común. Tanto la Autoridad Palestina como Hamas han avalado su creación, y el propio Shaath ha defendido un marco de “un solo hogar, un solo sistema”, integrado en las instituciones palestinas existentes.

Pero la arquitectura real apunta hacia otra dirección. El Board de Peace responde a capitales extranjeras, la presencia militar israelí no desaparece de la noche a la mañana y la economía de la Franja dependerá de decisiones tomadas fuera de sus fronteras. Lo más grave, señalan expertos consultados por la ONU, es que la combinación de tutela internacional, control israelí de los accesos y ausencia de elecciones en Gaza puede terminar consolidando una “soberanía de baja intensidad” para los palestinos, en la que la apariencia de autogobierno oculte una pérdida efectiva de poder.

El contraste con otros escenarios posbélicos resulta demoledor. En Bosnia o Kosovo, la presencia internacional se combinó con estructuras políticas que, al menos, reconocían de entrada la representación nacional de las comunidades afectadas. En Gaza, la prioridad ha sido separar la gestión técnica de la representación política, dejando a esta última para un futuro incierto.

Cómo se ha construido el nuevo gobierno

El NCAG no se improvisa en una noche. Sus orígenes se remontan al plan de 20 puntos para Gaza presentado por Trump en septiembre de 2025, que contemplaba una administración “transitoria, tecnocrática y apolítica” como condición para el alto el fuego definitivo.

Tras meses de contactos en El Cairo, Doha y Ankara, los mediadores árabes confeccionaron una lista de cuarenta tecnócratas palestinos. De esa lista, revisada por la Autoridad Palestina, Hamas e incluso por Israel, han salido los quince nombres que compondrán el comité. Su perfil es el de gestores con experiencia en sanidad, infraestructuras, finanzas o administración local, muchos de ellos formados en universidades europeas y estadounidenses.

El diagnóstico oficial es claro: Gaza necesita gestores, no políticos. Pero la experiencia de otros procesos de transición sugiere que la legitimidad no se hereda por el currículo. Si la población percibe que el nuevo gobierno responde más a Washington y a los donantes del Golfo que a las necesidades del campo de refugiados de Nuseirat o de los barrios arrasados de Gaza City, el riesgo de rechazo será alto. Y, en un territorio saturado de armas y frustración, ese rechazo rara vez se expresa sólo en las urnas.

Reconstrucción millonaria y reparto de contratos

En paralelo a la ingeniería institucional, se perfila un negocio colosal. Naciones Unidas y varios gobiernos calculan que la reconstrucción de la Franja exigirá al menos 70.000 millones de dólares, una cifra similar al PIB anual de países como Croacia o Lituania.

Sobre el terreno, Gaza está literalmente enterrada bajo más de 60 millones de toneladas de escombros, con hasta el 80 % del tejido edificatorio dañado o destruido tras dos años de bombardeos y combates. La ONU estima que solo limpiar los restos puede llevar entre cinco y siete años y requerir más de 1.000 millones adicionales.

En este contexto, el Board de Peace y el NCAG se convierten en árbitros de un mercado multimillonario de contratos de reconstrucción: carreteras, puertos, redes eléctricas, plantas de desalación, telecomunicaciones… Empresas de Estados Unidos, Europa, el Golfo y Asia ya se mueven para situarse en la parrilla de salida. El riesgo es evidente: que la lógica de la reconstrucción se guíe más por las oportunidades de negocio que por las necesidades de una población traumatizada, empobrecida y aún sometida a restricciones de movimiento.

Europa y España, entre el apoyo y la cautela

Bruselas ha saludado el paso a la fase dos del plan estadounidense, destacando la importancia del nuevo comité palestino para sostener el alto el fuego y mejorar el acceso de ayuda humanitaria. La Comisión Europea ha subrayado que el objetivo sigue siendo una paz duradera y un horizonte de Estado palestino viable, pero ha evitado pronunciarse sobre el grado de poder real del Board de Peace.

España, por su parte, se ha alineado con ese mensaje y ha calificado la creación del NCAG como “un paso en la dirección correcta” hacia la reconstrucción y la unidad palestina, al tiempo que insiste en la necesidad de respeto al derecho internacional y de rendición de cuentas por la devastación de la Franja.

Pero el dilema europeo es profundo. La UE aporta históricamente más del 40 % de la ayuda internacional a los palestinos y será, con toda probabilidad, el principal financiador civil de la reconstrucción. Si se integra de lleno en el esquema del Board de Peace sin exigir contrapesos democráticos y garantías de soberanía palestina, corre el riesgo de convertirse en pagador sin voz, legitimando una arquitectura donde la palanca política la manejan otros. Si, por el contrario, se distancia en exceso, puede perder la capacidad de influir en un proceso que marcará el futuro de su vecindad sur.