Trump lanza su ‘Board of Peace’ con 5.000 millones para Gaza

Un órgano paralelo a la ONU

El Board of Peace nace como pieza central del plan de la Casa Blanca para el “día después” en Gaza. Según fuentes oficiales, lo integran más de 20 países, entre ellos potencias regionales como Turquía, Egipto, Arabia Saudí, Catar, Israel e Indonesia, además de varios aliados tradicionales de Washington. La Administración Trump insiste en que el órgano está respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad y se inserta en su “Plan Integral para poner fin al conflicto de Gaza”.

Sin embargo, el diseño se aparta del esquema clásico de la United Nations. La secretaría técnica se alojará en el recién rebautizado Donald J. Trump Institute of Peace, un centro con el apellido del presidente y envuelto ya en controversias legales por su proceso de creación. Lo más llamativo es que el protagonismo político no recae en el secretario general de la ONU ni en el enviado especial para Oriente Medio, sino en Trump, que se erige en presidente del Board y en principal garante de su legitimidad.

En Europa, varios diplomáticos ven en este movimiento un intento de desplazar el foco de la ONU y del Cuarteto para Oriente Medio hacia una estructura mucho más controlada por Washington. El contraste con otros procesos recientes —como las conferencias internacionales sobre Ucrania, donde la ONU y la UE han jugado un papel central— resulta elocuente.

Un compromiso de 5.000 millones… sin desglose

El dato que ha acaparado titulares es la cifra: “más de 5.000 millones de dólares” en donaciones comprometidas para Gaza. El entorno de Trump asegura que se hará un anuncio detallado en la primera reunión formal del Board, prevista para este jueves en Washington. Por ahora no hay lista pública de contribuyentes, ni se conoce cuánta financiación será realmente nueva y cuánta se limita a reetiquetar partidas ya aprobadas por cada país.

La comparación con las necesidades sobre el terreno es contundente. Los principales organismos internacionales calculan que la reconstrucción de la Franja, devastada tras más de dos años de bombardeos, requerirá en torno a 70.000 millones de dólares entre infraestructuras básicas, vivienda, energía y saneamiento. El compromiso anunciado por Trump cubriría, en el mejor de los casos, menos del 8% de esa factura.

La experiencia tampoco invita al optimismo. En anteriores conferencias de donantes para Gaza, apenas entre el 40% y el 60% de las promesas se materializaron en los tres primeros años, lastradas por la burocracia, la inestabilidad política y las restricciones israelíes a la entrada de materiales. Este hecho revela un riesgo evidente: las grandes cifras declaradas al calor de los focos no garantizan, por sí solas, un flujo real de dinero sobre el terreno.

Miles de efectivos para una fuerza internacional

Junto al componente financiero, Trump ha subrayado el compromiso de “miles de efectivos” provenientes de los países miembros para una Fuerza Internacional de Estabilización y para reforzar la policía local en Gaza. Algunas fuentes militares apuntan a que solo Indonesia estudia desplegar hasta 8.000 soldados en misiones humanitarias y de seguridad, una cifra significativa para un país sin presencia habitual en Oriente Medio.

El despliegue plantea interrogantes operativos y políticos. La fuerza estaría, en teoría, autorizada por la ONU pero bajo el paraguas político del Board of Peace. El mandato incluye el apoyo a la reconstrucción, la protección de infraestructuras críticas y, sobre todo, la supervisión del proceso de desarme de Hamas, condición clave para Washington y para Israel.

La consecuencia es clara: el Board se sitúa en el corazón del equilibrio de poder en Gaza. Si el desarme se percibe como impuesto desde fuera, sin un acuerdo político interno palestino, el riesgo es que la fuerza internacional acabe vista como ocupación encubierta. Si, además, los contingentes proceden mayoritariamente de países alineados con Washington, la percepción de neutralidad quedará aún más comprometida.

Reconstruir una franja devastada

Mientras se negocian cifras y mandatos, la realidad en Gaza sigue marcada por la destrucción. Se calcula que más del 60% del parque de vivienda ha resultado dañado o destruido, que buena parte de las redes de agua y saneamiento están colapsadas y que la capacidad de generación eléctrica es apenas una fracción de la existente antes de la guerra.

La tregua vigente desde octubre, auspiciada por Estados Unidos, no ha frenado por completo los combates. En los últimos meses, los ataques israelíes y los enfrentamientos con milicias armadas han causado más de 600 muertos palestinos y al menos cuatro soldados israelíes fallecidos, según recuentos de organizaciones locales y datos oficiales. Cada nueva ofensiva erosiona aún más las ya frágiles infraestructuras y encarece la factura de la reconstrucción.

La paradoja es evidente: mientras se anuncian planes millonarios para reconstruir, el territorio sigue sufriendo daños que multiplican el coste de cualquier esfuerzo futuro. Sin un alto el fuego realmente estable y sin garantías de acceso para organizaciones humanitarias y empresas constructoras, el Board de Trump corre el riesgo de convertirse en un gran plan de inversiones sobre un terreno que no deja de moverse.

Choque con la Unión Europea y la ONU

El anuncio del Board llega en plena fricción con la European Union. Altos cargos europeos han señalado en privado que el nuevo órgano puede convertirse en un “vehículo político” de Trump sin verdadera rendición de cuentas ante los palestinos ni ante el sistema multilateral. Varios Estados miembros temen que se dupliquen estructuras y que se margine a las agencias especializadas de la ONU que llevan décadas trabajando en el terreno.

En Nueva York, la reacción también es de cautela. Funcionarios de Naciones Unidas recuerdan que la legitimidad de cualquier arquitectura de paz depende de la inclusión de todas las partes implicadas, no solo de las potencias que financian la reconstrucción. El hecho de que algunos aliados occidentales tradicionales de Washington —incluyendo varios socios clave de la OTAN— hayan optado por no integrarse en el Board subraya esas reservas.

“La cuestión no es solo cuánto dinero se promete, sino quién decide cómo se gasta y con qué criterios”, podría resumir el malestar en más de una capital europea. El contraste con otros fondos multilaterales, sometidos a estrictas reglas de transparencia y supervisión parlamentaria, resulta demoledor.

Riesgos de captura política y opacidad

Más allá del debate geopolítico, el diseño institucional del Board de Peace plantea dudas sobre su gobernanza. La presidencia personal de Trump, la sede en un instituto que lleva su nombre y la ausencia, por ahora, de un reglamento público de funcionamiento alimentan los temores a una captura política del instrumento.

No está claro, por ejemplo, cómo se elegirán los proyectos prioritarios, qué mecanismos de licitación se aplicarán ni cómo se coordinará el Board con el Gobierno palestino reconocido internacionalmente. Tampoco se conocen compromisos de transparencia sobre los contratos, auditorías externas o participación de la sociedad civil gazatí. En contextos de reconstrucción —desde Irak hasta Afganistán— la combinación de grandes flujos de dinero, opacidad y presencia militar ha derivado a menudo en sobrecostes, corrupción y proyectos fallidos.

Este hecho revela un riesgo adicional: que el Board se convierta en un gran escaparate de anuncios, pero con poca capacidad real de transformar el terreno. Si el énfasis se desplaza hacia la narrativa —“el órgano internacional más importante de la Historia”, en palabras de Trump— y no hacia la eficacia, la desafección social en Gaza y en el mundo árabe puede dispararse.