Trump ordena 53 ataques a narcolanchas y deja hasta 178 muertos

La cifra ya no cabe en un parte militar: entre 175 y 178 muertos desde septiembre en una campaña de ataques contra embarcaciones acusadas de narcotráfico. El Pentágono admite que el último golpe, ejecutado el miércoles, acabó con tres hombres en el Pacífico oriental. Y apenas 24 horas antes, otra acción similar dejó cuatro fallecidos. La etiqueta oficial —“narco-terroristas”— escala el conflicto. El coste político y jurídico, también.

La quinta explosión en cinco días

La secuencia es ya un patrón operativo. El miércoles 15 de abril, el Mando Sur (SOUTHCOM) comunicó un ataque cinético letal contra una embarcación en el Pacífico oriental y aseguró haber matado a tres “male narco-terrorists”. No es un hecho aislado: distintos recuentos periodísticos describen el golpe como el quinto en cinco días, dentro de una campaña que combina vigilancia aérea, inteligencia y munición de precisión sobre lanchas rápidas.

El Pentágono, además, empieza a poner números a la operación: al menos 53 embarcaciones habrían sido objetivo desde que comenzó la campaña en septiembre, tanto en el Pacífico como en el Caribe. El dato revela un salto de escala que, por definición, multiplica errores potenciales, tensiones diplomáticas y el riesgo de “normalizar” el uso letal de la fuerza en una actividad —el contrabando— tradicionalmente perseguida con interdicción y detenciones.

“Narco-terroristas”: la palabra que cambia las reglas

El diagnóstico es inequívoco: el Gobierno de Donald Trump intenta mover el narcotráfico del terreno policial al campo semántico de la guerra. En la práctica, llamar “narco-terroristas” a los tripulantes convierte un problema criminal en un supuesto enemigo combatiente, lo que permitiría —según esa lógica— atacar sin captura previa.

Sin embargo, lo más grave no es el término, sino lo que lo acompaña: la ausencia de pruebas públicas. Diferentes agencias y medios han señalado que Washington no ha aportado evidencias concluyentes de que los barcos atacados llevasen droga o supusieran una amenaza inmediata. En paralelo, la información sobre identidades y nacionalidades sigue siendo fragmentaria; incluso legisladores demócratas han denunciado falta de transparencia y han pedido investigación internacional. El resultado es un relato oficial robusto en adjetivos, pero débil en documentación verificable.

El blindaje jurídico que no termina de blindar

La Casa Blanca insiste en que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles latinoamericanos. Esa afirmación busca encajar los ataques en un marco de “leyes de la guerra”, con menor exigencia de debido proceso. Pero el contraste con la doctrina internacional resulta demoledor: organizaciones de derechos humanos y expertos legales sostienen que, si los objetivos son civiles sin amenaza inminente, la operación se acerca a la figura de ejecuciones extrajudiciales.

La controversia ya ha entrado en los tribunales. En enero, abogados presentaron una demanda federal por un ataque previo en el Caribe, alegando que fueron muertes deliberadas sin justificación legal plausible. “Premeditated and intentional killings lack any plausible legal justification”, sostienen los demandantes, según documentación citada por la prensa. El Gobierno, de momento, responde con comunicados, vídeos no clasificados y un argumento político: la emergencia de salud pública por sobredosis.

Efecto dominó en América Latina

La consecuencia es clara: aunque los ataques ocurran en aguas internacionales, su onda expansiva es regional. La campaña de SOUTHCOM se lee en capitales latinoamericanas como una ampliación unilateral del poder coercitivo de Washington, con riesgo de errores de identificación sobre rutas donde conviven narcotráfico, pesca artesanal y transporte informal. Informaciones sobre casos anteriores apuntan a que algunos fallecidos eran pescadores, un extremo que, de confirmarse, agravaría el coste político del operativo.

En ese contexto, el uso de categorías como “organizaciones terroristas” sin detallar qué grupo operaba cada embarcación añade incertidumbre y complica la rendición de cuentas. Y hay una derivada menos visible, pero relevante: el impacto económico indirecto. Cada episodio de violencia sostenida en corredores marítimos eleva la prima de riesgo percibida, endurece protocolos de aseguradoras y empuja a los traficantes a rutas más largas y opacas, con mayor coste logístico. El resultado puede ser un mercado criminal más caro, sí; pero también más profesionalizado.

¿Golpea al negocio o desplaza el problema?

La gran pregunta, sin embargo, es de eficacia. Incluso dentro del relato oficial, el operativo se presenta como freno a la entrada de drogas y a las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Pero distintos análisis introducen un matiz incómodo: una parte sustancial del fentanilo que alimenta la crisis entra por vía terrestre, no por lanchas en el Pacífico.

La historia ofrece precedentes. En los años del Plan Colombia, la presión sobre un eslabón de la cadena tendía a desplazar el flujo —el conocido “efecto globo”— hacia otros pasos, actores y tecnologías. Aquí puede ocurrir lo mismo: más uso de semisumergibles, mayor fragmentación de cargas y externalización a redes locales. A corto plazo, los vídeos de explosiones venden contundencia; a medio, el crimen organizado suele responder con adaptación. Y cuanto más se militariza el tablero, más difícil es medir resultados con métricas policiales tradicionales (incautaciones, detenciones, condenas).

Qué puede pasar ahora

El escenario inmediato apunta a más fricción institucional. La divergencia entre recuentos —175, 177 o 178 muertos, según diferentes fuentes— evidencia un problema de trazabilidad que acabará entrando en el debate parlamentario. A eso se suma la presión de demandas, la petición de escrutinio internacional y el desgaste reputacional de operar con identidades “desconocidas”.

El incentivo político para mantener la campaña es fuerte: “mano dura” y mensajes simples. Pero el incentivo jurídico para frenarla también crece: cada ataque amplía el expediente probatorio que exigirá un juez, un comité o un organismo interamericano. Entre ambos vectores —propaganda y legalidad— se juega algo más que una operación antidroga: el precedente de si un Estado puede convertir el crimen transnacional en guerra por decreto lingüístico.