Trump plantea suprimir el impuesto a la gasolina y abre un agujero millonario
La Casa Blanca busca una “gas tax holiday” en plena escalada del crudo y con el Congreso como árbitro.
4,452 dólares por galón: el precio medio nacional vuelve a máximos desde 2022. Trump quiere retirar “por un tiempo” el gravamen federal sobre la gasolina. El alivio, si llega, amenaza con abrir un agujero de hasta 17.000 millones en infraestructuras. Y la gran incógnita sigue siendo la de siempre: quién se queda el descuento.
Un anuncio con letra pequeña
Trump puso sobre la mesa este lunes, 11 de mayo de 2026, una idea recurrente en Washington cada vez que la gasolina se convierte en termómetro político: suspender el impuesto federal “durante un periodo de tiempo”. La propuesta nace al calor del repunte de precios ligado al conflicto con Irán y a las tensiones en los flujos de crudo del Golfo, un factor que el propio presidente presenta como el origen del shock energético.
El mensaje, sin embargo, llega con letra pequeña: no basta con una orden presidencial. Requiere aprobación del Congreso y, por tanto, negociación, tiempos y un coste fiscal inmediato. Trump lo resumió con pragmatismo: “es un porcentaje pequeño, pero sigue siendo dinero”. Y añadió, en tono de promesa condicionada: «En cuanto esto se resuelva con Irán, el petróleo y la gasolina caerán como una piedra».
El impuesto que sostiene carreteras y presupuestos
El impuesto federal no es un detalle menor en la contabilidad pública. Son 18,4 centavos por galón en gasolina y 24,4 en diésel, una suma que incluye el gravamen principal y la tasa asociada a los depósitos subterráneos. En la práctica, ese dinero alimenta el Highway Trust Fund, la hucha que paga carreteras, puentes y parte del transporte público.
El problema es estructural: la recaudación ya no acompaña al gasto. Las proyecciones oficiales sitúan el agotamiento de los saldos operativos del fondo en 2028, incluso sin inventar nuevas vacaciones fiscales. En otras palabras, la pausa que hoy se vende como “alivio” acelera una crisis de financiación que lleva años tapándose con transferencias desde el presupuesto general.
Ahorro inmediato, impacto limitado
Sobre el papel, el descuento parece sencillo: si el impuesto desaparece, el surtidor debería reflejarlo. Pero la cadena fiscal es más opaca. El tributo se recauda en terminales y refinerías, no en la manguera, y trasladar el ahorro al consumidor es difícil de “forzar” en un mercado con márgenes variables y precios que se mueven a golpe de futuros.
Incluso suponiendo un traslado íntegro, el efecto puede resultar decepcionante: en un repostaje de 10 galones, el ahorro es de 1,84 dólares. Es dinero, sí, pero no cambia la fotografía de una economía tensionada por energía cara. Economistas y analistas advierten, además, de un riesgo clásico: abaratar el combustible puede elevar el consumo justo cuando la oferta está estresada, con el efecto perverso de presionar de nuevo los precios y diluir el supuesto alivio.
El agujero fiscal: de 7.000 a 17.000 millones
La factura de la pausa depende del calendario político. En el debate actual se manejan horquillas relevantes: una suspensión de tres meses podría costar alrededor de 7.000 millones de dólares en ingresos perdidos. Si el paréntesis se estira a cinco meses, el golpe subiría a unos 17.000 millones, un bocado directo al fondo de infraestructuras.
El dato más incómodo es otro: el impuesto genera del orden de 500 millones de dólares semanales. Quitar esa llave exige o bien recortar obra pública, o bien compensar con transferencias desde el Tesoro, engordando déficit. La medida, por tanto, no solo es un gesto al volante: es una decisión de prioridades presupuestarias con efectos inmediatos.
Un precedente que nunca llega
Aquí está el patrón que se repite: solo el Congreso puede suspender el impuesto federal y, hasta ahora, nunca lo ha hecho. Cada crisis energética reabre el cajón —2008, 2022 y ahora 2026—, pero el choque con la realidad fiscal termina imponiéndose. El argumento de los críticos suele ser el mismo: se sacrifica financiación estable para infraestructuras a cambio de un beneficio pequeño, difícil de garantizar y potencialmente capturado por intermediarios.
En esta ocasión, además, el momento político añade presión. Con la gasolina convertida en indicador de malestar, el incentivo a “hacer algo” crece. Pero el diagnóstico es inequívoco: si la Cámara y el Senado aceptan la pausa, estarán fijando un precedente justo cuando se acerca otra negociación mayor, la de cómo financiar carreteras en una era de coches más eficientes y electrificación creciente.
Aerolíneas, inflación y el otro frente del combustible
Trump intenta cerrar otro flanco a la vez: el rescate de aerolíneas. En público, enfría el debate y sostiene que el sector “no va tan mal”. Sin embargo, el ruido de mercado sigue: su Administración ha explorado fórmulas de apoyo a una aerolínea en dificultades con conversaciones sobre un paquete de hasta 500 millones. La contradicción revela hasta qué punto el shock energético no se limita al conductor: el queroseno, la logística y los costes de transporte ya están contaminando la inflación y los balances.
La consecuencia es clara: pausar el impuesto puede dar oxígeno mediático, pero no arregla el origen del problema —el precio del crudo y la geopolítica—. Si el estrecho se normaliza, Trump podrá vender la vuelta del impuesto como “fase de salida”. Si no, la presión por nuevos parches (reservas estratégicas, regulación, ayudas sectoriales) volverá, con el déficit como factura silenciosa.
