Trump pone bajo tutela 303.000 millones de barriles venezolanos
La llegada del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a una Caracas aún militarizada certifica un giro histórico: Washington ya no solo sanciona a Venezuela, ahora administra de facto las mayores reservas de crudo del planeta, unos 303.000 millones de barriles, el 17% del total mundial. El viaje, el primero de un alto cargo estadounidense desde el ataque del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro, simboliza el paso de la “presión máxima” a un protectorado energético bajo la batuta de Donald Trump. Wright llega con una misión clara: consolidar el control sobre las exportaciones de crudo, supervisar la nueva arquitectura legal que ha puesto fin al monopolio de PDVSA y asegurar que los primeros cargamentos vuelan hacia aliados estratégicos, desde refinerías del Mediterráneo hasta Israel, que recibe estos días el primer envío de petróleo venezolano en seis años.
Una visita que consagra el protectorado energético
Wright aterrizó este miércoles en Caracas y fue recibido por la presidenta interina Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores. Es la visita energética de mayor nivel desde que el entonces secretario Bill Richardson pisó el país en 2001, en un contexto radicalmente distinto: entonces el petróleo venezolano fluía libremente hacia Estados Unidos; hoy lo hace bajo tutela estadounidense tras una operación militar que ha reconfigurado el mapa político regional.
El propio Departamento de Energía ha enmarcado el viaje en la ejecución del “histórico acuerdo energético EEUU-Venezuela”, una fórmula que condensa la ambición de la Casa Blanca: combinar la retirada gradual de sanciones con un rediseño completo del sector para atraer inversión privada, garantizar suministros a refinerías estadounidenses y reorientar los flujos de crudo que antes iban a China o Rusia. Wright no viaja solo como técnico; actúa como virrey energético en nombre de Trump, con una agenda que incluye reuniones con la cúpula económica del Gobierno interino, visitas a campos petroleros clave y encuentros con ejecutivos de multinacionales como Chevron y Repsol.
El diagnóstico es inequívoco: el viaje no se limita a evaluar infraestructuras; certifica quién manda sobre el grifo del petróleo venezolano en la nueva etapa.
Del bombardeo de enero al desembarco empresarial
El contexto de la visita explica su alcance. El 3 de enero, una operación relámpago de fuerzas estadounidenses culminó con la captura de Maduro en la capital y abrió la puerta a una intervención sin precedentes sobre la principal industria del país. Días después, Trump anunció que su administración asumiría el control de las ventas de crudo venezolano, impondría un “cuarentena” naval a los buques sancionados y canalizaría los ingresos a través de fondos gestionados por Washington con la promesa de financiar la reconstrucción y programas sociales.
Según estimaciones de centros de análisis citadas por medios especializados, en apenas un mes se habría redirigido hacia refinerías estadounidenses del Golfo del México del orden de 50 millones de barriles de crudo, en paralelo al anuncio de un plan de reconstrucción energética valorado en 100.000 millones de dólares. Las primeras licencias emitidas por el Tesoro permiten a un grupo acotado de traders y compañías rehabilitar infraestructuras, desbloquear tanqueros retenidos bajo sanción y preparar nuevas exportaciones bajo supervisión estadounidense.
Este hecho revela el giro de fondo: bajo el paraguas de la “recuperación democrática” se ha articulado una arquitectura de control sobre la principal fuente de divisas de Venezuela. El desembarco empresarial que acompaña a Wright es la segunda fase de una operación que empezó en los cielos de Caracas y continúa ahora en los pozos del Orinoco.
La nueva ley de hidrocarburos: fin del monopolio de PDVSA
La reforma aprobada por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en las primeras semanas tras la captura de Nicolás Maduro ha sido redactada a la medida del nuevo mapa de poder. La nueva ley de hidrocarburos liquida el monopolio formal de PDVSA y abre la puerta a que compañías privadas controlen hasta el 75% del capital de los proyectos en exploración y producción. El Estado mantiene la propiedad del subsuelo, pero cede la gestión, la tecnología y, sobre todo, el flujo de caja.
La norma introduce arbitraje internacional obligatorio, contratos blindados en dólares y un régimen fiscal más liviano: regalías que pueden bajar del 30% tradicional a entornos del 15%-20%, amortizaciones aceleradas y vacaciones fiscales de hasta diez años en las áreas más dañadas por la guerra eléctrica de enero. El mensaje es inequívoco: “Venezuela está abierta a los negocios… pero bajo supervisión de Washington”.
Sin embargo, el modo en que se ha hecho levanta dudas. La ley se ha tramitado en menos de 30 días, con un Parlamento cercado por militares y sin participación real de sindicatos ni universidades. El riesgo es evidente: el país puede pasar de un monopolio estatal ineficiente a un oligopolio privado tutelado desde Estados Unidos, sin contrapesos internos ni debate sobre cómo repartir la renta petrolera.
Los ganadores del nuevo reparto del crudo
El desembarco de capital extranjero tiene ya nombres y apellidos. Al frente, gigantes como Chevron y Repsol, que llevaban años atrapados en proyectos poco rentables, con dividendos bloqueados y litigios abiertos. Ahora, la combinación de la nueva ley y las licencias del Tesoro estadounidense les ofrece una vía rápida para recuperar activos, ampliar su participación y asegurarse contratos por 20 o 25 años.
Junto a ellos, traders especializados y fondos de deuda que compraron bonos venezolanos con fuertes descuentos empiezan a ver cómo sus apuestas pueden multiplicarse. Si el plan de la Casa Blanca se cumple, la producción podría subir de los actuales 900.000 barriles diarios a cerca de 1,8 millones en 2028, lo que generaría más de 30.000 millones de dólares anuales adicionales en ingresos brutos al precio actual del crudo.
Lo más delicado es quién controla esa caja. Buena parte de los flujos se canalizarán a través de cuentas de garantía en bancos internacionales, con prioridad para pagar indemnizaciones a compañías expropiadas hace una década y reestructurar deuda en manos de fondos estadounidenses. La promesa oficial es que “cada dólar de petróleo volverá en forma de escuelas, hospitales y electricidad”; la sospecha es que una parte sustancial se quedará por el camino, entre despachos de abogados y asesores financieros en Miami y Houston.
El papel de Israel y el rediseño de los flujos
La reaparición de Israel como destino del crudo venezolano tiene un fuerte componente simbólico. El primer cargamento, en torno a 470.000 barriles, dirigido al grupo refinador Bazan Group en Haifa, rompe con más de una década de distancia política desde que Hugo Chávez rompiera relaciones diplomáticas en 2009. Lo que hasta hace un mes era impensable —petróleo venezolano alimentando refinerías en plena guerra de Gaza— se ha convertido en uno de los carteles del llamado “nuevo orden energético” impulsado por Trump.
Estados Unidos busca algo más que diversificar destinos: intenta construir un corredor de crudo “amigo” que abastezca a aliados estratégicos en el Mediterráneo y reduzca la dependencia de cargamentos procedentes de Rusia o países del Golfo. En la práctica, cada barril que sale de la Faja del Orinoco camino de Haifa o de refinerías europeas es un barril que deja de ir hacia Asia.
El contraste con la década anterior resulta demoledor. Entonces, cerca del 70% de las exportaciones venezolanas acababan en refinerías de Asia; hoy, Washington aspira a que más de la mitad se dirijan a su propia costa del Golfo y a socios políticos clave. Venezuela pasa así de ser un símbolo del “eje bolivariano” a pieza de un tablero donde la prioridad ya no es la revolución, sino la seguridad energética occidental.
China, Rusia e Irán: los grandes perdedores
El nuevo esquema también tiene damnificados claros. La exclusión de compañías y bancos de Rusia, China e Irán de las licencias generales para operar en el sector venezolano supone, de facto, una nacionalización inversa: activos que durante años estuvieron bajo su órbita quedan ahora bajo supervisión norteamericana.
Durante la última década, Pekín y Moscú llegaron a acumular derechos de cobro sobre más de 60.000 millones de dólares en deuda respaldada con petróleo. Una buena parte de esos compromisos será ahora objeto de “revisión”, eufemismo que en la práctica puede traducirse en quitas, reestructuraciones a varias décadas o incluso en tribunales internacionales con sede en Nueva York o Londres.
La reacción no se ha hecho esperar. Diplomáticos rusos hablan de “discriminación abierta” y juristas chinos advierten de que el precedente puede contagiar otros acuerdos en África y Oriente Medio. Sin embargo, la correlación de fuerzas es clara: con Maduro fuera del poder y las exportaciones controladas por Washington, su capacidad de presión es limitada. La consecuencia es evidente: el mapa energético latinoamericano se reequilibra a favor de la influencia estadounidense y en detrimento de los proyectos alternativos impulsados desde Pekín y Moscú.