La UE blinda nuevas sanciones contra Irán y prepara el golpe final al IRGC
La Unión Europea ha dado un salto cualitativo en su estrategia hacia Irán. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, confirmó este jueves que los Veintisiete aprobarán un nuevo paquete de sanciones que alcanzará a más de 20 altos cargos y entidades iraníes, incluidos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). En paralelo, Francia se alinea por primera vez con los países que reclaman inscribir al IRGC en la lista europea de organizaciones terroristas, un giro que desbloquea una discusión enquistada durante más de dos años. El mensaje político es nítido: Europa está dispuesta a asumir mayores costes económicos y diplomáticos con tal de castigar la represión interna del régimen y su proyección militar en la región. La cuestión es qué precio pagarán las empresas europeas que aún operan —aunque sea en mínimos— en el mercado iraní y cómo responderá Teherán.
Un paquete de sanciones más amplio y personalista
Barrot adelantó en Bruselas que la nueva ronda de medidas se dirige contra miembros del Gobierno iraní, fiscales, jefes de unidades policiales, cuadros de la Guardia Revolucionaria y responsables del bloqueo de internet. «Hoy vamos a imponer sanciones europeas contra los responsables de estas represiones», subrayó el jefe de la diplomacia francesa antes del Consejo de Exteriores. Según fuentes comunitarias, se congelarán los activos en la UE de más de una veintena de personas físicas y jurídicas, además de imponerles vetos de viaje al espacio Schengen.
Este paquete se suma a las rondas ya aprobadas desde 2022, tras la ola de protestas desatada por la muerte de Mahsa Amini, una represión que ha dejado centenares de muertos y miles de detenciones según organizaciones de derechos humanos. La novedad ahora es el foco explícito en quienes controlan los aparatos de censura digital y las fuerzas más represivas del régimen. El diagnóstico en Bruselas es claro: las sanciones económicas generales apenas modifican el cálculo estratégico de Teherán, pero sí pueden incomodar a una élite que viaja, estudia y canaliza parte de su patrimonio en Europa.
La Guardia Revolucionaria, en la diana política de la UE
Más allá de los nombres concretos, el símbolo político del día es el respaldo abierto de Francia a incluir al IRGC en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Barrot lo confirmó en público y se alineó así con Alemania, Italia, España y varios socios del este, que llevan meses presionando en esa dirección.
La inclusión en la llamada “lista terrorista”, regulada por la Posición Común 2001/931/CFSP, implica el congelamiento de fondos y activos financieros, así como una cooperación policial y judicial reforzada. Actualmente figuran en ella apenas 13 individuos y 22 organizaciones o grupos, desde ramas de Al Qaeda hasta facciones del ISIS o milicias regionales. Integrar a la Guardia Revolucionaria —un cuerpo estatal con decenas de miles de miembros y un vasto conglomerado empresarial— supondría un salto cualitativo sin precedentes.
Hasta ahora, Bruselas había esquivado ese paso alegando falta de base jurídica, puesto que la legislación europea exige una decisión previa de un tribunal nacional o de un tercer país que acredite actividades terroristas. La ola de resoluciones parlamentarias en distintos Estados miembros y el endurecimiento de la represión interna han ido inclinando la balanza. Lo decisivo ha sido el giro de París, que tradicionalmente defendía preservar canales de diálogo con Teherán tanto por el expediente nuclear como por la situación de rehenes europeos en cárceles iraníes.
Un giro francés que arrastra al resto de Europa
La posición de Francia es clave porque el país era, hasta hace semanas, el principal freno político a un consenso europeo sobre el IRGC. Barrot ha pasado de la prudencia a afirmar que «la represión insoportable de un levantamiento pacífico no puede quedar sin respuesta», en línea con la estrategia del Elíseo de endurecer el tono frente a regímenes autoritarios.
Este vuelco responde a varios vectores: la presión de aliados como Alemania y los Países Bajos, la campaña de gobiernos regionales en Reino Unido y Canadá para proscribir al IRGC, y las demandas explícitas de Israel, cuyo ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, pidió a Barrot el 14 de enero que Francia apoyara la designación. A ello se suma el cambio de clima interno en París tras el endurecimiento de la opinión pública ante los atentados vinculados a redes proiraníes en suelo europeo.
El resultado es un efecto arrastre: con Francia, Alemania, Italia y España alineadas, la resistencia en el Consejo se reduce a matices jurídicos de algunos socios más pequeños, que temen demandas en los tribunales de Luxemburgo si el expediente no está blindado. Sin embargo, la señal política ya está enviada y los mercados y las empresas europeas trabajan sobre el escenario de una designación inminente.
Impacto económico: comercio limitado, pero sectores sensibles
Sobre el papel, el impacto macroeconómico directo es manejable. El comercio de bienes entre la UE e Irán ronda los 4.5 miles de millones de euros anuales, apenas una fracción marginal del comercio total europeo. En 2024, las exportaciones europeas al país persa se situaron en torno a los 3.700 millones, frente a importaciones por menos de 800 millones, lo que refleja una relación fuertemente desequilibrada a favor de la industria europea.
La realidad, sin embargo, es más compleja. El grueso de ese intercambio se concentra en tres grandes capítulos: bienes de equipo (maquinaria, componentes industriales), productos químicos y farmacéuticos y, en menor medida, bienes de consumo especializados. Cualquier ampliación de sanciones financieras o una designación terrorista del IRGC complica aún más la operativa bancaria, ya de por sí prácticamente paralizada desde la reinstauración de sanciones nucleares y la retirada de grandes bancos de la plaza iraní.
Para los grupos europeos que todavía mantienen presencia comercial —muchos a través de filiales en terceros países— el riesgo reputacional y jurídico se dispara. Seguros de crédito, compliance interno y financiación a la exportación deberán revisarse, incluso si los bienes vendidos cuentan con exenciones humanitarias. El diagnóstico en las capitales es que la relación económica con Irán ya es residual y que el coste político de no actuar sería superior al de dar por perdidas unas oportunidades de negocio cada vez más difíciles de materializar.
La gran incógnita: energía, estrechos y represalias híbridas
Lo más delicado no está en las cifras de comercio, sino en las posibles represalias de Teherán. Irán ha demostrado capacidad para actuar de forma asimétrica en varios frentes: cortes temporales de suministro petrolero, amenazas sobre el Estrecho de Ormuz, presión sobre barcos vinculados a navieras europeas o ciberataques contra infraestructuras críticas.
Aunque las importaciones directas de crudo iraní por parte de la UE son hoy testimoniales debido al embargo, el país sigue exportando petróleo por valor de más de 35.000 millones de dólares anuales, principalmente a Asia, lo que le confiere margen para tensionar rutas marítimas en el Golfo Pérsico. Un incidente sostenido en esa zona se trasladaría de forma inmediata a los precios globales del barril y a los costes de transporte, con impacto directo sobre la inflación energética europea.
En paralelo, la Guardia Revolucionaria mantiene vínculos con milicias y grupos armados en Líbano, Irak, Siria o Yemen. Una designación terrorista puede empujar a Teherán a incrementar su actividad a través de estos actores como respuesta indirecta a la UE. Para las empresas europeas con intereses en puertos, oleoductos o proyectos de reconstrucción en la región, el riesgo geopolítico se vuelve a encarecer. La consecuencia es clara: el prémium de riesgo asociado al Mediterráneo oriental y al Golfo tenderá a ampliarse en los próximos meses.
El frente jurídico: una decisión que acabará en Luxemburgo
Los juristas comunitarios recuerdan que cada incorporación a la lista terrorista europea ha sido objeto de batallas legales ante el Tribunal de Justicia de la UE. Organizaciones palestinas, grupos kurdos o entidades vinculadas a Al Qaeda han impugnado reiteradamente su inclusión, obligando al Consejo a aportar pruebas detalladas que justifiquen la medida.
En el caso del IRGC, la complejidad se multiplica. No se trata de una milicia no estatal, sino de un órgano estructural del Estado iraní, con funciones en el ámbito militar, económico y político. Cualquier frontera entre la “Guardia Revolucionaria” y el resto del aparato estatal será difícil de trazar ante los jueces. De ahí que, junto al anuncio político, varias capitales insistan en la necesidad de basarse en decisiones previas de tribunales nacionales o resoluciones que acrediten actividades terroristas concretas, para evitar que la medida sea tumbada por defectos de forma.
Este riesgo explica por qué algunos socios prefieren avanzar primero con un refuerzo de las sanciones individuales y sectoriales —por ejemplo, sobre componentes para drones o misiles— antes de dar el paso definitivo con la etiqueta de terrorismo. Pero, una vez que Francia ha asumido el coste político del giro, la presión para consumar la designación no hará sino aumentar.
El precedente nuclear y la pérdida de palancas europeas
La ofensiva sancionadora se inscribe en un contexto de deriva definitiva del acuerdo nuclear de 2015, del que Estados Unidos se retiró en 2018 y cuyos mecanismos de limitación y verificación han quedado prácticamente demolidos. En septiembre de 2025, la UE ya reinstauró parte de las sanciones nucleares, incluida la congelación de activos del Banco Central iraní y un embargo ampliado de crudo, tras constatar el incumplimiento reiterado de Teherán.
Con cada nueva sanción, Europa pierde margen de maniobra diplomática. El viejo argumento de que la UE podía actuar como mediador entre Washington y Teherán en virtud de sus vínculos comerciales y del peso de sus empresas en sectores clave (energía, automóvil, aviación, infraestructuras) se ha ido evaporando al compás de la retirada de esos grupos del país. Hoy, la reconstrucción de la economía iraní depende mucho más de Rusia, China y el espacio euroasiático, con un acuerdo de libre comercio ya en vigor entre Teherán y la Unión Económica Euroasiática que prevé elevar su comercio bilateral a unos 6.000 millones de dólares.
El contraste resulta demoledor: mientras Europa endurece sanciones y reduce su exposición económica, otros bloques llenan el vacío con acuerdos energéticos, militares y tecnológicos. La UE conserva palancas en forma de acceso a su mercado, su sistema financiero y su capacidad de imponer vetos tecnológicos, pero la asimetría de intereses respecto a hace una década es abismal.