La UE congela el acuerdo con EEUU por el arancel del 15%
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de tumbar buena parte de la arquitectura jurídica que sustentaba los aranceles de Donald Trump ha sumido en la incertidumbre a la mayor relación comercial del mundo. Lejos de rebajar la tensión, la respuesta de la Casa Blanca ha sido anunciar un nuevo arancel global del 15% sobre prácticamente todas las importaciones, elevando el tipo anterior del 10% y cambiando de base legal. La primera reacción en Bruselas ha sido política y contundente: la Unión Europea ha decidido congelar la ratificación del acuerdo comercial alcanzado con Washington en 2025 hasta que el Gobierno estadounidense aclare su estrategia. Entre tanto, las empresas europeas observan cómo un comercio bilateral de 1,7 billones de euros en 2024 queda súbitamente expuesto a cambios unilaterales.
Un fallo del Supremo que lo cambia todo
El origen inmediato de la crisis está en el Tribunal Supremo de EEUU, que ha declarado ilegales partes esenciales del régimen arancelario que Trump había construido apoyándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Al cerrar esa vía, el presidente ha reaccionado recurriendo al artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite imponer tarifas durante 150 días sin autorización del Congreso, y ha anunciado un arancel plano del 15% para la práctica totalidad de las importaciones.
La medida no solo descoloca a los socios comerciales de Estados Unidos; también siembra dudas sobre la seguridad jurídica de cualquier acuerdo que se firme con una Administración que cambia de instrumento legal en cuestión de días. En el caso europeo, la nueva tarifa choca de frente con la Declaración Conjunta UE-EEUU de agosto de 2025, que fijaba un marco arancelario específico –con un gravamen del 15% sobre alrededor del 70% de las exportaciones europeas al mercado estadounidense– y excluía explícitamente la aplicación de nuevas tasas unilaterales por encima de ese techo.
El diagnóstico es inequívoco: si la Casa Blanca puede reescribir de facto el esquema impositivo cada vez que pierde en los tribunales, cualquier compromiso negociado con Bruselas pierde valor real.
Un acuerdo de 1,7 billones en el aire
La congelación de la ratificación tiene una dimensión cuantitativa colosal. El comercio de bienes y servicios entre la UE y EEUU alcanzó 1,6 billones de euros en 2023 y 1,7 billones en 2024, lo que equivale a unos 4.4 mil millones diarios cruzando el Atlántico. La UE mantiene, además, un superávit de 50.000 millones en el conjunto de bienes y servicios, pero un déficit de 109.000 millones en servicios que compensa con un amplio excedente en mercancías.
Solo en bienes, las exportaciones europeas a EEUU ascendieron en 2024 a 531.600 millones de euros, frente a importaciones por 333.400 millones, generando un superávit de 198.200 millones para la UE. El acuerdo congelado estaba llamado a blindar este flujo mediante reglas más predecibles en industria, energía y tecnología, así como a cerrar contenciosos históricos como el de los subsidios a Airbus y Boeing.
Lo más grave es que la parálisis llega tras años de esfuerzos para superar el fiasco del TTIP y la sucesión de guerras arancelarias iniciadas en 2018. El contraste con otras regiones resulta demoledor: mientras Asia aprovecha para captar cuota en el mercado estadounidense al calor del nuevo arancel plano, Europa se ve obligada a pisar el freno y reabrir un expediente que daba casi por cerrado.
Bruselas exige claridad: dudas jurídicas y políticas
En este contexto, la voz de Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, sintetiza la incomodidad comunitaria. Gill ha confirmado que hay “contactos en curso con Estados Unidos”, pero ha subrayado que Bruselas sigue sin información suficiente sobre el alcance real de la sentencia del Supremo y sobre la arquitectura final del nuevo arancel universal.
«Cuando tengamos una imagen clara de cuáles son exactamente las implicaciones del fallo, qué pasos piensa dar EEUU y qué medidas quiere poner en marcha, podremos hacer una valoración y tomar decisiones. En este momento no disponemos de esa claridad y no nos corresponde a nosotros aportarla», ha señalado el portavoz.
Este hecho revela una fractura de confianza más profunda. La UE considera que no puede seguir avanzando en la ratificación de un acuerdo cuyo pilar central –el trato preferente frente a un arancel universal– puede evaporarse por decisión unilateral. De fondo, además, late la presión política interna: en el Parlamento Europeo crece el bloque que reclama utilizar la nueva Herramienta Anticoerción para responder a lo que se percibe como un uso instrumental de los aranceles por parte de Washington.
El golpe para empresas europeas y mercados
Las primeras víctimas de la confusión son las empresas. Sectores como la automoción, la maquinaria industrial, la química y los bienes de consumo dependen de forma crítica del mercado estadounidense. Solo en 2024, la UE exportó a EEUU más de 500.000 millones de euros en bienes, con Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y España entre los mayores beneficiarios.
El nuevo arancel del 15% amenaza con erosionar márgenes en cadenas de valor ya castigadas por la energía cara y el encarecimiento de la financiación. La consecuencia inmediata ha sido un ajuste a la baja de previsiones de beneficios y la corrección de las bolsas europeas, acompañada de un movimiento clásico hacia activos refugio como el oro y un castigo a los activos de riesgo, desde la renta variable hasta las criptomonedas.
A medio plazo, el riesgo es más estructural: si las empresas perciben que el acceso al mercado estadounidense se ha vuelto volátil y politizado, aumentará la presión para relocalizar inversiones hacia jurisdicciones con acuerdos más estables. Lo que está en juego no es solo el volumen de exportaciones actuales, sino la capacidad de Europa para seguir atrayendo proyectos industriales ligados a EEUU frente a alternativas en Asia o América Latina.
La escalada posible: represalias y el Instrumento Anticoerción
Bruselas no llega desnuda a esta crisis. Tras el primer choque arancelario con Trump, la UE diseñó un catálogo de contramedidas que incluía hasta 26.000 millones de euros en represalias sobre productos icónicos estadounidenses –desde motocicletas a whisky– y reforzó su caja de herramientas para responder a presiones comerciales.
En 2025, además, entró en vigor el Instrumento Anticoerción, que permite a la Unión responder de forma coordinada ante medidas económicas consideradas coercitivas, mediante restricciones al acceso al mercado europeo, limitaciones de inversión o exclusión de contratistas estadounidenses de licitaciones públicas.
Sin embargo, el uso de estas armas no es inocuo. La experiencia de 2018 demostró que las guerras arancelarias tienden a extenderse más allá de los sectores inicialmente afectados, encareciendo insumos y generando distorsiones que terminan pagando empresas y consumidores europeos. El desafío para la Comisión será calibrar una respuesta suficientemente firme para disuadir a Washington, pero sin desencadenar una espiral que perjudique aún más a la industria comunitaria.
Lo que enseña la primera guerra arancelaria de Trump
La UE ya conoce el guion. En 2018, la Administración Trump impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio europeo invocando razones de seguridad nacional, lo que desencadenó una cascada de demandas ante la OMC y represalias por parte de Bruselas. A pesar de las quejas, Estados Unidos mantuvo su postura incluso después de que los paneles de la organización fallaran contra Washington, y el propio Gobierno estadounidense bloqueó la renovación del Órgano de Apelación, dejando el sistema multilateral prácticamente paralizado.
El diagnóstico es claro: los incentivos de la Casa Blanca para utilizar los aranceles como herramienta política se han reforzado, no debilitado. Lejos de disuadir a Trump, la reacción europea de entonces confirmó que el presidente podía imponer costes significativos a socios y rivales sin pagar un precio interno inmediato.
La lección para Bruselas es doble. Por un lado, confiar en que los tribunales –nacionales o internacionales– frenen el uso abusivo de los aranceles es insuficiente. Por otro, la fragmentación europea frente a una estrategia estadounidense muy centralizada debilita cualquier posición negociadora. Esta vez, la UE intenta evitar ese error alineando desde el inicio a la Comisión, el Consejo y el Parlamento en torno a una postura común: no habrá ratificación sin claridad jurídica.
España y el Ibex ante el nuevo muro arancelario
Para España, el choque puede parecer lejano, pero no es irrelevante. Estados Unidos es ya el sexto destino de las exportaciones españolas de bienes y el segundo fuera de la UE, con ventas por unos 18.400 millones de dólares en 2024, el 4,9% del total exportado y alrededor del 1,25% del PIB. Sectores como maquinaria, equipamiento eléctrico, farmacia, cerámica, alimentación y bebidas concentran buena parte de esa exposición.
En la bolsa, varios pesos pesados del Ibex –desde grandes bancos con fuerte presencia en EEUU hasta compañías industriales y de energías renovables– dependen de un marco regulatorio estable al otro lado del Atlántico. Un arancel plano del 15%, incluso si se mitiga con exenciones, obliga a recalcular planes de inversión, estrategias de precios y cadenas de suministro.
Sin embargo, la relativa baja exposición directa también ofrece una ventana de oportunidad: España puede reposicionarse como plataforma para empresas estadounidenses que busquen acceder al mercado europeo en un contexto de mayor fricción política. Para ello, será clave la capacidad del Gobierno de anticipar escenarios, reforzar la diplomacia económica y dar seguridad regulatoria a los proyectos ligados a la transición energética y a la tecnología, donde la inversión norteamericana aún tiene margen de crecimiento.