Miguel Ángel Temprano: La UE y el bloqueo legal de los activos rusos congelados: ¿un callejón sin salida?

Europa ha convertido a los activos rusos congelados en símbolo de firmeza frente al Kremlin. Pero, tras el gesto político, se esconde un problema mucho más áspero: entre 180.000 y 210.000 millones de euros bloqueados que la Unión Europea no sabe cómo usar sin abrir una caja de Pandora jurídica y financiera.
El economista Miguel Ángel Temprano recuerda que el obstáculo ya no es solo la voluntad de sancionar a Moscú, sino una red de leyes, tratados y balances de riesgo que convierten cada movimiento en una posible bomba de relojería.
En el centro del laberinto aparece Bélgica, la cámara de compensación Euroclear y un BCE decidido a no convertirse en garante de una operación que bordea la prohibición de financiar a los Estados.
Y mientras en Bruselas se discuten decimales, Temprano lanza una comparación incómoda hacia América Latina: “A EEUU no le dura Maduro ni un telediario”, recordando que la fragilidad militar de ciertos regímenes contrasta con la prudencia extrema que se aplica en el frente ruso.
El diagnóstico es claro: la guerra económica tiene límites, y Europa está empezando a chocarse con ellos.

Un tesoro bloqueado en el corazón de Europa

La cifra impresiona: entre 180.000 y 210.000 millones de euros en activos rusos congelados, una parte significativa del PIB de varios Estados miembros sumados. Para el discurso político, el problema parece sencillo: usar ese dinero para financiar la reconstrucción de Ucrania o respaldar nuevas ayudas. Sin embargo, Temprano advierte de que la realidad es mucho menos lineal.

Los activos están repartidos en distintos tipos de instrumentos —deuda soberana, depósitos, valores privados— y vinculados a titulares públicos y privados. No se trata de un simple “bote de guerra” al que Bruselas pueda hincar el diente de un plumazo. Cualquier intento de ir más allá de los rendimientos generados —los intereses— y tocar el capital principal abre un frente de litigios potencialmente multimillonarios.

La consecuencia es evidente: lo que para la opinión pública se presenta como una fuente de financiación casi obvia se convierte, en términos técnicos, en una zona minada de riesgos legales, reputacionales y financieros. Por eso el bloqueo dura y durará mientras no cambien las condiciones políticas de fondo.

Euroclear, Bélgica y el miedo a la factura judicial

En este rompecabezas, Bélgica ocupa una posición clave. La mayoría de los activos rusos congelados en la UE se custodian a través de Euroclear, un gigante financiero con sede en Bruselas que depende directamente de la legislación belga. Sin un marco legal claro y una autorización explícita del Gobierno, Euroclear no puede mover una sola pieza.

Temprano subraya que el miedo real no es solo a Moscú, sino a los tribunales internacionales. Si Bélgica autoriza un uso agresivo de esos fondos —por ejemplo, su expropiación directa o su empleo como colateral para deuda europea— se expone a una avalancha de demandas que podrían superar fácilmente los decenas de miles de millones de euros. La factura recaería, en última instancia, sobre el contribuyente belga, cuyo Estado ya carga con una deuda cercana al 100% del PIB.

Este hecho revela la contradicción de fondo: el relato político exige dureza máxima con Rusia, pero el mínimo análisis jurídico muestra un coste potencial inasumible para un país de tamaño medio. De ahí la parálisis: nadie quiere ser el primero en firmar una orden que pueda hundir los balances nacionales.

El BCE se aparta: por qué no quiere ser garante

En este tablero, muchos miran al Banco Central Europeo como posible estabilizador. ¿No podría el BCE avalar o respaldar el uso de esos activos para reducir el riesgo? Temprano es tajante: no puede y no quiere. Los tratados prohíben de manera expresa que el banco central financie de forma directa o indirecta a los Estados, y actuar como paraguas de una operación de este tipo se acercaría peligrosamente a esa línea roja.

Además, el BCE es consciente de que su activo más valioso es la credibilidad institucional. Convertirse en garante de un esquema jurídico tan discutible podría deteriorar la confianza en el euro como moneda de reserva y en la propia neutralidad del banco.

La consecuencia es clara: sin BCE como escudo, cualquier estructura montada para usar los activos rusos queda desprotegida frente a litigios y a las reacciones del mercado. Esto explica por qué, pese a los discursos grandilocuentes, el avance real ha sido mínimo: las instituciones que deberían asumir el riesgo rehúyen hacerlo porque entienden que el coste puede ser superior al beneficio.

Hungría es ruido: el verdadero problema es la deuda europea

Buena parte del debate público se ha concentrado en el veto de Hungría a determinados paquetes de ayuda y a la emisión de deuda vinculada al conflicto. Temprano relativiza esta cuestión: desde el punto de vista económico, Hungría es marginal dentro de la UE y su capacidad para bloquear decisiones estructurales tiene más impacto mediático que real.

El foco, insiste, debería estar en otra parte: la propia situación fiscal de Europa. Con una deuda conjunta que ronda el 90% del PIB y varios Estados grandes superando sobradamente el 100%, el margen para asumir nuevos compromisos sin inquietar a los mercados se va estrechando.

Este hecho revela la contradicción de fondo: la UE quiere presentarse como pilar de la estabilidad ucraniana, pero lo hace desde una posición de debilidad presupuestaria. Cada nuevo programa de ayudas se financia con más deuda, y la tentación de “hacer pagar a Rusia” choca con la imposibilidad práctica de tocar capitales sin destruir la confianza internacional en el sistema europeo de custodia. Hungría hace ruido; la deuda es el problema estructural.

La paz como llave para el capital ruso

El punto más delicado del análisis de Temprano es la condición que, en su opinión, haría viable el uso del capital ruso principal: un acuerdo de paz formal. Sin ese marco, cualquier decisión de confiscar o reasignar los activos sería vista como una expropiación política, vulnerable a ser revertida por futuros gobiernos o tribunales.

Con un tratado de paz sobre la mesa, en cambio, podrían negociarse mecanismos de compensación, indemnizaciones y fondos de reconstrucción en los que Rusia, de manera directa o indirecta, asumiera parte del coste. Solo en ese contexto, señala el economista, la UE podría plantearse tocar el principal sin dinamitar su propia arquitectura jurídica.

Hasta entonces, la única opción relativamente segura es usar los rendimientos generados —intereses y plusvalías— para financiar parcialmente la ayuda a Ucrania. Se habla de cantidades anuales de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, muy lejos de lo que Kiev necesita, pero políticamente presentables como “Rusia pagando la factura”. El resto seguirá bloqueado en una suerte de limbo financiero hasta que la diplomacia trace un nuevo marco.

Riesgos ocultos: confianza en el euro y precedente global

Más allá de la ingeniería legal, Temprano insiste en un riesgo muchas veces ignorado: la confianza de terceros países en el euro como activo de reserva. Si la UE abre la puerta a usar de forma discrecional activos de un Estado sancionado, ¿qué impediría que mañana se hiciera lo mismo con otras potencias en un contexto distinto?

Los grandes inversores institucionales y varios bancos centrales de fuera de la UE observan la situación de cerca. Si perciben que los depósitos y bonos denominados en euros pueden transformarse en arma política, podrían reducir progresivamente su exposición, desviando flujos hacia el dólar, el oro o incluso el yuan. Una caída del 10%-15% en la demanda internacional de deuda europea bastaría para encarecer el coste de financiación del continente durante años.

La consecuencia es clara: el euro no solo es una moneda, es una promesa de seguridad jurídica. Romper esa promesa para ganar una guerra económica puntual puede salir mucho más caro de lo que recogen las fichas de prensa. Por eso, detrás de la retórica de dureza, las capitales europeas mueven los pies con extrema cautela.

Venezuela como espejo de fragilidad geopolítica

En medio del análisis, Temprano introduce un comentario aparentemente tangencial, pero revelador: “A EEUU no le dura Maduro ni un telediario”, afirma, aludiendo a la debilidad real del aparato militar venezolano. La frase, provocadora, sirve para subrayar un contraste: la facilidad con la que una potencia podría derribar ciertos regímenes frente a la enorme prudencia que exhibe en el frente ruso.

El caso venezolano muestra cómo Estados con estructuras militares precarias pueden sostenerse en el tiempo gracias a equilibrios políticos, alianzas regionales y el cálculo de coste-beneficio de las potencias exteriores. Nadie quiere asumir el precio —en vidas, recursos y reputación— de intervenir abiertamente, aunque la capacidad militar sobre el papel sea abrumadoramente superior.

Esta digresión enlaza, en realidad, con el núcleo del problema europeo: la guerra económica y las sanciones son herramientas atractivas porque reducen el coste directo en comparación con el uso de la fuerza. Pero tienen límites, generan efectos secundarios y pueden terminar debilitando a quien las aplica si se fuerzan demasiado las reglas del juego financiero internacional.

Lo que revela el bloqueo: los límites de la guerra económica

Al final, el análisis de Miguel Ángel Temprano sobre los activos rusos congelados funciona como un diagnóstico de algo más amplio: los límites estructurales de la guerra económica. Europa ha apostado por sanciones sin precedentes, bloqueos de activos y exclusiones financieras como alternativa a una escalada militar directa. Pero la realidad muestra que estas herramientas también chocan con sus propias contradicciones.

No es solo una cuestión de voluntad política, sino de tratados, balances bancarios, deuda pública y confianza internacional. Cada paso para castigar a Rusia debe calibrarse frente al riesgo de dañar la posición del euro, de cargar a los contribuyentes con posibles indemnizaciones futuras o de dejar a Euroclear y a los Estados custodios expuestos a pleitos interminables.

La paz, más que un desiderátum moral, se convierte así en condición operativa para desbloquear cualquier solución definitiva. Mientras no llegue, los 180.000–210.000 millones de euros seguirán simbolizando la tensión entre la firmeza que los gobiernos quieren exhibir y los límites que el sistema financiero impone. Entre tanto, la guerra seguirá librándose en dos frentes: el militar, en Ucrania, y el jurídico-financiero, en los despachos europeos.