Europa se endeuda con 90.000 millones para mantener a Ucrania en pie

Europa ha cruzado un umbral. Tras meses de discusiones, vetos cruzados y cumbres interminables, la Unión Europea ha acordado destinar 90.000 millones de euros a Ucrania en los próximos dos años.
Lo que se vende como un gesto de solidaridad es, en realidad, un compromiso financiero de alto voltaje, que obligará a emitir deuda conjunta por el equivalente a 106.000 millones de dólares.
El plan llega después de que fracasara la idea de usar los activos rusos congelados, por la oposición frontal de varios socios, con Hungría a la cabeza.
La mayor parte del dinero no irá a hospitales ni escuelas, sino a armamento y material militar, en buena medida comprado a compañías estadounidenses y a un puñado de grupos europeos.
El mensaje a Moscú es claro: Europa seguirá pagando la guerra mientras haga falta. La duda es otra: ¿cuánto puede aguantar el bolsillo del contribuyente europeo antes de que la factura se convierta en problema político interno?

El acuerdo que cambia la partida

El pacto aprobado en Bruselas pone cifras concretas sobre lo que hasta ahora eran promesas: 90.000 millones de euros en dos años, con desembolsos concentrados en 2026 y 2027. No se trata solo de liquidez para el presupuesto ucraniano; es una línea de vida para un país cuyo Estado depende ya, en más de un 40%, del apoyo exterior para seguir funcionando mientras la guerra continúa.

Para la UE, el compromiso tiene un valor político evidente. Se envía a Kiev, a Washington y a Moscú el mensaje de que el apoyo europeo no es coyuntural, sino estructural. Ucrania sabe que, al menos sobre el papel, contará con financiación para salarios públicos, servicios básicos y compras militares durante las próximas campañas.

Volodímir Zelenski lo ha entendido así. El presidente ucraniano ha agradecido el gesto subrayando su carácter “vital” para la resistencia nacional. Pero el movimiento también tiene una lectura interna: Bruselas se ata a sí misma al conflicto, condicionando sus propios presupuestos futuros a la evolución de la guerra. La ayuda ya no es un parche anual, sino una línea de gasto de medio plazo que pesará en todas las negociaciones presupuestarias europeas.

De activos rusos bloqueados a eurobonos: la renuncia incómoda

La gran paradoja del acuerdo es su origen frustrado. El plan inicial pasaba por usar los activos rusos congelados como fuente principal de financiación: reservas, depósitos y valores por un total cercano a los 200.000 millones de euros, concentrados sobre todo en Bélgica y Luxemburgo. Sobre el papel, la idea era impecable: que pague Moscú.

La realidad política fue otra. Varios socios, con Hungría a la cabeza, se opusieron frontalmente, advirtiendo de los riesgos legales y financieros de cruzar la línea que separa el congelamiento de la confiscación. El temor a un precedente que erosionara la confianza en el euro como moneda de reserva mundial acabó imponiéndose.

El resultado ha sido un giro a medias: se mantiene el bloqueo de los activos rusos, pero la ayuda a Ucrania se financiará con eurobonos, es decir, con deuda conjunta respaldada por todos los Estados miembros. El coste ya no recae en Rusia, sino en los contribuyentes europeos, que asumirán una factura total superior a los 106.000 millones de dólares una vez sumados intereses y costes de financiación. La jugada, presentada como “solidaria”, deja un poso inevitable de renuncia incómoda: Europa ha preferido blindar su reputación financiera aunque eso implique pagar ella misma la guerra.

Hungría y la fractura silenciosa en la UE

El papel de Hungría en esta negociación ha vuelto a evidenciar las costuras internas de la Unión. Budapest se negó a respaldar la idea de vincular su deuda a la guerra, cerrando filas contra la emisión conjunta. No es solo una cuestión ideológica: países con economías más frágiles temen que estos programas se conviertan en un precedente permanente que diluya el control nacional sobre el endeudamiento.

La posición húngara ha actuado como altavoz de otros recelos menos visibles. Varios socios del Este y del Sur comparten el temor a que la mutualización de deuda para Ucrania abra la puerta a una Europa de dos velocidades: por un lado, los países con mayor músculo fiscal que marcan la agenda; por otro, aquellos obligados a aceptar paquetes cerrados bajo la amenaza de quedar aislados políticamente.

Este hecho revela una fractura que va más allá del caso ucraniano. Cada gran crisis —la financiera, la del euro, la pandemia, ahora la guerra— se resuelve con soluciones de urgencia que tensan las reglas originales del club. El riesgo es que, a fuerza de excepciones, la unanimidad y la corresponsabilidad terminen convertidas en conceptos retóricos.

La factura oculta para los contribuyentes europeos

Emitir eurobonos a esta escala tiene un coste muy concreto, aunque no figure en ningún eslogan: los ciudadanos europeos pagarán la guerra durante años. Si se prorratean los 90.000 millones previstos a una década, el esfuerzo puede equivaler a entre 30 y 40 euros anuales por habitante, pero esa cifra se eleva sensiblemente si se suman los intereses, que podrían añadir otros 8.000–10.000 millones de euros en el mismo periodo.

El impacto no será uniforme. Países con deuda ya cercana o superior al 100% del PIB verán cómo su margen fiscal se reduce aún más, justo cuando enfrentan presiones crecientes en pensiones, sanidad y defensa. El dilema político es evidente: cada euro destinado a financiar la maquinaria de guerra ucraniana es un euro que no puede dedicarse a prioridades internas, al menos en el corto plazo.

Bruselas defiende que se trata de una inversión en seguridad colectiva: si Ucrania cae, la factura en términos de defensa, refugiados y estabilidad sería mucho más alta. Sin embargo, el argumento no elimina la realidad de fondo: la deuda conjunta se convertirá en un pasivo estable en los balances públicos, y será la ciudadanía quien deba justificar, año tras año, por qué sigue pagando.

Quién gana realmente: la industria de armas

Otro ángulo del acuerdo apunta a los verdaderos beneficiarios económicos. Según los propios términos del paquete, una gran parte de los fondos se destinará a la compra de armamento, con estimaciones que sitúan en más del 60% la proporción ligada directa o indirectamente a gasto militar. El resto se reparte entre apoyo presupuestario, reconstrucción básica y programas sociales.

En la práctica, esto significa que buena parte del dinero que Europa toma prestado terminará en las cuentas de fabricantes de armas europeos y, sobre todo, estadounidenses. Las grandes contratistas transatlánticas serán las encargadas de suministrar sistemas de defensa aérea, munición, vehículos y tecnología que Ucrania necesita desesperadamente para sostener el frente.

Este hecho revela una paradoja incómoda: la UE se endeuda para sostener una guerra en su frontera oriental, pero externaliza una parte sustancial del retorno económico hacia la industria bélica de Estados Unidos. El discurso oficial habla de apoyo solidario a Kiev; las cifras apuntan a un triángulo donde los contribuyentes europeos, la defensa ucraniana y los balances de las grandes contratistas quedan íntimamente entrelazados.

El mensaje a Moscú y las dudas sobre el camino hacia la paz

Desde el punto de vista geopolítico, el pacto manda un mensaje inequívoco: Europa no retirará su apoyo financiero a Ucrania en el corto plazo, y está dispuesta a asumir más deuda para sostenerlo. Para Moscú, eso implica que la estrategia del desgaste —esperar a que el cansancio occidental haga su trabajo— tendrá que prolongarse más de lo previsto.

Sin embargo, el acuerdo incluye una puerta de salida: si se alcanza un pacto de paz, el apoyo económico podría revisarse e incluso reducirse. Sobre el papel, esto introduce un incentivo adicional para la diplomacia; en la práctica, abre un interrogante sobre el tiempo político de la guerra. ¿Debe Ucrania seguir luchando con la expectativa de recibir fondos mientras duren las hostilidades, o se verá presionada a aceptar un acuerdo imperfecto si percibe que el respaldo financiero tiene fecha de caducidad?

El resultado puede ser una negociación en la que Kiev se sienta atrapada entre dos fuegos: el militar, en el frente, y el financiero, en los despachos europeos. Que la ayuda sea generosa no significa que sea incondicional.

Riesgos legales, euro en juego y precedentes peligrosos

La renuncia a usar los activos rusos congelados no elimina el problema de fondo: la UE ha cruzado un nuevo umbral en la mutualización de deuda. Cada paquete extraordinario —de la pandemia a la guerra— se financia con instrumentos que, en teoría, son excepcionales, pero que van consolidando una arquitectura fiscal y financiera compartida.

El riesgo no es solo económico, sino jurídico. A medida que Bruselas recurre a fórmulas de deuda conjunta, se multiplican las preguntas sobre quién responde en último término si las cosas se tuercen, qué margen tienen los parlamentos nacionales para controlar esas emisiones y qué ocurre si un Estado miembro decide, en el futuro, cuestionar el reparto de cargas.

El escenario se complica aún más si, en algún momento, se reabre la opción de usar parcialmente los activos rusos como colateral o fuente adicional de financiación. En ese caso, el euro podría verse sometido a un escrutinio todavía mayor por parte de países que lo utilizan como moneda de reserva. La combinación de deuda mutualizada y uso agresivo de activos de terceros sería, para muchos, un punto de no retorno en la percepción de la seguridad jurídica europea.

Apoyo firme o backlash interno

La aprobación del paquete de 90.000 millones no cierra el debate; lo abre. A corto plazo, los fondos enviarán una señal de estabilidad a Kiev y reforzarán la coordinación con Washington. A medio plazo, sin embargo, el verdadero examen se dará dentro de la propia UE.

Si la guerra se estabiliza, la economía europea aguanta y los tipos de interés comienzan a relajarse, el programa puede presentarse como un ejemplo de solidaridad eficaz. En ese escenario, los eurobonos para Ucrania se convertirían en otro ladrillo de una unión fiscal de facto, difícil ya de revertir.

Pero si el conflicto se enquista, los costes se disparan o el hartazgo social crece —alimentado por inflación, recortes o nuevos ajustes—, el riesgo de backlash político es evidente. Partidos euroescépticos y fuerzas populistas ya preparan el argumento: “mientras ustedes pagan la guerra, sus servicios públicos se deterioran”.

El diagnóstico es inequívoco: Europa ha decidido atarse a Ucrania con una cuerda hecha de deuda, armamento y credibilidad política. El tiempo dirá si ese vínculo se convierte en garantía de paz futura o en una carga difícil de sostener en un continente que, una vez más, ha preferido comprar tiempo a crédito.