El Supremo tumba 150.000 millones en aranceles de Trump
La Corte Suprema de Estados Unidos ha asestado un golpe histórico al corazón de la agenda económica de Donald Trump. En una decisión por 6 votos a 3, el alto tribunal ha declarado ilegales los aranceles de emergencia que la Casa Blanca impuso sobre importaciones de más de un centenar de países al amparo de la ley de 1977 sobre poderes económicos en caso de emergencia (IEEPA). Trump ha reaccionado como acostumbra: calificando el fallo de “disgracia” y advirtiendo de que dispone de un “plan de respaldo” para mantener la presión arancelaria, sin detallar en qué consistiría. Sin embargo, lo que el presidente presenta como una batalla política es, en realidad, una redefinición profunda de los límites entre Congreso y Ejecutivo en materia de política comercial. En juego no solo está el símbolo de su segundo mandato —un experimento arancelario global que llegó a recaudar 264.000 millones de dólares en 2025—, sino también la posible devolución de entre 130.000 y 175.000 millones a empresas que han pagado esos gravámenes.
Un correctivo histórico al ‘America First’ arancelario
El fallo del Supremo no es una mera matización técnica. Es un correctivo frontal al uso expansivo que Trump ha hecho de los poderes de emergencia para transformar, por la vía de los hechos, todo el régimen arancelario de Estados Unidos.
La mayoría, encabezada por el presidente del tribunal, John Roberts, sostiene que la IEEPA no puede interpretarse como un cheque en blanco para reescribir el sistema de tarifas sobre la práctica totalidad de los socios comerciales del país. Los jueces recuerdan que los aranceles son, en esencia, impuestos que extraen recursos directamente del bolsillo de empresas y consumidores y los depositan en el Tesoro. Y la Constitución atribuye de forma explícita al Congreso la potestad tributaria.
Lo más significativo es que dos de los propios nombramientos de Trump, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, se han alineado con la mayoría, dejando al presidente con una minoría de solo tres magistrados —Thomas, Alito y Kavanaugh— en defensa de su diseño arancelario. El mensaje institucional es inequívoco: incluso un tribunal de mayoría conservadora está dispuesto a frenar la hipertrofia del poder económico de la Casa Blanca cuando se desbordan los cauces legales.
Para Trump, que había presentado el caso como “uno de los más importantes de la historia de Estados Unidos” y había advertido de un escenario “devastador” si perdía, la derrota es tanto jurídica como simbólica. Para los mercados, en cambio, supone la confirmación de que el principio de separación de poderes sigue operando como dique frente a la improvisación económica.
Cómo Trump estiró la ley de emergencias más allá del límite
El origen de este choque está en la reinterpretación maximalista que la Administración Trump hizo de la International Emergency Economic Powers Act, una ley de 1977 concebida para gestionar crisis muy concretas —como la crisis de los rehenes en Irán— mediante sanciones financieras y comerciales dirigidas.
Trump decidió convertir esa herramienta en la columna vertebral de su estrategia económica global. Declaró como “amenaza inusual y extraordinaria” no solo el tráfico de drogas o determinadas crisis geopolíticas, sino los déficits comerciales persistentes con prácticamente todos los socios de Estados Unidos. Sobre esa base, impuso aranceles de emergencia de entre el 10% generalizado y hasta el 125% en el caso de determinados productos chinos, afectando a bienes procedentes de más de 100 países.
El Supremo ha aplicado aquí la llamada “major questions doctrine”, que exige una autorización “clara e inequívoca” del Congreso cuando el Ejecutivo acomete medidas de enorme impacto económico y político. La mayoría concluye que es “simplemente implausible” pensar que, bajo una redacción genérica sobre “regulación de importaciones”, el legislador entregó al presidente la llave para rediseñar todo el sistema de tarifas.
Dicho de otro modo: la Casa Blanca puede reaccionar con rapidez ante crisis puntuales, pero no puede ampararse en una emergencia declarada de forma expansiva para sustituir de facto al Congreso como arquitecto de la política comercial. El experimento de Trump ha servido, paradójicamente, para fijar en negro sobre blanco ese límite.
Los números que desnudan el experimento arancelario
Más allá del choque jurídico, el caso deja una radiografía muy contundente del experimento arancelario de la Casa Blanca. Solo en 2025, los aranceles de emergencia generaron 264.000 millones de dólares en ingresos adicionales para el Tesoro, según los datos aportados al proceso.
El diseño, presentado como un golpe a competidores extranjeros, ha terminado gravando masivamente a importadores estadounidenses de sectores tan diversos como juguetes, vino, bienes de equipo o material de pesca, que trasladaron buena parte de ese sobrecoste a sus precios. En muchos casos, el margen de maniobra era limitado: sustituir proveedores o rediseñar cadenas de suministro lleva tiempo y exige inversiones que no todas las pymes pueden afrontar.
Los estudios económicos incorporados al procedimiento señalan que, lejos de reforzar el tejido productivo, los aranceles encarecieron insumos clave y erosionaron la competitividad de las manufacturas estadounidenses, especialmente frente a rivales europeos y asiáticos no sometidos a esa misma estructura de costes. No es casual que el fallo llegue tras varios trimestres de enfriamiento del crecimiento y con señales de fatiga en la inversión industrial.
La sentencia obliga ahora a revisar millones de operaciones de importación realizadas bajo un marco que la Corte declara contrario a derecho. Y ahí comienza el verdadero laberinto.
El agujero fiscal y la batalla por las devoluciones
Uno de los elementos más delicados de la sentencia es lo que no dice. La Corte se ha limitado a declarar que Trump excedió su autoridad al imponer los aranceles, pero no ha resuelto la cuestión clave de las devoluciones: quién puede reclamar, bajo qué procedimiento y sobre qué volumen total.
Los cálculos que circulan en Washington hablan de un potencial de entre 130.000 y 175.000 millones de dólares en tarifas recaudadas que podrían quedar expuestas a reclamaciones, un volumen equivalente a más de un 0,5% del PIB de Estados Unidos. El Tesoro sostiene que está preparado para gestionar ese escenario, pero los propios magistrados admiten que el proceso puede ser “un completo caos”: procedimientos administrativos masivos, litigios en cascada y años de inseguridad jurídica sobre miles de expedientes.
La desigualdad potencial en el reparto de esa “deuda arancelaria” añade tensión política. Grandes corporaciones con equipos legales potentes están bien posicionadas para reclamar hasta el último dólar. Las pequeñas empresas que no litigaron a tiempo, o que asumieron las tarifas como un coste inevitable, corren el riesgo de quedar fuera de la foto de las devoluciones. Como advertía la senadora Elizabeth Warren, el peligro es que “las grandes compañías cobren cheques millonarios mientras las familias que pagaron precios más altos no reciben nada”.
El diagnóstico es inequívoco: una mala arquitectura legal puede convertir una apuesta arancelaria en un problema fiscal de primer orden.
Mercados, inflación y dólar: el efecto dominó inmediato
En el corto plazo, la sentencia abre una fase de reconfiguración acelerada de las expectativas de mercado. La retirada de los aranceles —o su sustitución por mecanismos más acotados— tenderá a abaratar las importaciones de bienes intermedios y de consumo. Eso alivia, en principio, la presión sobre los costes de muchas cadenas de producción y puede contribuir a moderar la inflación subyacente en los próximos trimestres.
Sin embargo, el efecto no es lineal. Parte del tejido industrial estadounidense, especialmente en sectores como el acero, el aluminio o determinados bienes de capital, había reordenado su estrategia contando con la protección arancelaria. Para esas empresas, la sentencia implica volver a competir a corto plazo con proveedores extranjeros a precios más bajos, en algunos casos sin haber recuperado aún las inversiones realizadas durante la fase de “hiperprotección” trumpista.
En los mercados financieros, el fallo se combina con un contexto ya frágil —crecimiento del PIB del 1,4% y dudas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal— para alimentar la volatilidad de índices bursátiles y del dólar. Los inversores tratan de calibrar si la reversión arancelaria será un viento de cola para la desinflación o una fuente adicional de incertidumbre política si Trump cumple su amenaza de activar nuevas fórmulas de presión comercial, por ejemplo recurriendo al complejo entramado de normas de seguridad nacional en el comercio de metales o tecnología.