Trump se prepara para recortar aranceles del acero y aluminio
La decisión de Donald Trump de estudiar un recorte parcial de los aranceles al acero y al aluminio marca el primer giro relevante en la estrategia comercial de su segundo mandato. Según avanzan el Financial Times y la agencia Reuters, la Administración está revisando la lista de productos afectados por unos gravámenes que llegaron hasta el 50% en 2025 y que hoy alcanzan a centenares de partidas metálicas y bienes derivados. El plan pasa por eximir determinadas categorías, frenar la ampliación del listado y sustituir parte de los aranceles generalizados por investigaciones de seguridad nacional más quirúrgicas sobre productos concretos. La maniobra llega en plena crisis de asequibilidad en Estados Unidos y en un momento en el que el encarecimiento de coches, electrodomésticos y envases se ha convertido en un lastre político para la Casa Blanca.
Un giro inesperado en la guerra del acero
El movimiento que se está perfilando en Washington supone un cambio de tono respecto a la escalada arancelaria de los últimos meses. Según las filtraciones, la Administración Trump trabaja en un paquete que excluiría algunos bienes de acero y aluminio, detendría la inclusión de nuevos productos en la lista y priorizaría las investigaciones caso por caso bajo el paraguas de la seguridad nacional.
Hasta ahora, la estrategia había sido la contraria: ampliar progresivamente el alcance de los aranceles hasta cubrir no solo productos metálicos básicos, sino también bienes de consumo como lavadoras, neveras o envases de bebidas. La Casa Blanca defendía esta política como un escudo frente a la “competencia desleal” de terceros países y una forma de reindustrializar el país. Lo más llamativo es que el repliegue no llega tras una concesión de los socios, sino por el desgaste interno que están provocando los precios.
En círculos económicos de Washington se admite ya que el coste político de unos aranceles tan amplios supera, a corto plazo, los beneficios que aportan en términos de mensaje nacionalista y protección de determinados segmentos industriales. La consecuencia es clara: Trump se ve empujado a modular una herramienta que ha convertido en seña de identidad, sin renunciar del todo a ella.
Del arancel del 25% al castigo del 50%
Para entender la magnitud del giro, hay que recordar la secuencia. En febrero de 2025, la Casa Blanca anunció un arancel del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio, reeditando y ampliando la ofensiva proteccionista de su primer mandato. Meses después, un decreto ejecutivo añadió otro 25% adicional sobre esas mismas partidas, elevando el tipo efectivo hasta el 50% y convirtiendo a Estados Unidos en uno de los mercados más cerrados del mundo para estos metales.
A partir del verano de 2025, el arancel se extendió a productos derivados: chapas, perfiles, componentes para la construcción e incluso bienes de consumo con alto contenido metálico. Solo en agosto se incorporaron más de 400 líneas arancelarias adicionales, según los listados oficiales de la Administración. El mensaje era inequívoco: Trump estaba dispuesto a utilizar los metales como punta de lanza de una guerra comercial total.
Ese endurecimiento no quedó sin respuesta. Socios como la Unión Europea, México o Canadá activaron represalias selectivas sobre productos agrícolas, bienes de consumo y marcas emblemáticas estadounidenses. El diagnóstico es inequívoco: en apenas un año, la política comercial de Estados Unidos se convirtió en uno de los principales focos de incertidumbre para las cadenas globales de suministro.
Una crisis de precios que mina el apoyo interno
El detonante del replanteamiento no está solo fuera, sino dentro de casa. Los propios asesores económicos de la Casa Blanca reconocen que los aranceles al acero y al aluminio han alimentado la crisis de asequibilidad que atraviesa la economía estadounidense, con una subida acumulada de precios que se nota en la cesta de la compra y en las facturas de bienes duraderos.
La lógica es sencilla. El acero y el aluminio son insumos clave para sectores tan dispares como la automoción, la construcción, los electrodomésticos o el envasado de alimentos y bebidas. Cuando el tipo arancelario pasa del 0% o el 10% a niveles del 25% o el 50%, el sobrecoste se traslada en cascada a los productos finales. Un coche fabricado con acero importado, una lavadora ensamblada con componentes extranjeros o una simple lata de refresco acaban reflejando esos recargos.
Las patronales industriales han empezado a advertir de que, con esta estructura de costes, proyectos de inversión que ya estaban aprobados se están revisando o posponiendo. Lo más grave, señalan economistas consultados por la prensa estadounidense, es que el impacto es regresivo: penaliza más a las rentas bajas, que dedican una parte mayor de sus ingresos a bienes básicos y a financiarse en un entorno de tipos de interés todavía elevados. En este contexto, cualquier señal de alivio arancelario tiene también una lectura electoral.
Aliados irritados y cadenas de suministro bajo presión
Si el frente interno preocupa, el externo no es menos delicado. En 2024, Financial Times recordaba que México, China y Canadá concentraban alrededor del 42% de las importaciones totales de Estados Unidos, convirtiéndolos en objetivo prioritario de la agenda arancelaria de Trump. La escalada de 2025 desencadenó una nueva guerra comercial norteamericana que ha tensionado las relaciones con sus dos socios del T-MEC y con Bruselas.
En el caso de Canadá, el intercambio bilateral ronda los 700.000 millones de dólares anuales, una cifra que ilustra hasta qué punto cualquier incremento de los costes fronterizos se traduce en distorsiones a ambos lados. Empresas del automóvil, de componentes industriales o de alimentos procesados han tenido que rediseñar rutas logísticas, renegociar contratos y, en algunos casos, deslocalizar producción para esquivar los aranceles.
El contraste con otras regiones resulta demoledor: mientras bloques como la Unión Europea han optado por combinar defensas comerciales puntuales con acuerdos de libre comercio, Washington ha convertido el arancel en su instrumento preferente. El giro ahora anunciado sugiere que incluso la Administración Trump empieza a calibrar el coste de mantener una presión constante sobre aliados estratégicos con los que comparte cadenas de valor críticas.
La coartada de la seguridad nacional
La arquitectura jurídica que sostiene esta ofensiva se apoya en la célebre Sección 232 de la legislación comercial estadounidense, que permite al presidente imponer restricciones a las importaciones si considera que amenazan la seguridad nacional. Bajo este paraguas se justificaron las primeras investigaciones sobre acero y aluminio en el primer mandato de Trump y, años después, la nueva ola de aranceles ampliados no solo a metales, sino también a sectores como el automóvil, la madera o determinados bienes tecnológicos.
Lo que ahora se plantea no es abandonar esa herramienta, sino refinarla. La Casa Blanca quiere pasar de gravámenes horizontales del 25% o el 50% a “sondas” más específicas sobre productos concretos, donde pueda argumentar con más solidez el riesgo para la defensa o infraestructuras críticas. Sobre el papel, este enfoque reduce el choque con socios que se consideran injustamente metidos en el mismo saco que competidores como China.
Sin embargo, las dudas persisten. Para muchos aliados, la invocación casi automática de la seguridad nacional ha vaciado de contenido las reglas multilaterales de la Organización Mundial del Comercio y ha abierto la puerta a que otros países imiten la táctica. Si Washington mantiene esa coartada, aunque la aplique de manera más selectiva, el conflicto puede mutar, pero difícilmente desaparecerá.
