Caos y dudas en Venezuela: la Ley de Amnistía para presos políticos se atasca en el Parlamento

aracas vuelve a vivir días de alta tensión política. Lo que debía ser el paso definitivo hacia la normalización institucional —la aprobación de la Ley de Amnistía General— ha terminado convertido en un nuevo foco de incertidumbre. El Parlamento decidió aplazar hasta la próxima semana el segundo y último debate del texto, dejando en el aire el futuro de más de 600 presos políticos y de miles de exiliados.
El retraso no es un simple incidente de agenda, sino el síntoma de un desacuerdo profundo sobre quién merece el perdón del Estado y bajo qué condiciones. El proyecto, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la caída de Nicolás Maduro, choca con resistencias tanto en el chavismo residual como en sectores de la oposición y de la sociedad civil.
En el centro de la tormenta, un punto especialmente polémico: la obligación de que los presos comparezcan ante la justicia para acogerse a la amnistía, requisito que dejaría fuera a una parte sustancial de los detenidos y refuerza la percepción de una “amnistía condicionada”.

Un Parlamento bloqueado ante su ley más simbólica

El aplazamiento del segundo debate confirma lo que muchos intuían en Caracas: el Parlamento no tenía los votos ni el consenso político necesarios para aprobar la ley en los términos actuales. La presidencia de la Cámara optó por evitar una derrota en directo, trasladando la discusión a la próxima semana con el argumento formal de ganar tiempo para “afinar el texto”.

En realidad, el bloqueo revela tres tensiones. La primera, entre las fuerzas chavistas que aún conservan peso institucional y exigen garantías de no ser arrinconadas judicialmente a cambio de aceptar la amnistía. La segunda, dentro de la propia coalición opositora, dividida entre quienes apuestan por una amnistía amplia —casi automática— y quienes reclaman filtros estrictos para no blanquear delitos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos.

La tercera tensión se da entre el Parlamento y una sociedad civil que ha pagado el coste de la represión. Foro Penal y otras ONG insisten en que “no se puede negociar la libertad de unos a costa del olvido de otros”. La imagen del hemiciclo casi lleno, pero sin acuerdo, mientras familiares de presos aguardan en los pasillos, resume el clima: una transición atrapada entre la necesidad de pasar página y el temor a la impunidad.

Las cláusulas que ponen en jaque la amnistía

El corazón del conflicto está en el articulado. El proyecto impulsado por el Ejecutivo incluye una condición que ha encendido todas las alarmas: para acceder a la amnistía, los presos deberán comparecer ante la justicia y aceptar un procedimiento individualizado. Sobre el papel, el objetivo es “ordenar” el proceso y evitar que la ley ampare delitos comunes. En la práctica, críticos y defensores reconocen que el filtro puede dejar fuera a centenares de casos.

Organizaciones como Foro Penal sostienen que, con la redacción actual, casi la mitad de los presos políticos registrados quedarían excluidos. A ello se suma una omisión clave: la ley no levanta las inhabilitaciones políticas que pesan sobre líderes opositores, alcaldes, gobernadores y exdiputados. Sin ese paso, advierten, “la amnistía vacía cárceles, pero no devuelve representatividad”.

El chavismo, por su parte, pone el foco en otro punto: la falta de una cláusula explícita que impida reabrir ciertos casos en el futuro. Temen que una ley demasiado abierta acabe sirviendo como base para procesos internacionales o como herramienta de purga selectiva en la nueva etapa. El resultado es un texto atrapado entre la presión de las víctimas, la cautela de los que temen ser perseguidos y la urgencia de quienes quieren exhibir resultados rápidos ante la comunidad internacional.

Las cifras de la reparación incompleta

Desde enero, el Gobierno interino ha anunciado al menos 430 excarcelaciones, combinando medidas administrativas, indultos puntuales y resoluciones judiciales apresuradas. Sobre el papel, la cifra suena contundente. En la realidad, más de 600 presos políticos siguen repartidos por cárceles ordinarias, calabozos policiales y centros de detención militar, según distintas fuentes de la sociedad civil.

Los números exponen la grieta. Si se toma como referencia un universo aproximado de 1.000 detenidos por motivos políticos en los últimos años, una amnistía que deja fuera a alrededor del 40% es percibida por los afectados como una solución a medias. “No se puede hablar de reconciliación mientras haya presos de primera y de segunda”, repiten familiares y activistas.

A ello se añade el capítulo del exilio: más de 6.000 venezolanos con causas abiertas o procesos administrativos pendientes en el país viven repartidos entre Colombia, Estados Unidos, España y otros destinos. Para ellos, la ley tal y como está redactada ofrece pocas garantías de retorno seguro: no se clarifican los plazos de prescripción de delitos, ni se establecen mecanismos claros para anular órdenes de captura o congelar procesos abiertos. El contraste entre la retórica de “amnistía general” y la letra pequeña resulta demoledor.

El pulso entre chavismo residual y nueva mayoría

La caída de Nicolás Maduro abrió un espacio político inédito, pero no borró de un plumazo dos décadas de arquitectura institucional a medida. El chavismo, aunque derrotado electoralmente, conserva presencia en el Parlamento, en el aparato judicial y en sectores estratégicos del Estado. La Ley de Amnistía se ha convertido en un termómetro de su capacidad de influencia.

Para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el proyecto es una pieza central para demostrar que la nueva etapa no será una revancha, sino una transición controlada. Pero parte de su antiguo bloque exige contrapartidas claras: blindaje frente a futuros procesos, reconocimiento de ciertos logros sociales y garantías de que la amnistía no será el preludio de una depuración institucional.

La oposición, por su lado, se mueve sobre una línea muy fina. Si cede demasiado, corre el riesgo de ser acusada de pactar impunidad. Si endurece su posición, puede bloquear una ley que esperan con angustia cientos de presos y sus familias. El resultado, por ahora, es un empate incómodo: ningún actor quiere cargar con el coste político de tumbar la amnistía, pero tampoco está dispuesto a asumirla tal cual.

Lecciones de otras transiciones latinoamericanas

La experiencia de la región ofrece lecciones útiles para entender el laberinto venezolano. En países como Chile, Argentina o Uruguay, las leyes de amnistía o de “punto final” sirvieron inicialmente para garantizar una transición sin sobresaltos militares, pero terminaron siendo revisadas, reinterpretadas o directamente anuladas décadas después. El mensaje es claro: los atajos jurídicos suelen tener un coste diferido.

En Colombia, el proceso de paz con las FARC introdujo la lógica de justicia transicional, con penas reducidas a cambio de verdad, reparación y garantías de no repetición. No es casual que varias voces en Venezuela reclamen un modelo similar: “ni borrón y cuenta nueva ni venganza, sino una combinación de amnistía condicionada y rendición de cuentas”.

El problema es que el país llega a este debate con instituciones debilitadas, economía colapsada y una sociedad profundamente polarizada. Sin una arquitectura de justicia transicional creíble —tribunales independientes, comisiones de la verdad reales, participación de víctimas—, la tentación de un texto de amnistía maximalista choca con el miedo a repetir errores del pasado. Y la consecuencia es este bloqueo que, por ahora, solo agrava la sensación de interinidad.

Exiliados, inhabilitados y la legitimidad en juego

Más allá de las celdas, hay otro frente que la Ley de Amnistía apenas roza: el de los derechos políticos. Sobre decenas de dirigentes opositores pesan inhabilitaciones administrativas dictadas durante el madurismo, muchas de ellas vinculadas a procesos sin garantías o ni siquiera a procedimientos formales. La ley, en su versión actual, no las levanta automáticamente.

Esto significa que, incluso con una excarcelación masiva, el mapa político seguiría parcialmente bloqueado. Líderes clave no podrían presentarse a elecciones, gestionar recursos públicos ni ocupar cargos ejecutivos. “Una amnistía que libera cuerpos pero mantiene silenciadas las voces no resuelve la crisis de representación”, advierten analistas y académicos.

Para el exilio, el horizonte es aún más incierto. Sin un mecanismo claro de reconocimiento de estatus, reparación y garantías, miles de venezolanos seguirán dudando antes de comprar un billete de regreso, incluso si sus causas penales se archivan sobre el papel. La ley, tal como está, corre el riesgo de ser percibida como una operación de imagen ante el exterior más que como un verdadero pacto de reconciliación interna.