Supervivientes de Auschwitz exigen ilegalizar a AfD en Alemania
La petición no llega de un partido rival ni de un think tank militante, sino de quienes sobrevivieron a Auschwitz-Birkenau, símbolo máximo del horror europeo. El Comité Internacional de Auschwitz ha reclamado formalmente la prohibición de Alternativa para Alemania (AfD), hoy principal fuerza de oposición en el Bundestag, al considerar que el partido “ataca la democracia” y recurre a referencias al pasado nazi que resultan insoportables para las víctimas. La demanda se dirige al Ministerio del Interior, con la petición explícita de iniciar un procedimiento ante el Tribunal Constitucional Federal en Karlsruhe, único órgano competente para ilegalizar un partido político en Alemania.
Un llamamiento que nace del recuerdo del horror
La presidenta del Comité Internacional de Auschwitz, superviviente del campo, no ha recurrido a eufemismos. Ha acusado a AfD de “atacar la democracia” y de utilizar alusiones y referentes que remiten de forma directa a la semántica del Tercer Reich. En su mensaje, difundido a través de organizaciones de memoria y redes sociales, subraya que determinadas expresiones sobre “remigración” o “defensa étnica de la nación” reabren heridas que nunca cerraron del todo.
Su voz no es aislada. El comité agrupa a representantes de asociaciones de supervivientes de varios países europeos y lleva décadas funcionando como conciencia incómoda de la memoria del Holocausto. Ya en 2018, reclamó la vigilancia intensiva de AfD por parte del servicio de inteligencia interior, denunciando discursos que banalizaban el genocidio o relativizaban la responsabilidad alemana.
La novedad ahora es la escalada del mensaje: de pedir observación y vigilancia a pedir abiertamente la ilegalización. En términos simbólicos, supone pasar de la advertencia a la alarma. En términos políticos, coloca a las instituciones alemanas ante un dilema que no pueden ignorar: si quienes vivieron el exterminio consideran “insoportable” la normalización de AfD, el coste de mirar hacia otro lado ya no es solo electoral, sino moral.
En palabras de la propia presidenta, “no se trata de venganza, sino de preservar un marco democrático que haga imposible que vuelva a ocurrir lo que nosotros sufrimos”. La apelación va dirigida tanto al Gobierno federal como a la sociedad alemana, que debe decidir si está dispuesta a asumir el riesgo de un partido extremista fuerte en las urnas o el riesgo, igualmente inquietante, de prohibirlo.
AfD: de fuerza protesta a primer partido de la oposición
El contexto numérico explica por qué la petición del comité ha tenido tanta repercusión. Nacida en 2013 como fuerza euroescéptica, AfD se transformó con la crisis migratoria de 2015 en un partido de perfil nacional-populista, con un discurso centrado en inmigración, identidad y rechazo a las élites de Berlín y Bruselas. Hoy es la segunda fuerza más votada en Alemania: en las elecciones federales de 2025 obtuvo en torno al 20-21 % de los votos, situándose por detrás de la coalición conservadora pero por delante de socialdemócratas y verdes.
El avance es especialmente acusado en los Länder del este, donde AfD supera el 35 % y es primera fuerza entre los menores de 35 años en varios estados. Este reequilibrio geográfico ha hundido el viejo “cordón sanitario” que mantenían los partidos tradicionales y ha obligado a la Unión Demócrata Cristiana (CDU)Unión Demócrata Cristiana (CDU) a pactar alianzas complejas para aislarla, con un coste visible en gobernabilidad.
A esta realidad electoral se suma la decisión del Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV),Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) la agencia de inteligencia interior, que en 2025 clasificó a AfD como “organización extremista de derechas demostrada” tras un informe de más de 1.000 páginas. Es la primera vez en la historia de la República Federal que el principal partido de la oposición recibe esa etiqueta.
Este doble dato —segunda fuerza parlamentaria y partido designado como extremista— es el corazón del problema. Una cosa es vigilar y aislar políticamente a una formación marginal; otra muy distinta es plantear su prohibición cuando representa a uno de cada cuatro votantes en algunos territorios. El coste democrático, el riesgo de victimización y la posible radicalización de parte del electorado forman parte de la ecuación que hoy enfrenta el Gobierno federal.
Una democracia militante con un listón jurídico altísimo
Alemania se definió desde 1949 como una “democracia militante” (wehrhafte Demokratie): un sistema que no renuncia a defenderse jurídicamente de quienes buscan destruirlo desde dentro. Esa idea se traduce en el artículo 21.2 de la Ley Fundamental, que permite declarar inconstitucional a un partido que, “por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes, busque eliminar el orden democrático libre o poner en peligro la existencia de la República Federal”.
Pero la clave está en quién y cómo puede activar ese mecanismo. Solo el Tribunal Constitucional Federal de Alemania,Tribunal Constitucional Federal de Alemania con sede en Karlsruhe, tiene competencia para prohibir un partido, y únicamente a petición de tres actores: el Bundestag,Bundestag el BundesratBundesrat o el Gobierno federal. No basta con que un ministro del Interior considere preocupante a una formación; hace falta una decisión política de máximo nivel.
Además, el tribunal ha ido estrechando el listón a lo largo de las décadas. No es suficiente con demostrar que el partido tiene un ideario antidemocrático; es necesario acreditar una “capacidad real” de poner en peligro el orden constitucional, algo mucho más exigente cuando la formación opera dentro del marco parlamentario y no como grupo violento.
Por eso el Ministerio del Interior ha reaccionado con extrema cautela al llamamiento del Comité Internacional de Auschwitz. La actual titular de la cartera ha reconocido el “profundo respeto” que le merecen los supervivientes, pero ha recordado que el Estado de derecho no puede actuar movido solo por impulsos, por muy legítimos que sean, sino por pruebas robustas que resistan años de escrutinio judicial.
Los precedentes alemanes: dos partidos prohibidos, dos fracasos
La historia juega un papel decisivo. Desde 1949, Alemania solo ha prohibido dos partidos a nivel federal: el Partido Socialista del Reich (SRP), de inspiración neo-nazi, en 1952, y el Partido Comunista de Alemania (KPD) en 1956, en pleno clima de Guerra Fría. Ambos casos se produjeron cuando la joven República Federal aún se sentía amenazada existencialmente por la sombra del nazismo y por la presión del bloque soviético.
Desde entonces, los intentos de repetir la operación han fracasado. Los dos procedimientos lanzados contra el partido ultra NPD —uno en 2003, otro en 2017— acabaron archivados: en el primer caso por la infiltración masiva de informadores estatales en la cúpula del partido; en el segundo, porque el Constitucional concluyó que, pese a su ideología abiertamente xenófoba, el NPD carecía de fuerza real para derribar el sistema.
Estos precedentes pesan como una losa sobre cualquier iniciativa contra AfD. Si el tribunal consideró que un partido como el NPD no suponía una amenaza suficiente, ¿cómo justificar ahora que sí lo es una fuerza que, aunque extremista, canaliza millones de votos dentro del juego institucional? El diagnóstico es inequívoco: un intento de prohibición que fracasara reforzaría la narrativa victimista de AfD y le daría un aval jurídico de constitucionalidad difícil de revertir.
No es casual que, incluso entre quienes critican con dureza al partido, haya fuertes reticencias a activar el procedimiento. En enero de 2025, 124 diputados de varias formaciones registraron una moción en el Bundestag para estudiar la apertura de un proceso de ilegalización, pero el liderazgo de los grandes partidos ha evitado hasta ahora cruzar ese Rubicón.
El termómetro de la sociedad: encuestas, protestas y polarización
La batalla no se libra solo en los tribunales, sino también en la calle y en la opinión pública. Tras la clasificación de AfD como partido extremista, una encuesta del instituto Insa reveló que el 48 % de los alemanes apoyaría su prohibición, mientras que el 37 % se declaraba en contra y el resto dudaba o se mostraba indiferente. Al mismo tiempo, un 61 % de los encuestados describía a AfD como formación “de extrema derecha”, confirmando que la etiqueta del BfV reflejaba una percepción ya arraigada.
En paralelo, entre 2024 y 2025 se sucedieron masivas manifestaciones contra el extremismo en decenas de ciudades. Solo en Hamburgo llegaron a concentrarse unas 60.000 personas, mientras que en Münster se contabilizaron 30.000 y en varias localidades medianas del oeste y el sur se movilizaron entre 5.000 y 10.000 ciudadanos. Parte de estas marchas incluían pancartas exigiendo un “procedimiento de prohibición” contra AfD.
Sin embargo, lo más grave para la estabilidad política es la polarización del debate. Mientras asociaciones judías y colectivos de minorías alertan del clima de miedo y señalan incidentes crecientes de antisemitismo y racismo, sectores conservadores —incluidos algunos responsables internacionales— denuncian que la vigilancia intensiva y un eventual veto legal al partido serían un “ataque a la democracia” y a la libertad de expresión.
La consecuencia es clara: Alemania se encuentra dividida casi en mitades entre quienes ven en AfD una amenaza existencial y quienes consideran que el mejor antídoto contra sus ideas es derrotarlas en las urnas, no en los tribunales. El llamamiento del Comité Internacional de Auschwitz irrumpe precisamente en ese punto de máxima tensión.
