El Tesoro británico ofrece 100.000 libras para reducir plantilla
La poderosa maquinaria económica del Reino Unido ha decidido mirarse al espejo. El ministerio de Hacienda británico ofrece hasta 100.000 libras por cabeza a los funcionarios que acepten marcharse voluntariamente, en uno de los mayores procesos de ajuste interno de las últimas décadas. El objetivo es reducir en unos 300 puestos una plantilla de aproximadamente 2.100 empleados, prácticamente el doble que hace diez años. Detrás de esta cifra hay algo más que un simple recorte contable: la estrategia forma parte del plan de rebajar un 16% los costes administrativos en todo Whitehall, el corazón de la Administración central. El movimiento llega en un momento delicado, con una economía que crece poco, una inflación que aún no se ha normalizado del todo y un mercado laboral que muestra signos de enfriamiento.
Un recorte quirúrgico en el corazón de Whitehall
El ajuste afecta al Tesoro, el ministerio que decide el gasto público, diseña los Presupuestos y marca las grandes líneas de la política económica británica. Según adelantó la prensa económica, la intención es eliminar unos 300 puestos de aquí a 2030, lo que equivale a cerca de un 14% de la plantilla actual del departamento.
El recorte no se presenta como un hachazo súbito, sino como una “normalización” tras años de expansión pos-Brexit y durante la pandemia. El propio Tesoro admite que está en su tamaño más alto desde que hay registros, después de haber reforzado equipos para gestionar la salida de la UE, los paquetes de apoyo por la COVID-19 y, más recientemente, la crisis energética.
La narrativa oficial es clara: aprovechar una etapa de relativa estabilidad para volver a una estructura “más proporcionada”. Sin embargo, lo más grave, según fuentes internas, es el riesgo de pérdida de capacidad técnica en áreas clave como la regulación financiera, la supervisión del gasto o el diseño de impuestos. Un ministerio sobredimensionado es caro; uno demasiado delgado, potencialmente peligroso para la estabilidad macroeconómica.
Cómo funciona el plan de salidas voluntarias
El esquema de salidas voluntarias, abierto inicialmente al personal con base en Londres y extensible a otras sedes, ofrece tres semanas de salario por año trabajado, con un límite de 15 meses de sueldo y un tope salarial de 80.000 libras sobre el que se calcula la indemnización.
Para algunos funcionarios con trayectorias largas, la combinación puede sumar hasta las famosas 100.000 libras brutas, una cifra diseñada para hacer la oferta difícil de rechazar.
En términos macro, el Tesoro no ha detallado el coste total del programa, pero fuentes gubernamentales sitúan en torno a 300 millones de libras el presupuesto disponible para 36 planes de salida voluntaria abiertos en distintos departamentos de la Administración central, bajo la supervisión de la Oficina del Gabinete.
Si solo un 15-20% de la plantilla del Tesoro se acogiera al esquema, la factura podría moverse en el entorno de 20 a 30 millones de libras, una cantidad que el ministerio confía en amortizar rápidamente vía ahorro salarial.
“Es un incentivo potente, pero también una señal inequívoca de que se quiere una Administración más pequeña y, sobre todo, más barata”, resume un alto cargo sindical consultado por medios británicos. El diseño del plan, con énfasis en la voluntariedad y en la recolocación interna, pretende minimizar el recurso a despidos forzosos, aunque el propio Tesoro admite que no puede descartarlos si las bajas voluntarias se quedan cortas.
De la expansión pos-Brexit al giro hacia la austeridad selectiva
El contexto ayuda a entender el movimiento. En la última década, el número de empleados del Tesoro prácticamente se ha duplicado, impulsado por la complejidad de la negociación y ejecución del Brexit, el diseño de los innumerables esquemas de apoyo a empresas y trabajadores durante la pandemia y la respuesta a las sucesivas crisis energéticas y de precios.
Ahora, la etapa que se abre es muy distinta. Las prioridades pasan por reconducir la deuda pública, contener el gasto corriente y reservar margen fiscal para inversiones estratégicas en infraestructuras, defensa y transición energética. El mensaje que llega desde el Tesoro y desde el Gobierno de Reino Unido es que no se trata de una vuelta a la austeridad indiscriminada, sino de una reasignación de recursos hacia “áreas de mayor valor añadido”.
Este hecho revela una nueva fase en la cultura fiscal británica: menos énfasis en “crear programas” y más en asegurar que los ya existentes sean sostenibles. Sin embargo, el contraste con la retórica de los últimos años —cuando se insistía en que la prioridad era “reforzar la capacidad del Estado”— resulta llamativo. Lo que ayer se vendía como músculo imprescindible, hoy se describe como grasa a recortar.
Riesgos para la capacidad del Tesoro en plena incertidumbre económica
El ajuste llega, además, en un momento en el que la economía británica dista de estar despejada. La tasa de paro ronda el 5%, frente a niveles sensiblemente más bajos antes de la pandemia, y la incertidumbre geopolítica y comercial sigue pesando sobre la inversión privada.
En este contexto, reducir la plantilla del ministerio encargado de calibrar cada estímulo y cada recorte presupuestario comporta riesgos evidentes.
Entre ellos, la posible fuga de talento hacia el sector privado, especialmente en perfiles con alta empleabilidad en banca, consultoría o grandes despachos fiscales. Un paquete de 100.000 libras puede ser visto como un puente dorado hacia esos destinos. También preocupa la capacidad del Tesoro para gestionar proyectos complejos, como la puesta en marcha de nuevos impuestos verdes, la reforma de los incentivos a la inversión o la coordinación con el Banco de Inglaterra en un ciclo de tipos más volátil.
La consecuencia es clara: si el adelgazamiento no se acompaña de una profunda reorganización interna, el riesgo es que la Administración pierda precisamente a los perfiles más valiosos, dejando atrás una estructura menos costosa… pero también menos capaz de anticipar y gestionar crisis.
El malestar sindical y la batalla por el relato
Las organizaciones sindicales han reaccionado con una mezcla de cautela y recelo. Aunque el esquema se presenta como voluntario, las centrales temen que se convierta en la antesala de despidos encubiertos y denuncian un clima de moral baja y alta rotación en muchas áreas del servicio civil.
“Se vende como una oportunidad, pero muchos funcionarios lo sienten como una señal de que su trabajo ya no se valora”, señalan fuentes sindicales. El Gobierno, por su parte, intenta enmarcar la medida en una narrativa de “modernización” y “eficiencia”, insistiendo en que se protegerán las áreas críticas y en que se revisarán cuidadosamente las salidas para evitar “pérdidas de capacidad estratégica”.
En paralelo, la opinión pública observa con ambivalencia. Parte del electorado ve con buenos ojos cualquier gesto de contención del gasto burocrático, sobre todo tras años de subida de impuestos y facturas energéticas disparadas. Otra parte, sin embargo, teme que un Estado debilitado termine traduciéndose en servicios públicos más lentos, regulaciones peor diseñadas y menos control sobre el uso del dinero del contribuyente. La batalla por el relato será casi tan importante como los números.
Un experimento para toda la Administración británica
El plan del Tesoro no es un caso aislado. En total, el Gobierno mantiene abiertos más de treinta planes de salida voluntaria en distintos ministerios y agencias, con la vista puesta en reducir el peso de la Administración central sin recurrir de entrada a recortes traumáticos.
En la práctica, el esquema del Tesoro se convierte en laboratorio: si funciona —es decir, si logra ahorrar costes sin disparar el caos interno—, es previsible que su lógica se extienda.
Aquí entra en juego el papel de la Oficina del Gabinete, encargada de coordinar el rediseño del servicio civil y de vigilar que no se destruyan capacidades esenciales, por ejemplo, en materia de seguridad, ciberdefensa o gestión de grandes proyectos de infraestructuras. La línea es fina: un exceso de celo recortador puede comprometer objetivos estratégicos, como la ambición de convertir al Reino Unido en “superpotencia de energías limpias” o en hub financiero regulado con estándares muy exigentes.
El diagnóstico es inequívoco: el Estado británico busca ser más ágil y menos costoso, pero el éxito dependerá de si las tijeras se aplican con bisturí o con hacha.
Lo que se juega Reeves en este ajuste
Para Rachel Reeves, la operación va más allá de una mera reestructuración administrativa. La canciller del Exchequer ha construido su perfil político sobre la promesa de responsabilidad fiscal combinada con inversión estratégica en crecimiento y transición verde.
Un Tesoro más pequeño y “centrado en lo esencial” encaja con ese discurso, pero también la expone a un riesgo evidente: que cualquier fallo de supervisión o cualquier crisis mal gestionada se interprete como consecuencia directa de haber debilitado el ministerio.
En el plano interno, Reeves necesita demostrar que puede controlar el gasto corriente sin recurrir a recortes masivos en sanidad, educación o prestaciones, áreas políticamente explosivas. Tocar primero la burocracia de Whitehall le permite enviar una señal de ejemplaridad: antes de pedir sacrificios a los ciudadanos, los hace la propia Administración.
“Si queremos un Estado fuerte, debe ser también un Estado eficiente”, repiten sus aliados. Sus críticos, sin embargo, alertan de que el Tesoro corre el riesgo de transformarse en una estructura demasiado ligera para la complejidad de la economía británica actual, marcada por un crecimiento anémico, una productividad estancada y una deuda que supera el 90% del PIB.