La UE planta cara a Italia por sus “Golden Powers”: dos meses para frenar el veto político a fusiones bancarias
La Comisión Europea ha activado un procedimiento de infracción contra Italia por la ampliación de su ley de “Golden Powers”, que permite al Gobierno revisar, condicionar o bloquear operaciones en sectores estratégicos, incluida la banca. Bruselas teme que Roma esté usando esta herramienta como una palanca de intervención económica injustificada y, sobre todo, que invada competencias exclusivas del BCE en supervisión bancaria. Italia responde con tono conciliador, pero sin renunciar al fondo: promete una reforma aclaratoria y gana tiempo.
La batalla por el control de la banca europea suma un nuevo capítulo —y esta vez el foco está en Italia. La Comisión Europea ha enviado a Roma una carta de emplazamiento formal que abre un procedimiento de infracción por el uso ampliado de los llamados “poderes dorados”. Se trata de una legislación que el Ejecutivo italiano puede activar para intervenir en compras, fusiones o inversiones en sectores considerados estratégicos. Nació en 2012 para áreas como defensa o energía, pero en los últimos años se ha extendido a telecomunicaciones… y ahora también a la banca.
El problema para Bruselas no es la existencia de la herramienta, sino cómo se está aplicando. La Comisión advierte de que la versión actual de estas “Golden Powers” en el sector financiero puede permitir una intervención económica desproporcionada, incompatible con el principio de libre circulación de capitales y con las reglas del mercado único. Y añade un punto especialmente sensible: al condicionar operaciones bancarias, Italia estaría solapándose con las competencias del Banco Central Europeo dentro del Mecanismo Único de Supervisión. En otras palabras, Roma estaría entrando en un terreno que, por diseño europeo, corresponde al BCE.
Detrás del choque hay un caso concreto que encendió las alarmas en la UE: la frustrada operación de UniCredit sobre Banco BPM. El Gobierno italiano activó los “Golden Powers” para imponer condiciones a la operación y UniCredit terminó retirándose. Bruselas interpreta ese movimiento como un precedente peligroso: si un Estado puede frenar o moldear fusiones bancarias por razones políticas internas, se rompe la lógica de consolidación europea que la propia UE impulsa para ganar tamaño, eficiencia y competitividad global.
La Comisión ha dado a Italia dos meses para responder y corregir la norma. Si la respuesta no convence, el procedimiento puede escalar a un dictamen motivado y, finalmente, al Tribunal de Justicia de la UE. El mensaje es claro: Bruselas quiere poner límites a la expansión de estas herramientas nacionales cuando afectan al corazón del mercado único financiero.
Italia, por su parte, intenta bajar la temperatura sin ceder del todo. El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, ha contestado diciendo que Roma presentará una propuesta regulatoria para “clarificar y superar las objeciones” y que lo hará en un “espíritu constructivo y colaborativo”. Es una respuesta medida, pensada para evitar un choque frontal inmediato, pero no implica renuncia. De hecho, el Gobierno de Giorgia Meloni lleva semanas defendiendo que la seguridad nacional y los intereses estratégicos deben seguir siendo competencia de los Estados miembros.
Esto abre una tensión mayor de fondo. En Europa hay un pulso entre dos visiones: la de Bruselas, que busca integración y consolidación bancaria transfronteriza, y la de algunos gobiernos nacionales, que quieren mantener capacidad de veto político sobre quién controla sus bancos. Italia no es el único país que ha ampliado instrumentos de este tipo, pero sí uno de los que los ha usado con más fuerza recientemente, y por eso se ha convertido en caso testigo.
Para el mercado, la lectura es doble. A corto plazo, esta disputa añade incertidumbre a cualquier operación corporativa en la banca italiana: los compradores potenciales no solo miran balances, también miran el riesgo regulatorio-político. A medio plazo, el caso definirá hasta dónde puede llegar un Estado miembro al invocar “interés nacional” sin romper las reglas comunes del euro.
En síntesis, Bruselas intenta evitar que las “Golden Powers” se conviertan en un freno estructural a la unión bancaria europea, mientras Italia busca conservar margen soberano en un sector que considera estratégico. Dos meses para negociar no son mucho, pero sí suficientes para decidir si esto termina en ajuste legal… o en guerra abierta ante los tribunales europeos.