Venezuela abre un corredor de oro hacia refinerías de EEUU

El corazón del acuerdo es simple y demoledor: Minerven se compromete a suministrar entre 650 y 1.000 kilos de oro doré a Trafigura, que los enviará a refinerías en territorio estadounidense bajo un “arreglo separado” con Washington, según las fuentes citadas por Axios. No se ha hecho público el calendario de entregas ni la duración exacta del contrato, pero el volumen apunta a operaciones de alto impacto en un mercado ya tensionado por las guerras en Oriente Medio y el repunte del oro como refugio, que ha subido alrededor de un 75% interanual y cotiza por encima de los 5.100 dólares la onza.

El detalle de que las barras contengan un 98% de oro sitúa estos lingotes en la franja alta del mercado de doré, un producto normalmente semirrefinado con purezas que suelen oscilar entre el 50% y el 95%. “No hablamos de pequeños cargamentos marginales, sino de oro prácticamente listo para ser convertido en lingotes de inversión y entrar en los circuitos financieros de Nueva York o Londres”, resume un gestor de materias primas consultado por Negocios TV. El mensaje implícito es evidente: el oro venezolano, hasta ahora asociado a sanciones, contrabando y circuitos opacos, vuelve a la vía rápida del sistema financiero occidental, aunque sea a través de un carril cuidadosamente controlado por Washington.

De empresa sancionada a proveedor “tolerado”

El giro resulta llamativo si se recuerda que Minerven fue formalmente sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU en 2019, acusada de alimentar con su oro la “red corrupta” del régimen de Nicolás Maduro y de devastar el Arco Minero del Orinoco. En octubre de 2023, tras los Acuerdos de Barbados, Washington concedió una licencia general (GL 43) que levantaba de forma temporal las restricciones sobre el sector aurífero venezolano, junto con alivios parciales al petróleo y el gas.

Ese respiro duró poco. A finales de enero de 2024, y tras la ratificación por el Tribunal Supremo venezolano de la inhabilitación de la opositora María Corina Machado, la Administración Biden revocó la licencia y restableció las sanciones, permitiendo solo un breve periodo hasta el 13 de febrero de 2024 para liquidar operaciones pendientes con Minerven bajo la nueva licencia 43A. Desde entonces, cualquier transacción con la compañía podía ser sancionada otra vez bajo la Orden Ejecutiva 13850.

Este nuevo contrato, por tanto, no implica que las sanciones hayan desaparecido, sino que todo apunta a una licencia específica o exención ad hoc para Trafigura y las refinerías implicadas. “Las licencias se han convertido en el verdadero instrumento de política exterior: permiten castigar y premiar al mismo tiempo”, denunciaba ya en 2024 el Observatorio Venezolano Antibloqueo, un órgano próximo al chavismo, que calificaba este esquema como una forma de “chantaje político”. El diagnóstico encaja con la operación actual: el oro de Minerven vuelve a EEUU, pero exclusivamente por un conducto que diseña y vigila Washington.

Trafigura, el intermediario imprescindible

Que el canal sea Trafigura no es casual. El grupo, con ingresos anuales por encima de los 300.000 millones de dólares, se ha consolidado como uno de los grandes operadores mundiales en materias primas, incluidas las metálicas. En los últimos meses ha reforzado precisamente su apuesta por el negocio del oro y la plata, fichando equipos especializados para construir una mesa dedicada al comercio de doré, un segmento donde la reputación y la capacidad de diligencia debida son determinantes.

Para Washington, delegar en un intermediario de este tamaño tiene varias ventajas. Por un lado, reduce el riesgo de que las refinerías estadounidenses aparezcan vinculadas directamente a una empresa todavía bajo sanciones. Por otro, traslada a Trafigura la responsabilidad de verificar el origen del metal, controlar los socios locales y cumplir estándares ESG en un entorno, el del Arco Minero, señalado desde hace años por organizaciones ambientales como un epicentro de deforestación, contaminación por mercurio y violencia paramilitar.

“El mensaje a los traders es: si quieren tocar oro venezolano, háganlo a través de un intermediario grande, con compliance reforzado y bajo nuestro paraguas jurídico”, explica un abogado de comercio internacional con sede en Miami. El coste para Trafigura es asumir riesgos legales y reputacionales; la recompensa, asegurarse acceso preferente a un flujo de oro de alta ley en plena escalada alcista del precio.

El oro del Arco Minero: riqueza y devastación

Detrás de los lingotes que viajarán a EEUU está el Arco Minero del Orinoco, una franja de casi 112.000 km², tres veces la superficie de Suiza, abierta a la explotación intensiva de oro, hierro, diamantes o bauxita desde 2016. Minerven actúa como comprador y procesador estatal: adquiere oro de pequeños mineros y alianzas “estratégicas”, lo funde en barras y alimenta con ello al Banco Central de Venezuela y a las arcas públicas.

Distintos estudios han descrito el Arco Minero como un espacio sin ley en el que se mezclan Ejército, grupos armados, guerrilla colombiana y bandas criminales. Según estimaciones citadas por Transparencia Venezuela, alrededor de un 30% de los ingresos del oro termina en manos de organizaciones criminales, mientras solo una parte minoritaria fluye hacia el Tesoro o el banco central. Las consecuencias ambientales son igualmente severas: deforestación acelerada, contaminación de ríos con mercurio y expansión de enfermedades como la malaria.

En este contexto, la operación con Trafigura corre el riesgo de normalizar un modelo que muchos expertos consideran insostenible. “Legalizar el oro no significa limpiar su origen”, advierten organizaciones ambientales, que temen que una ventana hacia refinerías estadounidenses sirva para blanquear metal extraído en condiciones de violencia y degradación ambiental. El dilema para Washington es evidente: controlar mejor el flujo del oro o reforzar, por la vía de los incentivos, un ecosistema profundamente cuestionado.

La nueva estrategia de Washington tras la caída de Maduro

El contrato también debe leerse a la luz del giro geopolítico de los últimos meses. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada y ha prometido aumentar la producción de oro un 30% en 2026, después de extraer unas 9,5 toneladas en 2025. El oro, ha dicho, financia el servicio exterior y parte del deporte de élite venezolano.

En paralelo, el Gobierno estadounidense ha anunciado que gestionará directamente las exportaciones de petróleo venezolano y amenaza con aplicar sanciones “al máximo” sobre Caracas como parte de una ofensiva más amplia contra el narcotráfico y las redes criminales vinculadas al antiguo régimen. Burgum, responsable de la poderosa National Energy Dominance Council, ha sido explícito: el capital para reconstruir el sector energético venezolano vendrá del mercado y de las empresas, no del contribuyente estadounidense, pero Washington utilizará su “palanca” regulatoria y diplomática para hacer el clima de negocios favorable a sus compañías.

El oro entra así en una estrategia más amplia: controlar flujos críticos —petróleo, minerales, metales preciosos— mediante licencias, sanciones y acuerdos bilaterales, reduciendo el margen de maniobra de Caracas y desplazando a otros compradores, desde Turquía hasta Emiratos, que durante años han canalizado el oro venezolano.

Oxígeno para Caracas, dependencia reforzada

Para el Gobierno de Rodríguez, el pacto con Trafigura supone oxígeno financiero inmediato en un momento de enorme fragilidad institucional y de transición incierta tras la caída de Maduro. Con un precio de referencia de alrededor de 166.000 dólares por kilo de oro de alta pureza, el contrato puede inyectar fácilmente más de 100 millones de dólares en divisas duras si se ejecuta en la parte alta del rango acordado.

Sin embargo, la letra pequeña es menos favorable. El acceso al mercado estadounidense no se produce por un levantamiento general del régimen sancionador, sino por una llave discrecional en manos de Washington. Cualquier desviación política —desde el ritmo de reformas hasta la gestión de los aparatos de seguridad heredados del chavismo— puede traducirse en la revocación de licencias, como ya ocurrió en 2024. La consecuencia es clara: más dependencia de un solo cliente, más vulnerabilidad ante decisiones unilaterales.

En el plano interno, el reparto de esos ingresos será explosivo. El oro se ha convertido en el salvavidas de numerosas facciones político-militares y de redes de mineros artesanales. Si los beneficios del contrato se concentran en Caracas o en nuevas élites tecnocráticas alineadas con Washington, el riesgo de fracturas en la cadena de control del Arco Minero aumentará, con posibles repuntes de violencia en el sur del país.

Impacto en el mercado del oro y en otras rutas opacas

En el mercado internacional, el volumen de este contrato es relativamente modesto frente a los flujos anuales de doré hacia EEUU desde países como México o Perú, donde embarques de 300 a 500 kilos por envío son frecuentes. Pero el valor simbólico es mayor que el puramente cuantitativo: es la primera vez en años que se reconoce de facto un canal “limpio” para el oro venezolano hacia refinerías estadounidenses, tras una etapa en la que ese metal viajaba, sobre todo, hacia destinos como Turquía, Emiratos Árabes o Uganda a través de redes de contrabando.

Si el experimento funciona, es previsible que otras comercializadoras y refinerías presionen a Washington para ampliar el volumen autorizado o replicar el modelo. Eso podría desplazar parte del oro que hoy sigue moviéndose por rutas opacas fuera del radar occidental, pero también reduciría el incentivo para una reforma profunda del Arco Minero. El contraste con la retórica de sanciones “al máximo” contra Venezuela resulta, como mínimo, llamativo: se endurecen las medidas sobre petróleo y finanzas, pero se abre simultáneamente una vía excepcional para el oro, el activo más líquido y difícil de rastrear del portfolio venezolano.