Zuckerberg pacta $8.000 millones por Cambridge Analytica y esquiva testificar
Mark Zuckerberg ha vuelto a hacerlo: evitar el banquillo en el último minuto. El fundador de Facebook y hoy consejero delegado de Meta Platforms ha cerrado un acuerdo para zanjar una demanda de accionistas que reclamaba hasta 8.000 millones de dólares por los daños derivados del escándalo de Cambridge Analytica y otras violaciones de privacidad. El pacto, alcanzado cuando el juicio apenas entraba en su segundo día en la Corte de Cancillería de Delaware, libra a Zuckerberg y a varios de sus consejeros más influyentes de un interrogatorio bajo juramento sobre años de gestión de datos de miles de millones de usuarios.
El arreglo se produce tras una década de multas, investigaciones y compromisos regulatorios. Entre ellos, la sanción récord de 5.000 millones de dólares impuesta por la Federal Trade Commission (FTC) en 2019 por incumplir un acuerdo previo de 2012 sobre protección de datos. Pese a ello, Meta —antes Facebook— no era la demandada en este caso: el tiro iba dirigido al bolsillo personal de sus máximos responsables.
El juicio prometía ser una radiografía incómoda de la gobernanza interna del gigante de Menlo Park. En el banquillo estaban citados, además de Zuckerberg, figuras como Sheryl Sandberg, el inversor Marc Andreessen, el cofundador de Netflix Reed Hastings o el magnate tecnológico Peter Thiel. Todos ellos quedan ahora, al menos de momento, a salvo de las preguntas más incisivas.
“Este acuerdo puede traer alivio a las partes, pero es una oportunidad perdida para la rendición de cuentas pública”, lamentan expertos del sector. El escándalo de Cambridge Analytica, sin embargo, sigue funcionando como recordatorio de un modelo basado en la explotación masiva de datos personales que, en lo esencial, continúa intacto.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/[CÓDIGO]" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>Un pacto de última hora en Delaware
El acuerdo llegó de forma abrupta. La jueza Kathaleen McCormick, una de las magistradas comerciales más influyentes de Estados Unidos, apenas había abierto la segunda jornada de vista cuando los abogados de los accionistas anunciaron que las partes habían alcanzado un entendimiento. No se han hecho públicos los términos económicos, ni si incluirá cambios en la estructura de control de Meta o en sus protocolos de privacidad.
La demanda se juzgaba en Delaware, el pequeño estado en el que se registran la mayoría de las grandes corporaciones estadounidenses, y donde se dirimen las disputas societarias más sensibles. No se trataba de una reclamación cualquiera: los inversores acusaban a Zuckerberg y a otros diez altos cargos y exdirectivos de haber permitido, durante años, repetidas violaciones de la privacidad de los usuarios, generando un coste multimillonario en multas, acuerdos y defensa legal.
El calendario del juicio estaba diseñado para dos semanas completas de sesiones, con declaración prevista de Zuckerberg el lunes y de Sandberg el miércoles. El pacto de última hora ahorra a los demandados una exposición pública prolongada y, sobre todo, testimonio bajo juramento sobre decisiones estratégicas clave en los años del mayor auge de Facebook.
Los 8.000 millones que buscaban los accionistas
A diferencia de otras causas, este procedimiento no buscaba una indemnización directa para los inversores, sino que se trataba de una acción derivativa: los accionistas reclamaban que los propios directivos y consejeros devolvieran a la compañía parte del daño causado. En concreto, pretendían que once demandados —entre ellos Zuckerberg, Sandberg y Andreessen— respondieran con su patrimonio personal por unos 8.000 millones de dólares en sanciones y costes legales acumulados.
El argumento de los demandantes era contundente: el consejo de administración habría “fracaso de forma completa” en su deber de supervisar el cumplimiento del acuerdo de 2012 con la FTC, que obligaba a Facebook a implantar salvaguardas estrictas sobre el uso de datos personales. Pese a aquel compromiso, la plataforma siguió funcionando, según la acusación, como “una maquinaria de extracción de datos a escala industrial”.
Los demandados calificaban estas pretensiones de “reivindicaciones extremas” y negaban haber actuado con dolo. Desde un punto de vista corporativo, el caso era especialmente sensible porque abría la puerta a una idea incómoda para Silicon Valley: que los grandes ejecutivos tecnológicos no solo respondan con la reputación de sus empresas, sino también con su fortuna personal, cuando las sanciones se vinculan a fallos sistémicos de control.
Un consejo bajo sospecha: Andreessen, Sandberg y compañía
Más allá de la figura de Zuckerberg, la demanda ponía el foco en el papel de un consejo de administración formado por algunos de los nombres más poderosos del ecosistema tecnológico. Marc Andreessen, uno de los inversores de capital riesgo más influyentes del mundo; Sheryl Sandberg, arquitecta de la maquinaria publicitaria de Facebook durante más de una década; Peter Thiel, cofundador de Palantir; y Reed Hastings, cofundador de Netflix, estaban citados a declarar.
Los accionistas les reprochaban haber validado, durante años, una estrategia empresarial que maximizaba la recopilación y monetización de datos personales, pese a los avisos internos y externos sobre los riesgos legales y reputacionales. En la práctica, el consejo habría optado por absorber el coste de eventuales sanciones como un “peaje asumible” de un modelo de negocio extraordinariamente rentable.
El hecho de que la propia Meta no fuera demandada resulta revelador: la tesis de los inversores es que la empresa ya ha pagado, en forma de multas y acuerdos, buena parte de la factura económica. Lo que ahora se buscaba era determinar si existía, además, una responsabilidad fiduciaria de los administradores, con consecuencias personales. El pacto, al cerrarse sin admisión de responsabilidad, deja esa cuestión sin una respuesta judicial clara.
Cambridge Analytica: el escándalo que no se cierra
El origen remoto del caso está en las revelaciones, en 2018, de que Cambridge Analytica, una consultora política ya desaparecida, había accedido a los datos de decenas de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento explícito. Esa información habría sido utilizada para microdirigir publicidad política durante la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos, que terminó con la victoria de Donald Trump.
El escándalo destapó una realidad incómoda: la gran escala de los datos recopilados por Facebook, combinada con un ecosistema de desarrolladores externos, creaba un caldo de cultivo para usos opacos y potencialmente manipuladores. Las investigaciones posteriores evidenciaron que la compañía no solo conocía parte de esos riesgos, sino que había sido lenta y poco transparente a la hora de atajarlos.
La sanción de 5.000 millones de dólares de la FTC en 2019 fue, en su momento, la mayor multa de la historia en materia de privacidad. Aun así, representaba menos de un mes de ingresos de la compañía, lo que para muchos analistas reflejaba una desproporción entre el tamaño del negocio y el coste real de las infracciones. La demanda de accionistas pretendía precisamente corregir esa asimetría.
Privacidad, multas y el coste real para Meta
Desde 2019, Meta afirma haber invertido miles de millones de dólares en reforzar sus equipos de cumplimiento, seguridad y privacidad. La compañía presume de haber multiplicado por cuatro el número de empleados dedicados a estos departamentos y de haber desplegado mecanismos adicionales de control sobre desarrolladores y anunciantes.
Sin embargo, el caso de Delaware reabre una pregunta clave: ¿se trató de una reacción genuina o de un movimiento defensivo para contener el riesgo regulatorio? Los accionistas sostenían que, durante años, el consejo aceptó una lógica de “multas como coste de hacer negocios”. Solo cuando el entorno regulatorio y político se endureció, y cuando las sanciones empezaron a medirse en miles de millones, se activó un giro más estructural.
Si se suman las multas, los acuerdos extrajudiciales y los costes legales asociados a la privacidad y a otras investigaciones (competencia, desinformación, seguridad de menores), varias estimaciones sitúan la factura regulatoria de Meta en más de 10.000 millones de dólares en la última década. Frente a unos beneficios anuales que han llegado a superar los 40.000 millones, la sensación de impunidad estructural sigue planeando sobre el grupo.
La oportunidad perdida de ver a Zuckerberg bajo juramento
Uno de los grandes atractivos del juicio, tanto para los mercados como para la opinión pública, era la posibilidad de ver a Zuckerberg respondiendo bajo juramento y en un formato mucho más exigente que una comparecencia parlamentaria. Sus intervenciones ante el Congreso estadounidense y el Parlamento Europeo han estado siempre muy guionizadas, con márgenes amplios para esquivar preguntas incómodas.
En Delaware, en cambio, el interrogatorio habría sido directo, técnico y centrado en decisiones concretas: quién sabía qué, en qué momento, qué informes internos se recibieron y cómo se valoró el riesgo frente al beneficio. Eso habría permitido, previsiblemente, arrojar luz sobre la cultura interna de Facebook en los años en los que la prioridad absoluta era el crecimiento a cualquier precio.
No es la primera vez que una cita de este tipo se frustra a última hora. En 2017, otra demanda de accionistas por un plan de emisión de acciones especiales que reforzaba su control sobre la compañía se cerró también con un acuerdo antes de que Zuckerberg subiera al estrado. El patrón se repite: cuando el riesgo reputacional y jurídico es máximo, la solución llega con un cheque y sin respuestas completas.
El modelo de vigilancia que sigue intacto
El trasfondo del caso va más allá de una multa o de un acuerdo civil. Lo que está en cuestión es el modelo de “capitalismo de vigilancia” sobre el que se ha construido buena parte de la economía digital de los últimos quince años: recopilar, cruzar y explotar datos de comportamiento de miles de millones de personas para vender publicidad hipersegmentada.
Las revelaciones de Cambridge Analytica mostraron el lado político y socialmente explosivo de ese modelo; la demanda en Delaware pretendía explorar su vertiente de gobernanza corporativa. Si los máximos ejecutivos pueden externalizar a la empresa casi todo el coste de los fallos de supervisión, el incentivo para cambiar de raíz la lógica de negocio sigue siendo débil.
Como resume uno de los críticos del sector, “Facebook ha logrado presentar el escándalo de Cambridge Analytica como el problema de unos pocos actores desviados, y no como la consecuencia lógica de un sistema diseñado para capturar y circular datos sin fricción”. El acuerdo alcanzado esta semana refuerza esa sensación de “ajuste de cuentas inconcluso”.
Qué cambia —y qué no— tras el acuerdo
A falta de conocer los detalles, es probable que el pacto incluya algún tipo de reforma de gobernanza interna, como la creación o el refuerzo de comités de privacidad en el consejo, mejoras en los canales de información hacia los administradores o la contratación de auditores externos adicionales. Este tipo de medidas son habituales en los acuerdos de este calibre y permiten a la compañía exhibir un compromiso renovado con el cumplimiento.
Sin embargo, lo esencial permanece: Zuckerberg conserva un control casi absoluto sobre Meta gracias a la doble clase de acciones que concentra la mayoría de los derechos de voto, el consejo evita una sentencia que pudiera abrir la puerta a futuras reclamaciones similares y el debate de fondo sobre el equilibrio entre negocio publicitario y derechos de los usuarios queda pospuesto.
Para los reguladores y para otros inversores institucionales —también europeos— el mensaje es ambivalente. Por un lado, el caso confirma que la presión judicial puede traducirse en cheques significativos y cambios cosméticos. Por otro, demuestra que, sin reformas legales más profundas, las grandes plataformas pueden seguir comprando tiempo y silencio con acuerdos de última hora. La batalla por someter a escrutinio real el corazón del negocio de los gigantes tecnológicos está, todavía, lejos de haberse ganado.