Bruselas propone suspender concesiones comerciales con Israel y sancionar a ministros ultranacionalistas
La Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas que podría cambiar drásticamente las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. En respuesta al deterioro humanitario en Gaza y al crecimiento de los asentamientos en Cisjordania, la UE propone suspender parte de los beneficios arancelarios, imponer sanciones a ministros considerados extremistas y detener la ayuda bilateral, manteniendo sin embargo el apoyo a la sociedad civil y al memorial del Holocausto.
Bruselas ha dado un paso significativo hacia una política más firme respecto al conflicto entre Israel y Palestina. El 17 de septiembre de 2025, la Comisión Europea presentó una propuesta que va más allá de las declaraciones de condena: propone suspender ciertas disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación UE-Israel, sancionar a ministros israelíes considerados extremistas, a colonos violentos, e incluso revisar la ayuda bilateral, todo ello con la intención declarada de presionar para un cambio de rumbo en la situación humanitaria en Gaza.
El paquete de medidas incluye varios ejes principales. Primero, la suspensión de beneficios arancelarios que permitían a productos israelíes entrar al mercado europeo con preferencias fiscales. Esa suspensión afectaría aproximadamente al 37 % de las exportaciones israelíes a la UE, por un valor cercano a los €6.000 millones. Segundo, sanciones individuales dirigidas a dos miembros clave del gabinete israelí: Itamar Ben-Gvir (Ministro de Seguridad Nacional) y Bezalel Smotrich (Ministro de Finanzas), así como a colonos violentos en Cisjordania. Las sanciones incluirían congelación de activos y prohibiciones de viaje dentro del espacio comunitario.
Además, la Comisión propone suspender fondos bilaterales por valor de decenas de millones de euros, detener cooperación institucional, pero al mismo tiempo señalar que no se verán afectados los proyectos de la sociedad civil israelí ni el centro conmemorativo Yad Vashem. El fundamento legal que se invoca para estas acciones es el artículo 2 del Acuerdo de Asociación, que exige el respeto por los derechos humanos y los principios democráticos. Los comisarios europeos consideran que el gobierno israelí ha violado estos compromisos debido al bombardeo continuado en Gaza, al bloqueo de la ayuda humanitaria y al avance de los asentamientos, especialmente en la zona conocida como E1 en Cisjordania.
Aun así, estas medidas están lejos de consolidarse. Requieren el respaldo de un número significativo de Estados miembros de la UE. En concreto, para algunos de los elementos (como la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación) se requerirá una mayoría cualificada, mientras que para las sanciones individuales se necesitará unanimidad. Hay países que muestran reservas, citan la necesidad de valorar el impacto económico, diplomático, y las posibles repercusiones en términos de seguridad regional.
El contexto de estas propuestas no puede ser ignorado: casi dos años de conflicto, con un marco humanitario cada vez más crítico, cifras de víctimas crecientes en Gaza, acusaciones de bloqueos a la ayuda, y la ampliación de asentamientos que los críticos ven como una amenaza directa a una solución de dos estados viable. Ante ello, la UE pretende enviar un señal clara de que no basta con la retórica, sino que hay consecuencias si no se respetan los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Para Israel, la reacción ha sido rápida y condenatoria. El ministro de Relaciones Exteriores ha rechazado las medidas como injustas, moralmente distorsionadas, y ha advertido que no cederán bajo presión. También se argumenta que algunas sanciones podrían afectar la economía israelí en sectores sensibles, aunque el margen de impacto dependerá de lo que finalmente se decida en el Consejo de la UE.
Con esta propuesta, la Comisión liderada por Ursula von der Leyen marca un punto de inflexión. Hasta ahora, las sanciones o las suspensiones de cooperación se habían discutido, pero en muchos casos quedaban frenadas por la falta de consenso entre los estados miembros o por advertencias diplomáticas. Ahora la presión interna en la UE —desde parlamentos nacionales, organizaciones de derechos humanos, y opinión pública— parece empujar hacia medidas más concretas.
Queda por ver hasta dónde llegarán finalmente estas medidas, cuáles serán sus efectos reales —económicos, sociales, diplomáticos— en Israel, en Palestina, y en la propia UE, así como la reacción de actores externos. Pero sin duda, Europa está enviando una señal de que los principios que la unen tienen peso, y de que en su política exterior puede asumir costes cuando ve lo que considera violaciones de esos principios.
