Dos días de registro y un arresto que sacude a la Corona

Un registro sin precedentes en una residencia real

Las imágenes de furgonetas policiales entrando y saliendo de Royal Lodge al amanecer han roto uno de los tabúes más férreos de la monarquía británica: la idea de que las residencias reales permanecen al margen de los dispositivos judiciales ordinarios. Thames Valley Police ha confirmado que los registros en el inmueble de Windsor continúan “en curso”, sin aportar más detalles sobre el tipo de material que buscan ni el calendario previsto.

Royal Lodge no es una residencia cualquiera. Situada en el corazón de Windsor Great Park, fue durante años el símbolo de la resistencia de Andrew a abandonar el centro del tablero real. El inmueble, arrendado por un plazo de 75 años a la Corona, fue reformado con una inversión comprometida de 7,5 millones de libras, y se convirtió en uno de los símbolos de la comodidad material del entonces duque de York incluso cuando ya estaba apartado de la agenda oficial.

El contraste con el presente resulta demoledor: el mismo inmueble que encarnaba la continuidad de sus privilegios es hoy escenario de un registro prolongado, con agentes accediendo a archivos, dispositivos electrónicos y posibles soportes documentales de su etapa como enviado especial para el comercio internacional. La prolongación del operativo a un segundo día indica, según fuentes jurídicas consultadas en el Reino Unido, un caso de alta complejidad probatoria, alejado del simple gesto simbólico. En la práctica, la policía está diciendo que cree que en Royal Lodge puede haber piezas clave de un puzle que se remonta más de una década atrás.

El origen del caso: de los ‘Epstein files’ a la comisaría

El detonante del caso no ha surgido de la nada. La detención de Andrew se produce tras la publicación, en enero, de nuevos documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la red de Jeffrey Epstein. Entre los papeles aparecen correos electrónicos y referencias a reuniones en las que el entonces enviado comercial británico habría compartido información sensible sobre viajes oficiales, oportunidades de negocio e incluso operaciones financieras de empresas estratégicas británicas.

Sobre esa base documental, el grupo republicano Republic presentó una denuncia en el Reino Unido alegando posible misconduct in public office y una eventual violación de secretos oficiales. La acusación central es que Andrew habría utilizado su condición de representante comercial para beneficiar a un círculo privado de contactos, entre ellos Epstein, pese a que éste ya había sido condenado en 2008 por delitos sexuales.

Lo más grave, a ojos de los investigadores, no es solo la naturaleza del interlocutor, sino el momento: algunos de los correos situarían el intercambio de información en 2010-2011, cuando la relación de Epstein con figuras públicas ya estaba bajo intensa vigilancia mediática. Este hecho revela una perseverancia en la relación difícil de justificar políticamente. Andrew insiste en que no ha cometido ningún delito y recuerda que ya llegó a un acuerdo civil en 2022 con Virginia Giuffre sin admitir responsabilidad. Sin embargo, la consecuencia es clara: la detención traslada el caso del terreno reputacional, donde llevaba años enquistado, al ámbito penal.

Un delito que puede acarrear cadena perpetua

El cargo bajo investigación no es menor. La mala conducta en cargo público es un delito de derecho consuetudinario británico, definido por la jurisprudencia y no por una ley escrita. Según la Fiscalía británica (CPS), implica que un funcionario público, actuando como tal, “abusó gravemente de los poderes o responsabilidades de su cargo sin justificación razonable”. La infracción es tan elástica como polémica, pero tiene una característica clara: su pena máxima es de cadena perpetua.

En la práctica, las condenas tienden a situarse en tramos mucho más bajos y suelen reservar la horquilla más severa para casos que comprometen la seguridad nacional o generan un daño sistémico. El Gobierno ha llegado incluso a impulsar un Public Office (Accountability) Bill para sustituir este viejo tipo penal por dos delitos estatutarios más acotados, con penas máximas de entre 10 y 14 años, precisamente por la inseguridad jurídica que genera.

Los expertos consultados por la prensa británica coinciden en que, aunque en teoría Andrew podría enfrentarse a cadena perpetua, ese escenario resulta altamente improbable. Sería necesario probar una cadena de decisiones conscientes, un beneficio concreto para terceros y una afectación grave al interés público. Pero el solo hecho de que el hermano del rey esté sometido a un tipo penal de este calibre sitúa el caso en una categoría completamente distinta a la de los escándalos anteriores. La defensa, por su parte, puede explotar precisamente esa ambigüedad histórica del delito para intentar tumbarlo o forzar una solución menos drástica por vías alternativas.

La grieta en la imagen de la monarquía británica

Desde el punto de vista institucional, el diagnóstico es inequívoco: la Casa de Windsor afronta la crisis más grave desde la muerte de Diana y, en términos estrictamente judiciales, la más delicada desde el siglo XVII. La detención de Andrew es la primera de un miembro sénior de la familia real desde Carlos I en 1647 y la primera de un hermano del monarca desde la época de Isabel I en 1554.

Esta sacudida llega sobre un terreno ya erosionado. Según los últimos datos del British Social Attitudes, solo un 51 % de los británicos considera “muy” o “bastante importante” mantener la monarquía, frente al 86 % que la respaldaba en 1983. Los partidarios de un jefe de Estado electo rozan ya el 38 %, y quienes apoyan abiertamente la abolición de la institución han pasado del 3 % al 15 %. Entre los jóvenes de 16-34 años, casi seis de cada diez prefieren ya una república.

El propio Andrew llega a este punto después de un largo descenso: apartado de la vida pública desde 2019, despojado de sus honores militares y patronazgos en 2022, y finalmente privado de los títulos de príncipe y duque de York en 2025, por decisión de Carlos III. Ahora, el hecho de verle detenido y entrando en una comisaría aproxima la monarquía al terreno de los mortales, pero también alimenta la percepción de una institución repetidamente dañada por el comportamiento de uno de sus miembros más controvertidos.

Impacto económico: del ‘soft power’ turístico a la prima de riesgo reputacional

Más allá del morbo mediático, el caso tiene derivadas económicas nada menores. La monarquía se ha defendido durante años como un activo de “soft power” que impulsa la marca país y genera ingresos por turismo y proyección internacional. Distintos estudios situaban ese impacto en torno a 1.800 millones de libras anuales, frente a un coste estimado para el contribuyente que algunos cálculos elevan hasta 510 millones de libras al año.

Cuando el debate se desplace del terreno moral al contable, la ecuación se volverá más áspera. Si una parte relevante de ese atractivo turístico —por ejemplo, un 5-10 %— estuviera ligado a la imagen de estabilidad, glamour y “excepción británica” de la Corona, una degradación pronunciada de la reputación podría traducirse en pérdidas de entre 90 y 180 millones de libras anuales solo en turismo vinculado a la institución, sin contar efectos en inversiones o patrocinios. No se trata de un cálculo cerrado, sino de un escenario plausible que ya manejan agencias de reputación y consultoras de riesgo político.

El impacto es especialmente sensible en Londres y Escocia, donde el turismo internacional incorpora de forma intensa la visita a palacios, castillos y ceremonias reales. El contraste con otras monarquías europeas —como las de los Países Bajos o los países nórdicos, que han gestionado con mayor rapidez y transparencia sus propios escándalos— resulta en este momento incómodo para Buckingham. Si el caso Andrew se prolonga durante meses sin una resolución clara, la “prima de riesgo reputacional” de la Corona británica puede dejar de ser una metáfora periodística para convertirse en una variable que los inversores y los operadores turísticos tendrán en cuenta de forma explícita.

Qué buscan los agentes en Royal Lodge

Mientras tanto, la pregunta operativa sigue siendo qué persiguen exactamente los agentes en Royal Lodge. La policía ha confirmado que los registros se centran en propiedades de Berkshire y Norfolk relacionadas con Andrew, y que el operativo en Norfolk —en la casa de Wood Farm, donde fue arrestado a las 8.00 horas del día 19— ya ha concluido. En cambio, el dispositivo en Windsor continúa, lo que sugiere la existencia de archivos físicos de largo recorrido relacionados con su etapa como enviado comercial y con sus redes de contactos.

El hecho de que Royal Lodge fuera su residencia principal hasta su traslado a Sandringham en 2025, después de perder sus estilos y honores restantes, refuerza la hipótesis de que allí se conservan agendas, correspondencia y material acumulado durante años, quizá fuera de los circuitos habituales de archivo institucional.

Sin embargo, los límites son claros. Cualquier hallazgo deberá pasar por el filtro de la Crown Prosecution Service (CPS), que aplica un doble test: suficiencia de pruebas y interés público. Incluso en un clima de presión política y mediática, no es evidente que la fiscalía quiera inaugurar el precedente de un juicio penal completo contra el hermano del rey si la evidencia no es demoledora. El foco, por ahora, está en reconstruir el mapa de contactos, flujos de información y posibles beneficios extraídos del cargo.

La batalla política y el ascenso del republicanismo

El caso llega en un momento en que el republicanismo organizado ha dejado de ser un actor marginal. Republic, la organización que ha impulsado la denuncia, ya manejaba encuestas que situaban la preferencia por la monarquía por debajo del 50 %, con un 32 % de británicos inclinándose por un jefe de Estado electo según un sondeo de Savanta de 2024.

Las nuevas revelaciones ofrecen a estos movimientos una narrativa muy sencilla: una institución costosa, hereditaria y cada vez menos respaldada socialmente, cuya imagen global queda atrapada en un escándalo que mezcla privilegios, secretos oficiales y una red de abusos sexuales. Los partidos mayoritarios han evitado convertir el caso en arma de desgaste directo contra el Gobierno o contra el Palacio, pero el debate se está desplazando lentamente hacia cuestiones estructurales: qué controles reales existen sobre el uso de información sensible por parte de miembros de la familia real y qué mecanismos permiten retirarles funciones, prerrogativas y accesos cuando incurren en conductas dudosas.

El contraste con otras democracias parlamentarias —incluida España— es inevitable: mientras allí se discute sobre la definición constitucional del papel de la Corona, en el Reino Unido se ha llegado al punto de ver a un miembro central de la familia real sentado en una sala de interrogatorios. La pregunta ya no es solo si la monarquía es útil o decorativa, sino si el sistema dispone de suficientes cortafuegos para impedir que la cercanía al trono se convierta en un atajo hacia negocios opacos o gestiones paralelas.