Antonio Tejero Molina, el exteniente coronel que personificó el asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981, ha fallecido en Madrid a los 93 años de edad. Su muerte, ocurrida en una coincidencia cronológica casi literaria, se produce apenas días después de que el Gobierno procediera a la desclasificación parcial de los documentos secretos que narran la intrahistoria de la intentona golpista. Desaparece así el último gran protagonista de una asonada que pretendió dinamitar la Transición, dejando tras de sí un legado de hermetismo y una investigación judicial que ahora, tras décadas de silencio oficial, amenaza con reescribir los pasajes más oscuros de aquellas 18 horas de incertidumbre que pusieron en jaque a la Corona y al futuro económico de España.
La figura de Antonio Tejero Molina ha sido, durante más de cuatro décadas, el recordatorio físico de la fragilidad del sistema democrático español. Su irrupción en el hemiciclo al mando de 200 guardias civiles, pistola en mano y al grito de «¡Quieto todo el mundo!», se convirtió en la imagen icónica de una España que se resistía a abandonar el pasado autárquico. Este hecho revela una fractura que, aunque superada institucionalmente, ha marcado la cultura política del país. El diagnóstico es inequívoco: Tejero no fue solo un militar rebelde, sino el síntoma de un estamento que no comprendía el nuevo orden europeo al que España aspiraba a integrarse.
Lo más grave de su trayectoria no fue solo el acto de rebelión en sí, sino el apoyo latente que encontró en ciertos sectores de la administración y el ejército de la época. El contraste con la respuesta civil y el posterior alineamiento de la mayoría de las capitanías generales con el Rey Juan Carlos I resultó demoledor para las ambiciones del golpismo. Sin embargo, el fallecimiento de Tejero a los 93 años cierra un ciclo biológico, pero abre una fase de revisión histórica necesaria para entender las raíces de la ineficiencia de los servicios de inteligencia de 1981, que fueron incapaces de detectar una conspiración que se fraguaba en despachos y cuarteles a plena luz del día.
Los papeles del 23-F
Resulta una ironía del destino que la muerte de Tejero coincida con la apertura de los archivos del 23-F. La desclasificación de estos documentos promete aportar una luz fría sobre las zonas de sombra que el exteniente coronel nunca quiso aclarar en sus escasas apariciones públicas. Este hecho revela que la historia oficial, a menudo construida sobre el consenso de la Transición, podría enfrentarse a matices que cuestionen la profundidad de la trama. La consecuencia es clara: el fin del secreto oficial permite analizar ahora la vulnerabilidad institucional de un Estado que estuvo a punto de colapsar por la acción de un grupo reducido de mandos intermedios.
Los analistas de investigación apuntan a que estos papeles desclasificados podrían confirmar teorías sobre la coordinación —o falta de ella— entre Tejero, Milans del Bosch y Alfonso Armada. El diagnóstico es que el hermetismo que rodeó al caso durante 45 años respondió más a una necesidad de estabilidad política que a la ausencia de pruebas. La muerte del protagonista elimina la posibilidad de un testimonio final, pero la documentación superviviente actuará como el juez póstumo de una operación que, según algunos borradores, contaba con ramificaciones que la justicia de 1981 prefirió no explorar para no comprometer la viabilidad de la joven democracia.
La muerte de Tejero es el certificado de defunción de una época, pero la desclasificación de los papeles del golpe es la apertura de un juicio histórico que no necesita de su presencia física. La lección de 2026 es que la transparencia es el único antídoto contra el golpismo y que el estudio riguroso de las causas de aquel 23 de febrero es indispensable para blindar el futuro. España despide a un reo de la justicia que se convirtió en el rostro del fracaso autoritario, mientras los archivos desclasificados empiezan a susurrar los nombres que la historia, hasta hoy, había preferido callar.
