Guerra abierta en la frontera: Pakistán bombardea Kabul mientras los Talibán lanzan una ofensiva 'decisiva' tras 25 años de tensiones

De los bombardeos a la amenaza de “acción decisiva”

Las palabras de Mujahid no llegan en el vacío. Son la culminación de una cadena de acontecimientos que ha transformado unas tensiones crónicas en un conflicto armado abierto entre el Afganistán gobernado por los talibanes y Pakistán.

El 22 y el 26 de febrero, la Fuerza Aérea paquistaní lanzó múltiples ataques aéreos en el este de Afganistán, en las provincias de Nangarhar y Paktika, según Kabul, con al menos 18 civiles muertos, incluidos mujeres y niños, de acuerdo con las autoridades afganas. Pakistán sostiene que se trató de “operaciones selectivas” contra campamentos del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y del Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (ISKP), y asegura haber abatido hasta 80 militantes.

Kabul calificó los bombardeos de “violación flagrante de la soberanía” y prometió una respuesta “apropiada”. Esa respuesta llegó la noche del jueves: el Ministerio de Defensa afgano afirmó haber destruido 19 puestos militares paquistaníes a lo largo de la Línea Durand, matado a 55 soldados y capturado varios más, cifras que Islamabad desmiente de plano.

En ese contexto, la declaración de Mujahid –“si Pakistán continúa esta guerra, tomaremos una acción decisiva”– no es solo retórica. Encaja con un discurso que el propio portavoz lleva construyendo meses, en el que Afganistán se presenta como víctima de “exigencias irrazonables” de Pakistán y como actor dispuesto a la guerra si la negociación fracasa.

Ataques cruzados y cifras imposibles de verificar

La guerra de cifras ilustra hasta qué punto el conflicto ha entrado en una fase de propaganda agresiva.

Tras el ataque afgano del jueves, Pakistán respondió con una operación bautizada “Ghazab lil-Haqq” (“Ira por la verdad”), bombardeando objetivos en Kabul, Kandahar y Paktia. El Gobierno paquistaní asegura haber matado 133 combatientes talibanes y herido a más de 200, con daños concentrados en bases de brigada y centros de mando.

Kabul ofrece una narrativa opuesta: habla de ocho combatientes propios muertos, el derribo de drones paquistaníes y decenas de bajas en filas paquistaníes, además de la toma de entre 15 y 19 puestos militares en el frente fronterizo.

Más allá de las cifras, hay algo menos discutible:

• un campo de refugiados cerca del paso de Torkham fue alcanzado, con al menos 13 civiles heridos,

• distintos puntos de la frontera han sido evacuados en ambos países,

• y Naciones Unidas ha pedido con urgencia “máxima contención” y respeto del derecho internacional humanitario.

Este hecho revela cómo un conflicto que durante años se libraba en la periferia –en provincias remotas y zonas tribales– se ha trasladado a capitales, grandes ciudades y campos de refugiados, multiplicando el riesgo humanitario y político.

Una frontera de 2.600 kilómetros y un conflicto enquistado

El escenario de esta escalada es la Línea Durand, una frontera de unos 2.600 kilómetros heredada del colonialismo británico que Afganistán nunca ha reconocido plenamente y que analistas describen como “una de las más peligrosas del mundo”.

El trazado corta en dos las tierras históricas pastunes y ha sido, durante décadas, un corredor de contrabando, movimientos insurgentes y economías informales. Desde la caída de Kabul en 2021, Pakistán ha levantado una valla y cientos de fortificaciones, ha cerrado pasos fronterizos y ha utilizado el control del tránsito como palanca política frente al Emirato Islámico.

Para los talibanes, la frontera es tanto un problema de seguridad como un arma política interna. La defensa de la “soberanía” frente a Pakistán, país al que parte de la población afgana percibe como tutor incómodo desde los años 90, se ha convertido en un pilar de legitimidad nacionalista para un régimen cuestionado por su deriva interna.

Pakistán, por su parte, acusa desde hace años a Kabul de permitir que grupos como el TTP utilicen territorio afgano para planear ataques, y ha vinculado abiertamente sus bombardeos a oleadas recientes de atentados suicidas en Islamabad, Bajaur o Bannu.

El resultado es un conflicto que mezcla viejas disputas territoriales, redes militantes desbordadas y un equilibrio de poder que ha cambiado radicalmente desde que los talibanes volvieron al poder.

El factor TTP y la acusación de “exportar terrorismo”

Detrás de la escalada inmediata late un elemento estructural: la presencia en Afganistán de militantes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y de otros grupos armados.

Islamabad sostiene que el auge de atentados en su noroeste desde 2022 responde a la reorganización del TTP en suelo afgano, con la tolerancia –cuando no el apoyo– de las autoridades talibanes. Kabul lo niega y replica que el TTP es un problema interno paquistaní que Islamabad no ha sabido resolver, insistiendo en que no permite que su territorio se use para atacar a países vecinos.

En los últimos meses, la retórica de ambas capitales se ha endurecido. El ministro de Defensa paquistaní ha descrito Afganistán como un país “hostil” que exporta terrorismo y ha llegado a hablar de “guerra abierta”, mientras Mujahid advertía desde Kabul de que Afganistán “está preparado para la guerra” si Pakistán sigue imponiendo “condiciones inaceptables” en la mesa de negociación.

La consecuencia es clara: la frontera ya no es solo un frente contra grupos no estatales, sino el escenario de un choque directo entre dos Estados, uno de ellos nuclear, con dinámicas propias y con incentivos internos para no aparecer como el actor “débil” ante su opinión pública.

Refugiados, comercio y una economía que sangra por la frontera

El conflicto no es solo militar. Tiene un impacto directo en refugiados, comercio y economías locales.

Desde 2023, Pakistán ha acelerado la expulsión de afganos en situación irregular. Solo en 2025, alrededor de 500.000 personas habrían regresado forzosamente a Afganistán, muchas tras décadas en Pakistán. Cada cierre de los pasos de Torkham y Chaman deja atrapados a miles de estas familias, así como a comerciantes y transportistas.

En el plano económico, la factura es abultada. El comercio bilateral entre ambos países rondó los 2.000 millones de dólares en el ejercicio 2024-25, con un crecimiento del 25% respecto al año anterior, antes de que la oleada de cierres fronterizos volviera a frenarlo. Cuando Torkham estuvo cerrado casi un mes, se estimaron pérdidas de 72 millones de dólares en ingresos comerciales y hasta 500.000 dólares diarios para los comerciantes afganos.

Además, Pakistán exporta a Afganistán productos clave como cereales, medicamentos, cemento o combustibles, por un valor de unos 1.500 millones de dólares en 2024, según datos de comercio exterior. Cada cierre prolongado no solo asfixia a una economía afgana ya al borde del colapso, sino que también golpea a industrias paquistaníes que dependen de ese mercado.

El diagnóstico es inequívoco: convertir la frontera en un frente militar permanente es económicamente suicida para dos países con escaso margen fiscal y enormes necesidades sociales.

El riesgo nuclear en el patio trasero de India

Aunque Afganistán no posee armas nucleares, el conflicto se desarrolla en el vecindario de Pakistán, que mantiene un arsenal estimado en unas 170 cabezas nucleares y que no ha adoptado una doctrina de “no primer uso”.

Pakistán concibe su fuerza nuclear como un elemento de “disuasión de espectro completo”, diseñado en primer lugar frente a India pero con implicaciones para cualquier conflicto convencional prolongado en sus fronteras. Una guerra abierta con Afganistán no está, hoy por hoy, en el escenario nuclear; pero cualquier desestabilización severa del Estado paquistaní preocupa a las grandes potencias precisamente por ese factor.

La región ya vive otra crisis paralela entre India y Pakistán, con alrededor de 170-180 cabezas nucleares por lado y episodios recientes de ataques cruzados en Cachemira. Que Islamabad abra un segundo frente, aunque de intensidad desigual, añade volatilidad a un entorno en el que los mecanismos de gestión de crisis se han deteriorado y la influencia mediadora de Washington es menor que hace una década.

En este contexto, las amenazas de “acción decisiva” o “respuesta aplastante” pueden ser útiles para consumo interno, pero alimentan la percepción de una región al borde del descontrol, algo que los mercados financieros y los socios internacionales miran con inquietud creciente.

La retórica de Mujahid y el cálculo de Kabul

La figura de Zabihullah Mujahid se ha convertido en termómetro de la estrategia talibán. Durante años, fue la voz invisible de la insurgencia; hoy, como portavoz oficial del Emirato Islámico y viceministro de Información, marca la línea política pública del régimen.

En 2025, Mujahid alternaba mensajes de “hermandad, no hostilidad” hacia Pakistán con advertencias de que Afganistán no aceptaría “acusaciones ni uso de la fuerza” y estaba listo para defenderse si “estallaba la guerra”. Hoy, su frase de que “nuestra mano puede llegar a sus cuellos” revela un giro hacia una retórica abiertamente intimidatoria, diseñada tanto para consumo interno –mostrar firmeza nacionalista– como para enviar un mensaje al estamento militar paquistaní.

El problema para Kabul es que la credibilidad de esa retórica se pone a prueba sobre el terreno. Si los talibanes prometen una “acción decisiva” y luego no pueden sostenerla militarmente, su narrativa de fuerza se resiente. Si, por el contrario, intentan demostrarla con ofensivas más ambiciosas, corren el riesgo de provocar una respuesta paquistaní de intensidad muy superior, con consecuencias devastadoras para un país sin defensa aérea moderna, sin aliados formales y con una economía colapsada.

Mediación, alto el fuego o prolongación de la guerra de desgaste

La comunidad internacional se ha movido rápido. Naciones Unidas, Turquía, Qatar, Irán, Rusia y Arabia Saudí han ofrecido, en mayor o menor medida, apoyo a una mediación urgente para frenar la espiral de ataques.

Los escenarios que se abren son tres. El primero, el más racional, pasaría por un alto el fuego supervisado, con garantías sobre el TTP y otros grupos armados y algún mecanismo de verificación que permita a Islamabad vender internamente que “se ha hecho algo” frente al terrorismo transfronterizo. La experiencia de la tregua de 2025, mediada por Qatar y Turquía, muestra que no es imposible, pero también que cualquier compromiso es frágil.

El segundo escenario es el de una guerra de desgaste: ataques periódicos de artillería y aire, golpes puntuales sobre puestos militares y bombardeos “quirúrgicos” que en la práctica afectan a civiles y comercio. Es, de hecho, la situación hacia la que el conflicto parece deslizarse, con riesgo de normalizar un estado de hostilidad crónica.

El tercero, de baja probabilidad pero alto impacto, sería un colapso dramático de la contención, con ataques a gran escala que obliguen a implicarse a terceros actores –desde China, interesada en proteger el corredor del CPEC, hasta India, que observa con preocupación cualquier inestabilidad en el flanco occidental de Pakistán–.

Por ahora, el mensaje desde Kabul es que “la acción decisiva” sigue siendo condicional. Pero el hecho de que Pakistán hable ya abiertamente de “guerra abierta”, que se hayan bombardeado capitales y que la población huya de los campos fronterizos indica que el conflicto ha cruzado un umbral peligroso. Cada nuevo ataque, cada nueva amenaza, hace más difícil encontrar la salida diplomática y más costoso, en vidas y en economía, mantenerla cerrada.