Hacker de twitter obligado a devolver £4,1 millones en Bitcoin por acceder a las cuentas de Obama y Bezos

Del hackeo masivo a la condena en Estados Unidos

El verano de 2020 dejó una de las mayores brechas de seguridad de la historia de las redes sociales. Un grupo de atacantes, entre los que se encontraba O'Connor, logró acceder a herramientas internas de Twitter y tomó el control de más de un centenar de cuentas verificadas. Entre las víctimas figuraban líderes políticos, grandes empresarios tecnológicos y celebridades con millones de seguidores.

Una vez dentro, los atacantes difundieron mensajes que prometían duplicar cantidades las enviadas en Bitcoin a una misma dirección, aprovechando el enorme alcance y la confianza que generaban estos perfiles oficiales. La mecánica era la clásica estafa de “envíame cripto y te devolveré el doble”, pero amplificada por el altavoz global de esas cuentas. El resultado: miles de usuarios engañados y un daño reputacional severo para la plataforma.

O'Connor, conocido en internet con el alias “PlugwalkJoe”, fue detenido en España y posteriormente extraditado a Estados Unidos. En 2023 se declaró culpable de varios delitos, entre ellos intrusión informática, extorsión y acoso, y fue condenado a cinco años de prisión por un tribunal federal. La sentencia reconoció no solo el hackeo a Twitter, sino también otros episodios de ciberacoso y extorsión a menores, lo que dibujaba un perfil delictivo amplio y persistente.

La factura millonaria en Bitcoin y la respuesta del Reino Unido

El capítulo judicial no se cerró con la condena penal. Este mes, el Servicio de Fiscalía de la Corona británica ha obtenido una orden de recuperación por la que O'Connor deberá devolver 42 Bitcoin y otros activos digitales hasta alcanzar los 4,1 millones de libras. No se trata de una nueva condena, sino de un mecanismo civil diseñado para impedir que los delincuentes se queden con los beneficios de sus delitos, aunque hayan sido juzgados en otro país.

El mensaje es claro: el hecho de que el dinero esté en criptomonedas y de que el condenado ya haya sido sentenciado en otra jurisdicción no impide que los estados coordinen la recuperación de fondos. La cooperación entre Estados Unidos, Reino Unido y España en este caso evidencia hasta qué punto el ciberdelito y el fraude criptográfico se han convertido en prioridades compartidas para los sistemas judiciales.

Criptomonedas, rastro digital y confianza en la economía online

Paradójicamente, uno de los elementos que hizo atractivas las criptomonedas para los delincuentes —su aparente anonimato— se ha vuelto en su contra. Con el tiempo, las herramientas de análisis on-chain y la colaboración entre exchanges, reguladores y cuerpos de seguridad han ido estrechando el cerco. El caso O'Connor lo ilustra con nitidez: años después del ataque, las autoridades siguen el rastro de los fondos y logran convertir una parte significativa de esos criptoactivos en compensación económica.

Para las grandes plataformas tecnológicas, el episodio fue un toque de atención. El ataque no se produjo explotando un fallo técnico clásico, sino abusando del acceso a herramientas internas y de la ingeniería social. Eso obligó a revisar políticas de permisos, controles internos y protocolos de respuesta ante incidentes. La lección es que la seguridad ya no puede centrarse solo en el perímetro tecnológico: también pasa por la gestión del factor humano.

Para los usuarios e inversores, el caso vuelve a poner sobre la mesa un recordatorio básico: si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Que un mensaje provenga de una cuenta verificada, incluso de una figura mundialmente conocida, no convierte automáticamente en legítima una oferta de inversión. La confianza en la economía digital descansa, cada vez más, en la capacidad de combinar educación financiera, prudencia y sistemas de verificación robustos.

Un precedente en la lucha contra el ciberdelito global

El recorrido judicial de Joseph James O'Connor —detención en España, condena en Estados Unidos y orden de recuperación en Reino Unido— refleja cómo la justicia se está adaptando a un entorno en el que las fronteras físicas importan menos que las digitales. Las operaciones delictivas se organizan en foros y canales distribuidos, se ejecutan en plataformas globales y se monetizan vía criptoactivos; la respuesta, cada vez más, también es global.

Con la devolución de esos 4,1 millones de libras en Bitcoin y otras criptomonedas, las autoridades envían una señal directa al ecosistema cripto ya los ciberdelincuentes: el tiempo juega en contra de quien intenta esconderse tras direcciones anónimas y avatares. El dinero puede ser digital, pero la responsabilidad, tarde o temprano, termina siendo muy real.