MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles las condiciones planteadas por el PP para ampliar la cobertura y flexibilizar el acceso al fondo de 7.000 millones de euros para ayudas directas para pymes y autónomos, transferidos a las comunidades autónomas.
Concretamente, los ‘populares’ proponían ampliar el plazo de concesión y los conceptos susceptibles de ser cubiertos hasta 2022, incluir a empresas viables que cerraran en 2019 con pérdidas, empresas con deudas con la Seguridad Social y Hacienda, así como entidades cuyos gestores hubieran cubierto pagos con patrimonio personal.
Estos cambios, recogidos en una proposición no de ley, han sido rechazados con el voto del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, la CUP, Más País-Equo, el PRC y Teruel Existe. El PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria han votado a favor, mientras que el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Junts y el BNG se han abstenido.
LA OPOSICIÓN EXIGE AL GOBIERNO NEGOCIAR CAMBIOS
Durante el debate de la iniciativa este martes en el Pleno de la Cámara Baja, varias formaciones, como el PNV o el PDeCAT, compartieron la necesidad de impulsar cambios en los criterios de acceso al fondo, reclamando al PSOE y al Gobierno su negociación.
Sin embargo, la concreción de medidas impuesta por el PP en su iniciativa ha sido la razón esgrimida para resistirse a apoyar su proposición. Eso sí, han criticado la falta de diálogo ni consenso, al menos con las comunidades, por parte del Gobierno para decretar las ayudas, ni siquiera las sucesivas modificaciones de las mismas.
«EL PROBLEMA SON LOS REQUISITOS Y LAS CONDICIONES»
«Esto no es serio», despachó Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, señalando que en el País Vasco ya había una estructura preparada para otorgar ayudas, pero que «el problema son los requisitos y las condiciones, que las empresas no pueden cumplir». De 35.000 potenciales beneficiarios, en esta comunidad apenas han recibido 4.100 solicitudes, ha dicho.
En su defensa de la iniciativa, el ‘popular’ Miguel Ángel Castellón se preguntó si un decreto que debe ser «aclarado», hasta en tres ocasiones, puede ser responsabilidad de las comunidades, e invitó al Gobierno a reconocer un «rotundo fracaso» en estas ayudas.
«Era una auténtica chapuza», criticó Sergio Sayas (UPN), mientras que María Muñoz, de Cs, señaló que ya en el debate de convalidación el Gobierno fue advertido por la oposición de que las condiciones imposibilitarían la recepción de fondos a muchas pymes y autónomos necesitadas.